Hijas de exiliado tras torturas en dictadura ganan juicio: Estado condenado a pagar $400 millones

El Decimonoveno Juzgado Civil de Santiago ordenó al fisco indemnizar con un total de $400.000.000, por daño moral, a las hijas de Ricardo Robinson Allup Rojas, quien fue detenido el 20 de noviembre de 1973 y trasladado por distintos centros de detención y tortura —entre ellos el Cuartel General de Investigaciones, el Estadio Nacional y los campamentos de prisioneros de Chacabuco, Melinka, Cuatro Álamos y Tres Álamos—, viéndose finalmente obligado a salir al exilio.

Ricardo Allup es reconocido por el Estado de Chile como víctima directa de violaciones a los derechos humanos (DDHH), condición que consta en la “Nómina de Personas Reconocidas como Víctimas”, incluida en el anexo del “Listado de prisioneros políticos y torturados” elaborado por la Comisión sobre Prisión Política y Tortura en el año 2004.

En la sentencia, la jueza Jacqueline Benquis Monares aceptó la demanda al reconocer que las querellantes, hijas de Allup, son víctimas indirectas o por repercusión, argumentando que, aunque la responsabilidad se fundamenta en normas nacionales, existen tratados internacionales sobre derechos humanos que, por mandato constitucional, se integran al marco legal chileno e impiden que el Estado evada su responsabilidad.

En consecuencia, el Estado de Chile debe “reparar el daño causado a las víctimas de violaciones a los derechos humanos por tratarse dicha reparación de un derecho fundamental que por su naturaleza, la acción que pretende su resarcimiento, es imprescriptible”, sostiene el fallo.

Además, la resolución menciona que la Convención Interamericana de Derechos Humanos establece que ninguna persona debe ser sometida a torturas ni a tratos crueles e inhumanos. Y aunque la indemnización implica una compensación económica, esta responde a una índole humanitaria orientada a la protección de los DDHH. 

El fallo aclara que: “si bien las demandantes doña Jessica Yesenia Allup Guitard y doña Vicky Carol Isenia Allup Guitard, directamente no figuran dentro de las listas de víctimas de detención ilegal y torturas por parte de agentes del Estado de Chile, ello no significa que carezcan de legitimidad activa para interponer la presente demanda”.

También se señala que las demandantes, cuyo parentesco con Allup fue acreditado mediante certificados de nacimiento, han alegado daño moral y las repercusiones sufridas tras la detención, prisión y torturas que padeció su padre.

“Que siendo admisible el daño reflejo o por repercusión con quien tuvo una relación fehaciente de dependencia patrimonial y afectiva con don Ricardo Robinson Allup Rojas, según su grado de parentesco de grado cercano más inmediato, se considerarán legitimados activos para accionar sus hijas, doña Jessica Yesenia Allup Guitard y doña Vicky Carol Isenia Allup Guitard”, indica el fallo.

Finalmente, la resolución indicó que el Estado de Chile debe pagar la suma de 200 millones de pesos tanto a Jessica Allup como a Vicky Allup, con los reajustes e intereses establecidos en el fallo.

Memorias familiares

En el fallo, Jessica Allup declaró que su vida estuvo marcada por la ausencia y la historia de persecución de su padre, Ricardo, militante político condenado al exilio. Relató que los constantes desplazamientos a distintos países le impidieron desarrollar vínculos estables o un sentido de pertenencia.

“El inicio de mis días estuvo marcado siempre por un hecho del que no fui testigo, de gritos que no escuché, de palizas que no recibí y amenazas que no me llegaron, pero este hecho me persiguió como una sombra a mis pies, durante toda mi existencia”, declaró Jessica.

Durante su infancia vivió en varios países junto a su familia, sintiendo que huían de algo que nunca se le explicaba con claridad. Sus únicas amigas fueron sus hermanas menores. A comienzos de los años 90 regresaron a Chile, donde enfrentaron la pobreza, la inestabilidad y el constante acoso policial.

“A los días de haber llegado nos asaltaron 2 adversidades: la miseria por una parte, pues mi padre carecía de trabajo y sus papeles habían quedado manchados -como él decía-, costándole muchísimo ser contratado. A raíz de lo anterior nuestra situación económica fue bastante dura”, agregó.

Jessica recuerda el miedo permanente de su padre, la violencia de los allanamientos y el contraste entre su difícil niñez y la libertad que observaba en otros niños. A pesar del dolor, no culpa a sus padres, reconociendo su esfuerzo por protegerla y darle lo mejor dentro de sus posibilidades.

“Nuestro hogar era frecuentemente visitado por Carabineros, a cualquier hora, los que con violencia preguntaban por mi padre e irrumpían en nuestro comedor sin pedir permiso. Recuerdo su tono autoritario, la dureza con la que se conducían y la indolencia con que respondían a nuestras súplicas”, añadió.

Jessica Allup señaló que a pesar de los intentos de su padre por protegerla, el miedo vivido en su infancia le repercute hasta la actualidad. “Hoy quiero que se declare que no fue justo lo que viví, he vivido y vivo hoy, que ese miedo no era mi destino, sino que fue un inmerecido castigo, que merezco vivir con libertad y que se me repare”, indicó.

Por otro lado, Vicky Allup declaró haber nacido en el extranjero, en un contexto marcado por el silencio y el constante movimiento de país en país. Desde su infancia, identificó el miedo y la tensión en su entorno familiar. Señaló que su padre, Ricardo, sufría drásticos cambios de humor y frecuentes pesadillas, mientras que su madre vivía en permanente estado de alerta.

“Y es que mi papá me generaba mucha curiosidad desde niña, pues se mostraba como una figura enigmática, algo distante, que se sumía en períodos de prolongado silencio y que en algunas ocasiones experimentaba drásticos cambios de humor”, declaró Vicky.

A inicios de los años 90, la familia se trasladó a Chile. Sin embargo, lejos de encontrar estabilidad, se enfrentaron a la inseguridad, el encierro y una profunda desilusión. Vicky relató haber crecido con miedo a hacer ruido, sintiéndose perseguida por una amenaza que nunca era verbalizada.

Hoy, como adulta, identifica ese silencio como miedo heredado del trauma familiar. Las fechas entre septiembre y diciembre siguen marcadas por tristeza, y su anhelo es alcanzar justicia por lo vivido: por lo que el Estado hizo a su padre y por la infancia que le fue arrebatada.

“Quiero una justicia que me libere de este aprisionamiento en el que he vivido a causa de lo que los agentes del Estado hicieron a mi padre, aquellos martirios a los que lo sometieron y me privaron para siempre de una familia feliz, dejándome solo desolación y desasosiego”, concluyó.

Este fallo no solo reconoce el daño personal y familiar que sufrieron las hijas de Ricardo Allup, sino que también sitúa estos hechos en un marco mucho más amplio: el de los crímenes de lesa humanidad. Tal como establece el Estatuto de Núremberg de 1945 y lo ha ratificado la comunidad internacional, estos delitos son inaceptables para la humanidad y exigen una respuesta legal y judicial especial.