Fundación Libera presenta querella contra empresas y contratistas agrícolas por trata de personas migrantes para trabajos forzados

La Fundación Libera presentó una querella contra contratistas agrícolas y campos de Coquimbo y Purranque por trata de personas migrantes para realizar trabajos forzados

La querella fue presentada ante la fiscalía local de Curicó, y declarada admisible el pasado 22 de diciembre, e involucra a distintas empresas agrícolas como Valles del Sur, propietaria del fundo en Coquimbo y perteneciente al holding San José Farms, o Agrícola Los Robles, dueña del fundo donde trabajaron las víctimas en Purranque.

Asimismo, apunta especialmente a una red de cerca de 20 empresas contratistas, todas ligadas al mismo empresario, Francisco Mendoza. Desde Libera argumentan que el uso de una red de empresas subcontratistas es una de las formas que se utilizaron para ocultar los hechos ilícitos, consignó El Desconcierto.

Cabe destacar que este es el primer caso que busca perseguir la responsabilidad no solo de los contratistas sino de las empresas dueñas de los campos, que por exportar al exterior están sujetos a requisitos de prevención de trabajo forzado.

Para las abogadas de la fundación, que trabajan contra la trata de personas,la industria agrícola siempre ha sido un sector de alerta por abusar de mano de obra agrícola migrante y más en estos momentos donde está recrudecida la crisis migratoria en el país.

A pesar de las constantes denuncias, las abogadas lamentan la poca celeridad de la justicia chilena para perseguir el delito de trata de persona, debido a que la denuncia fue presentada en enero de 2020, no obstante, la fiscal Marcela Rocha presentó una solicitud de sobreseimiento de la causa.

Caso 2016-2017

El caso presentado en la justicia se enfoca en ciudadanos haitianos y venezolanos, quienes fueron víctimas de este delito entre 2016 y 207. En total, se conoce que fueron 26 personas, entre venezolanos y haitianos, víctimas de trata.

Según detalla la fundación, varios ciudadanos de estas nacionalidades fueron reclutadas con el apoyo de la Gobernación provincial de Curicó, para trabajar en el sector agrícola. A estas personas se les prometió un buen sueldo y buenas condiciones laborales.

Entre las ofertas presentada a los venezolanos, por ejemplo, era cosechar arándanos en diferentes regiones a partir de septiembre. Ganarían $600 mil en promedio y hasta $1 millón. Alojarían en cabañas, les darían alimentación y a mediados del año siguiente se convertirían en una cooperativa, lo que permitiría contratar a más inmigrantes en el mediano plazo, cita una investigación de CIPER.

No obstante, al llegar al lugar de trabajo fueron víctimas de hacinamiento, horas extra no reconocidas y pobres condiciones sanitarias.

Por esta razón, la querella identifica a la gobernadora de ese momento, Macarena Pons, y a otros funcionarios de la gobernación, como facilitadores del delito. 

Además se apunta a la red de empresas contratistas que operaban en regímenes de subcontratación pero que estaban todas ligadas a Francisco Mendoza Berríos, como parte de maniobras para ocultar los orígenes ilícitos de las ganancias obtenidas con el trabajo forzado, por lo que se les atribuye el delito de lavado de activos, cita Radio U. Chile.

Aunque las empresas agrícolas buscan apartarse de los cargos, la fundación asegura que los empleados estaban al tanto de las condiciones.

 “Los empleados de los campos estaban al tanto de las condiciones de vida y trabajo de los trabajadores víctima y participaron directamente en acciones de ocultamiento (…) Los campos contrataron a las empresas de los querellados a pesar de que no se encontraban en el Registro Especial de Intermediadores Agrícolas, lo que las dejaba fuera del radar de la Inspección del Trabajo”, refiere la querella, publicada por Radio U. Chile.

Poca capacitación de los jueces

Para Carolina Rudnick, la poca capacitación entre jueces y fiscales sobre el tema de trata de personas ha sido fundamental para que estos casos no sean tratados en la justicia.

La Fiscalía argumenta que esta situación no puede tratarse como un caso de trata de persona, debido a que los trabajadores siempre tuvieron la opción de renunciar.

“En el Ministerio Público buscan a víctimas ideales para considerar la trata. Personas indefensas, amorosas, no personas que alegan y reclaman sus derechos porque los conocen, como fue el caso de los ciudadanos venezolanos que estuvieron involucrados en el caso. Pero la ley no te exige eso. Es una interpretación prejuiciosa”, explica Rudnick, cita Radio U. Chile.

También señala que la reticencia a estas causas se debe a que deben realizarse un fuerte trabajo de investigación, y el nivel de sanción que ha tenido el delito en Chile ha sido dispar porque los tribunales tampoco están preparados y muchas causas difíciles que llegan a juicio terminan siendo absueltas, como sucedió con el ‘caso frafra’, donde las víctimas lograron volver a Paraguay. En ambos países se investigó y en Paraguay se le condenó pero en Chile no”, ejemplifica.

 Reforma la ley de responsabilidad penal

Carolina asegura que para poder tratar este delito, es necesario que se reforme la Ley de Responsabilidad Penal de personas jurídicas, con el fin de agregar más delitos, debido a que el delito de trata de personas no está especificado.

Mientras esperan que el caso avance en la justicia, desde Libera aseguran que las personas acusadas podrían seguir operando como contratistas con otros nombres.

El caso en cuestión ya no es una excepción para la fundación, donde han realizado un barrido de prensa encontrando más de 50 situaciones que serían casos de trabajo forzado, refiere Radio U. Chile.