Defensa del parlamentario UDI apelará a la Corte Suprema

Justicia acoge solicitud de desafuero del diputado Ignacio Urrutia por dichos contra víctimas de la Dictadura

La Corte de Apelaciones de Valparaíso acogió, por 8 votos a favor y 6 en contra, la solicitud de desafuero del diputado Ignacio Urrutia (UDI), presentada por la Coordinadora de Ex Presos Políticos, luego que el parlamentario calificara como “terroristas” a quienes fueron detenidos y torturados por motivaciones políticas, durante la dictadura cívico-militar (1973-1990)

La Corte de Apelaciones de Valparaíso acogió, por 8 votos a favor y 6 en contra, la solicitud de desafuero del diputado Ignacio Urrutia (UDI), presentada por la Coordinadora de Ex Presos Políticos, luego que el parlamentario calificara como “terroristas” a quienes fueron detenidos y torturados por motivaciones políticas, durante la dictadura cívico-militar (1973-1990).

Ante la noticia, la defensa de Urrutia, a cargo del abogado Juan Carlos Manríquez, anunció que apelará a la Corte Suprema, bajo el argumento que la votación de mayoría desobedece los fallos recientes del máximo tribunal y que “extralimita las reglas expresas de la Constitución”.

Así, mientras dure este proceso ante el máximo tribunal, el cuestionado legislador podrá seguir ejerciendo sus funciones, a la espera de un fallo definitivo sobre su situación.

Sobre los dichos de Urrutia, en su momento, el abogado de la Asociación de ex Presos Políticos, Roberto Ávila, explicó que “las expresiones injuriosas del diputado Urrutia son muy graves y no pueden quedar sin sanción. Por una parte, ha hecho una verdadera apología de los crímenes de la dictadura, y por otra ha injuriado a las víctimas calificándolas como terroristas”.

A juicio del profesional, la gravedad de lo expuesto por Urrutia radica igualmente en que lo hace en la sede del Parlamento, “donde se dictan leyes, y lo que él hace es una apología de la violación de las leyes”.

Junto con ello señala que el diputado UDI realiza un “uso abusivo del fuero parlamentario, que establece la inviolabilidad por las expresiones de los parlamentarios en el hemiciclo y está establecido para proteger y defender a los representantes de la ciudadanía”. En ese sentido, Ávila repara en que éste “no es un instrumento que se pueda poner al servicio de la impunidad, para ofender a los ciudadanos”.

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