A través de una declaración pública, la Asociación de Juristas por la Democracia (AJD), expresó su «profunda preocupación» ante las recientes revelaciones relacionadas con el proceso judicial que se sigue contra el exalcalde de Recoleta, Daniel Jadue (PC).
«En efecto, las declaraciones del imputado, José Matías Muñoz Becerra, exsecretario ejecutivo de Achifarp, quien en entrevista con Radio Biobío reveló haber sido presionado por la fiscal Giovanna Herrera para entregar un testimonio falso con el fin de incriminar al exalcalde de Recoleta, Daniel Jadue, constituyen hechos de extrema gravedad», plantearon desde la AJD.
«Según su relato, tras más de 100 días en prisión preventiva, la fiscal le habría ofrecido la libertad a cambio de declarar que Jadue había participado en una reunión en la que se habría acordado un acto de corrupción, reunión que según afirma Muñoz, nunca se realizó», agregaron en la declaración.
Lo anterior, para la Asociación de Juristas por la Democracia, es una coacción que «contamina profundamente la integridad de las pruebas reunidas en el proceso y compromete la legitimidad de toda la persecución penal en curso».
«No se trata solo de una violación de garantías individuales. Se trata de un proceso fabricado, con motivación política», advirtieron las y los juristas.
En esa línea, llamaron la atención sobre el evidente conflicto de interés que tiene la fiscal Giovanna Herrera, «al mantener un vínculo familiar directo con Javier Vega Sepúlveda, fundador y representante legal de la cadena de farmacias Fracción, competidora directa de Achifarp». Por esto, pidieron la apertura de una investigación independiente sobre la actuación de la fiscal.
«La democracia también se defiende en los tribunales. Cuando el sistema de justicia se convierte en un instrumento de persecución política, corresponde a las organizaciones de la sociedad civil, a los juristas y a las instituciones democráticas alzar la voz con firmeza», señalaron.
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El Ciudadano