“Indebido proceso en Wallmapu”: Karina Riquelme y los patrones de persecución penal contra el pueblo mapuche

Esta semana en una nueva Entrevista Ciudadana, Javier Pineda conversó con la destacada abogada y defensora de derechos humanos, Karina Riquelme, una de las autoras del libro colectivo “[In] Debido Proceso. Persecución Penal en Wallmapu”, volumen que fue coordinado por el historiador Martín Correa y cuenta además con aportes de los abogados Sebastián Saavedra y Pablo Ortega.

En la instancia, abordaron los casos que contiene el texto, su trayectoria en la tramitación de causas vinculadas a la prisión política mapuche y los avances más recientes en el caso de Julia Chuñil, en el que hace poco fueron formalizados tres de sus hijos.

Respecto al proceso de realización del libro, Riquelme explicó que los abogados involucrados se han desempeñado en litigación jurídica desde 2017, años en los que han observado conductas cuestionables que mantienen el proceso judicial y los miembros del proceso, como el Ministerio Público, Gendarmería y las policías. 

“Estas constantes repeticiones de vulneraciones al debido proceso no son mostradas y decidimos archivarlas y mostrarlas en virtud de los antecedentes que conocemos por ser directamente parte de los procesos”, señaló la abogada. 

Explicó que en el texto se encuentran distintos procesos desde 2010 que se llevaron a cabo con invocaciones de leyes especiales, con el fin de mostrar el comportamiento que tienen los tribunales y el Ministerio Público. 

“No es una opinión respecto de aquello, sino archivos judiciales, sentencias, testimonios, para que usted mismo se pueda formar la opinión de por qué nosotros afirmamos que en el sur hay un indebido proceso respecto de personas perseguidas y criminalizadas, personas que son miembros del pueblo mapuche, perseguidas en algunos casos y en otros abandonadas cuando son víctimas”, agregó. 

La abogada señaló que en 2010 se invocó la Ley Antiterrorista contra numerosos mapuche, lo que derivó en un alto número de personas encarceladas y motivó a una agrupación de abogados a evaluar la posibilidad de asumir la defensa de estas causas.

“Fuimos observando y detectando un patrón: la utilización de testigos con identidad reservada, la utilización de esta ley especial para obtener privilegios procesales, como el secreto de las carpetas de investigación, y también algo importante que se vincula mucho con lo que sucede hoy día mediáticamente, que es cómo se filtraban las carpetas de investigación a la prensa respecto de ciertas acusaciones, mientras nosotros no teníamos acceso a esas carpetas”, indicó al respecto.

El libro recorre distintos casos en los que, según los autores, se repite un patrón de criminalización del pueblo mapuche mediante el uso de leyes especiales, prisiones preventivas extensas y pruebas débiles o falseadas. Se abordan episodios como Lof Muko y Turbus, donde graves imputaciones por terrorismo terminaron desestimadas o reducidas a delitos menores, pese a que los acusados pasaron largos periodos privados de libertad y enfrentaron condenas mediáticas. 

También se revisa el caso Norín Catrimán, que derivó en una condena internacional contra el Estado de Chile por aplicación discriminatoria del derecho, así como situaciones más recientes que afectan a nuevas generaciones de dirigentes mapuche. A ello se suman la persecución por discursos políticos, como en el caso de Héctor Llaitul, y montajes policiales como la Operación Huracán, cuya sentencia acreditó la falsificación de pruebas, todo presentado como evidencia de una vulneración sistemática del debido proceso que los autores califican como prisión política.

Por último, abordaron el reciente caso de Julia Chuñil, quien lleva más de un año desaparecida. Riquelme señaló que desde enero de 2025 han denunciado una persecución policial, además de una indefinición en la calidad procesal de la familia, y que recién en diciembre de ese mismo año la fiscalía reconoció su condición de imputados.

“Hoy existen acusaciones con un estándar probatorio bajísimo: testigos con identidad reservada y un coimputado sin abogado. El Tribunal de Garantía decretó arresto domiciliario para dos hijos y descartó parricidio, robo con intimidación y violencia intrafamiliar. Esto fue confirmado por la Corte de Apelaciones de Valdivia”, declaró Riquelme. 

Respecto a la denuncia realizada en contra de la fiscal regional, Tatiana Esquivel, la abogada señaló que ha sido denunciada por apremios ilegítimos, por lo que se solicitó un cambio de fiscal por objetividad que finalmente fue rechazado. Para Riquelme esto afecta la transparencia y la confianza institucional.

Finalmente, la abogada anunció que solicitarán nuevas audiencias, levantamiento de testigos protegidos y peritajes con el fin de solicitar prontamente la libertad de Javier Troncoso. 

A continuación revisa la entrevista completa a Karina Riquelme: