Fuego, falta de reciprocidad y genocidio: El debate por restricciones al ingreso de ciudadanos israelíes a Chile

Por Antonia Rivera Passi, Periodista

La discusión sobre la necesidad de revisar los requisitos de ingreso de ciudadanos israelíes a Chile ha vuelto a instalarse en la agenda pública.

Aunque actualmente ingresan al país sin visa como turistas, una sucesión de antecedentes —incidentes ambientales, restricciones de ingreso a chilenos en territorios bajo control israelí y la presencia de militares denunciados por crímenes internacionales— ha reactivado el debate sobre eventuales medidas administrativas, fundadas en criterios de reciprocidad, prevención y cumplimiento del derecho internacional.

Incendios y negligencia en la Patagonia

Entre los antecedentes que explican esta discusión figura un historial de conductas irresponsables atribuidas a turistas con pasaporte israelí en áreas silvestres protegidas, particularmente en la Patagonia chilena.

Entre 2011 y 2026 se han registrado al menos 7 incidentes asociados al uso no autorizado de fuentes de calor —como fogatas, cocinillas o cigarrillos— por parte de ciudadanos israelíes en parques nacionales, hechos que derivaron en expulsiones, procesos judiciales y sanciones administrativas.

Si bien no todos estos episodios terminaron en incendios, han sido considerados por autoridades y organizaciones socioambientales como situaciones de alto riesgo para ecosistemas frágiles.

El caso más grave ocurrió en diciembre de 2011 en el Parque Nacional Torres del Paine. Ese año, el ciudadano israelí Rotem Singer quemó papel higiénico en la zona del Valle del Francés, lo que terminó en un incendio que quemó más de 17 mil hectáreas del parque. El hecho es considerado uno de los desastres ambientales más severos registrados en la historia de esa área protegida.

La causa judicial concluyó con un acuerdo reparatorio, mediante el cual Singer pagó 10 mil dólares a la Corporación Nacional Forestal (Conaf) y se comprometió a realizar trabajos de reforestación, lo que le permitió abandonar el país sin una condena penal efectiva.

Este antecedente es citado con frecuencia por organizaciones socioambientales como evidencia de debilidades estructurales en los mecanismos de prevención, fiscalización y sanción frente a conductas negligentes en zonas de alto valor ecológico.

Falta de reciprocidad

A este escenario se suma la ausencia de reciprocidad en las condiciones de ingreso entre Chile e Israel. Mientras los ciudadanos israelíes pueden entrar a Chile sin visa y permanecer hasta 90 días como turistas, los chilenos deben solicitar a Israel una Autorización Electrónica de Viaje (ETA-IL) para ingresar a Israel o a Territorios Palestinos, entregando antecedentes personales y de viaje, sin que exista certeza respecto de su admisión final.

Diversos testimonios dan cuenta de interrogatorios prolongados, rechazos arbitrarios y restricciones de movilidad, una práctica reiterada que afecta de manera particular a chilenos y chilenas de ascendencia palestina.

El caso más reciente documentado es el de Macarena Chahuán, ciudadana chilena a quien las autoridades israelíes negaron el ingreso a Palestina en julio de 2025, pese a contar con su documentación en regla. Chahuán relató que fue sometida a horas de interrogatorio y finalmente obligada a regresar, sin recibir una explicación formal sobre los motivos de la negativa. “Fue un trato arbitrario y humillante”, dijo a CIP.

Para abogados especializados en migración, este tipo de situaciones evidencia una relación desigual, en la que ciudadanos chilenos enfrentan controles discrecionales y restricciones de movilidad que no tienen un trato equivalente para personas con pasaporte israelí que ingresan a Chile.

“Desde la perspectiva del derecho internacional, los Estados tienen amplias facultades, con base en su soberanía, para regular el ingreso de extranjeros, siempre que dichas medidas respeten el marco de los derechos humanos”, explica Danny Rayman Labrin, abogado y consultor internacional, especialista en derecho internacional de los derechos humanos.

En este contexto, agrega, “la exigencia de visa a personas nacionales de Israel por parte de Chile puede justificarse por el principio de reciprocidad, en el sentido de que las personas de nacionalidad chilena requieren visa para ingresar a Israel y por el deber del Estado de ejercer prevención y diligencia frente a riesgos relevantes para la seguridad interior, el orden público y el medio ambiente”.

Genocidio

El debate alcanzó un nivel aún más sensible tras conocerse la presencia en Chile de militares israelíes denunciados por su participación en el genocidio en Gaza.

En 2024, el caso del soldado Saar Hirshoren, integrante del Batallón 749 de Ingeniería de Combate del Ejército de Israel, generó controversia luego de que se confirmara su estadía en la Región de Aysén mientras existía una denuncia penal en su contra por crímenes de guerra y genocidio.

Una vez que la agrupación Abogados por Palestina tuvo conocimiento de la presencia del soldado en territorio nacional, presentó una denuncia ante el Ministerio Público, con el objetivo de que se investigara su eventual responsabilidad penal y se evaluara la adopción de medidas cautelares, en aplicación del principio de jurisdicción universal y de los compromisos asumidos por Chile al suscribir el Estatuto de Roma.

Sin embargo, Hirshoren abandonó el país sin enfrentar restricciones migratorias ni judiciales, lo que —según los denunciantes— dejó en evidencia un vacío legal y operativo en el sistema chileno para el control migratorio de personas acusadas de crímenes internacionales.

“Hoy no existen filtros reales que permitan evaluar si una persona que ingresa como turista ha participado en crímenes internacionales”, señala Nelson Hadad Abuhadba, abogado e integrante de Abogados por Palestina. “Chile tiene obligaciones jurídicas claras, pero carece de protocolos eficaces para cumplirlas”, puntualiza.

Ante este escenario, la organización presentó una solicitud formal ante el Servicio Nacional de Migraciones para implementar un protocolo de control migratorio preventivo, que incluya la declaración obligatoria de antecedentes de servicio militar en fuerzas de ocupación, rango y participación en operaciones, siguiendo experiencias aplicadas en otros países.

“La Ley de Migración establece causales explícitas de prohibición de ingreso vinculadas a delitos graves y crímenes internacionales”, explica Hadad. “El problema no es normativo, sino político: esas herramientas existen, pero no se están usando”, afirma.

Para la organización, Chile no puede transformarse en un espacio de tránsito o descanso para personas involucradas en genocidio, mientras ciudadanos chilenos enfrentan restricciones arbitrarias y el país asume costos ambientales y jurídicos derivados de la falta de controles efectivos.

“La coherencia con el derecho internacional no es opcional”, concluye Hadad. “Es una obligación del Estado”.

Antonia Rivera Passi