Incendios forestales: Tragedia que el Estado sigue tratando como emergencia y no como factor estructural de la política pública

Por Sara Larraín, directora de Chile Sustentable

Cada verano en Chile se repite el mismo libreto: incendios forestales fuera de control, poblados amenazados o arrasados, ecosistemas devastados y un Estado que vuelve a reaccionar con énfasis en la emergencia y no en la prevención.

No se trata de una fatalidad ni de un fenómeno imprevisible. Es la consecuencia del incremento sostenido de las temperaturas —el calentamiento global ya sobrepasó los 1,5 °C—, y de un escenario en el que los incendios forestales se han convertido en el mayor impacto del cambio climático en Chile y en el mundo.

Son hoy más devastadores que inundaciones y aluviones, y obligan a revisar las políticas públicas sobre riesgos, seguridad, ordenamiento territorial, desarrollo forestal basado en especies altamente combustibles, e incluso el enfoque y las inversiones públicas y privadas en prevención y combate de incendios forestales.

Chile ya no tiene el mismo clima ni la misma configuración hidrológica, vegetacional y urbana de hace 30 años. El aumento sostenido de las temperaturas, la megasequía y las olas de calor han configurado un nuevo escenario de riesgo, ampliamente documentado por la ciencia.

A ello se suma la falta de planificación y la caótica expansión urbana, que ha generado superficies inabordables de interfaz urbano-rural donde se originan los incendios forestales. Sin embargo, seguimos operando con una institucionalidad, una planificación urbana y territorial y un modelo agroforestal diseñados para una realidad que ya no existe.

El fuego es hoy el principal riesgo socioambiental en la zona centro-sur del país. Está asociado al espacio de interfaz urbano-rural, a la ausencia de prevención, regulación, educación y sanciones, y alcanza magnitudes catastróficas cuando se produce en territorios forestados con especies exóticas altamente combustibles, como el pino y el eucalipto.

Ya los megaincendios del verano de 2016-2017 evidenciaron esta nueva realidad, pero 10 años después aún no existe una política de Estado coherente, preventiva y vinculante que aborde este riesgo de manera estructural. Las respuestas siguen concentrándose en el combate del incendio —incluyendo anuncios reiterados sobre operación nocturna o refuerzos aéreos— cuando la evidencia es clara: frente a megaincendios, la capacidad de extinción es limitada. La clave está en evitar que el fuego se inicie y en reducir su propagación.

Esto exige acción territorial concreta. Miles de personas viven hoy en zonas de alto riesgo de incendios forestales, como ocurrió con el pueblo de Santa Olga hace una década, con Lirquén y con muchos otros territorios actualmente amenazados.

La expansión de monocultivos forestales altamente inflamables, la ausencia de planes de manejo efectivos, la falta de franjas de protección en la interfaz urbano-forestal y la inexistencia de una planificación que priorice la seguridad de comunidades y ecosistemas en territorios con alto riesgo de incendios forestales, configuran un escenario de desastre anunciado.

A pesar de este diagnóstico compartido, las transformaciones estructurales del desarrollo urbano y del sector forestal siguen siendo un tema incómodo.

Persisten los monocultivos extensivos de pino y eucalipto por kilómetros, sin diversificación del paisaje, sin cortafuegos ni áreas de exclusión que protejan a los poblados, sin separación de paños, sin estanques de agua y sin helipuertos.

Se sigue privilegiando el ataque y la restauración post-incendio por sobre la prevención, cuando la ciencia señala exactamente lo contrario: prevenir es más efectivo, menos costoso y socialmente más justo.

Las pocas leyes en la materia presentadas en años recientes, como el Proyecto de Ley de Prevención de Incendios Forestales y Rurales, presentado por el gobierno en septiembre de 2023, avanzaron rápidamente en la Cámara de Diputadas y Diputados y en la Comisión de Agricultura del Senado.

Pero, al llegar a la Comisión de Hacienda del Senado, quedaron estancadas. ¿La razón? La presión de sectores productivos que argumentan que algunas medidas afectarían el desarrollo de actividades económicas en propiedad privada.

Este bloqueo legislativo es grave e irresponsable. No se puede seguir subordinando la seguridad de las personas, la protección de los ecosistemas y la adaptación al cambio climático a intereses económicos de corto plazo. Prevenir incendios no es una traba al desarrollo: es una condición básica para la seguridad de las personas y para la sostenibilidad económica y ambiental del país.

Chile necesita con urgencia una política de Estado en materia de incendios forestales, articulada con el Plan de Adaptación al Cambio Climático, con enfoque en prevención, ordenamiento territorial, planificación y participación regional y local.

El aumento de la temperatura y las demás condiciones climáticas que trae el calentamiento global incrementan exponencialmente el riesgo estructural de incendios forestales. Tenemos el conocimiento y la experiencia, y debemos abordar las causas profundas del problema.

Si el próximo gobierno quiere ser coherente con el concepto de «emergencia» que la oficina del presidente electo ha estado utilizando, debe comenzar a trabajar hoy en un Plan Estructural Territorial, patrocinar con decisión y urgencia el proyecto de ley de prevención de incendios forestales y asumir que la seguridad climática y territorial también es parte central de la seguridad del país.

Sara Larraín