La humanidad según Punta Peuco

Por Verónica Aravena Vega

Hay algo profundamente indecente en la manera en que la derecha chilena ha redescubierto, de repente, la palabra humanidad. No indecente en un sentido vulgar —la política chilena ya está suficientemente acostumbrada a la vulgaridad— sino indecente en un sentido más preciso: ese momento en que alguien pronuncia una palabra moral muy elevada mientras todos sabemos perfectamente que la escena que la rodea no tiene nada de moral, ni de elevada, ni siquiera de honesta.

Humanidad.

La palabra empezó a circular con entusiasmo en el Senado hace unas semanas, envuelta en un proyecto que suena técnico, administrativo, casi aburrido: cumplimiento alternativo de penas privativas de libertad. Ese tipo de título que uno espera encontrar en un manual de derecho penal comparado y no en un campo de batalla político. Pero basta mirar un poco más de cerca para entender que el proyecto no aparece en un vacío académico ni responde a una reflexión general sobre el sistema penitenciario chileno. Aparece en un país que lleva cincuenta años discutiendo cómo enfrentar jurídicamente el legado de una dictadura que practicó la tortura de manera sistemática, que desapareció personas, que convirtió el cuerpo humano en una zona experimental para la violencia estatal y justo cuando el país vuelve a deslizarse desde un gobierno progresista hacia una ultraderecha con olor a conservadurismo rancio, a un inquietante pinochetismo 2.0.

Y aparece, sobre todo, en un momento en que los responsables de esa maquinaria represiva se han vuelto viejos.

La derecha chilena quiere que creamos que esta coincidencia es un accidente legislativo. Que todo esto es simplemente una discusión humanitaria sobre el envejecimiento de la población carcelaria. Que la historia no tiene nada que ver. Pero en política las coincidencias suelen ser la forma elegante de la estrategia. Y también la forma más perezosa de fingir que nadie entiende lo que está pasando.

El proyecto presentado por los senadores Francisco Chahuán, Luz Ebensperger, Luciano Cruz-Coke, Carlos Kuschel y Alejandro Kusanovic permite que personas condenadas puedan cumplir sus penas fuera de la cárcel si superan cierta edad —setenta años en el caso de los hombres, sesenta y cinco en el caso de las mujeres— o si padecen enfermedades graves o discapacidades severas. En términos abstractos, no hay nada particularmente escandaloso en esa idea. De hecho, muchas legislaciones contemporáneas contemplan mecanismos de flexibilización penal para personas extremadamente ancianas o con patologías terminales.

Incluso desde una perspectiva antipunitivista —y conviene decirlo claramente: yo no creo en el punitivismo como política pública— resulta bastante evidente que las cárceles modernas son instituciones brutalmente ineficientes para gestionar la fragilidad del cuerpo humano. No creo en el castigo como espectáculo moral ni en la cárcel como solución mágica a los conflictos sociales. Pero tampoco creo en la amnesia selectiva.

Michel Foucault lo explicó hace décadas: la prisión no nació para administrar justicia, sino para producir sujetos obedientes. Lo que hoy llamamos sistema penitenciario sigue funcionando bajo esa lógica: castigo que se naturaliza, sufrimiento burocratizado, cuerpos envejeciendo mientras el Estado administra el tiempo como una forma más de humillación.

El problema es que esta discusión, en Chile, no ocurre en un laboratorio teórico.

Ocurre en un país donde existe una cárcel llamada Punta Peuco.

Y Punta Peuco no es una cárcel cualquiera. Es ese extraño artefacto penitenciario donde la vejez parece más digna, las camas más cómodas y el concepto de castigo bastante más amable que en el resto del sistema carcelario chileno. Allí cumplen condena muchos de los hombres que dirigieron o ejecutaron la maquinaria represiva de la dictadura de Augusto Pinochet: agentes de la DINA, de la CNI, militares condenados por secuestros, torturas, desapariciones forzadas.

Muchos de ellos superan hoy los setenta u ochenta años. Exactamente la población que este proyecto convertiría en candidata natural a cumplir su condena en casa.

De pronto la palabra humanidad aparece con una puntualidad que resulta, como mínimo, interesante. Una puntualidad quirúrgica, casi milagrosa, justo cuando los responsables de los peores crímenes del Estado empiezan a necesitar bastones, medicamentos y abogados particularmente creativos.

Mi abuelo fue torturado en Colonia Dignidad. Sus verdugos ya murieron, pero sus gritos no. Cada golpe que recibió sigue rebotando en nuestra memoria, cada noche interminable de silencio militar sigue estremeciendo el recuerdo colectivo. No fue solo dolor físico: fue humillación total, el cuerpo convertido en herramienta de terror, la mente quebrada, la dignidad deshecha. Cada vez que escucho hablar de “humanidad” aplicada a estos hombres envejecidos, siento un golpe seco en la garganta. ¿Humanidad para ellos? ¡Puta indecencia!

¿Dónde estaba esa humanidad cuando su cuerpo sangraba? ¿Dónde cuando intentaban borrar su historia, su memoria, su existencia? ¿Dónde, cuando yo apenas podía escuchar, años después, las historias que todavía me desgarran? Eso no es justicia, eso no es compasión, eso es un insulto vivo, que se burla de todo el horror que intentan borrar.

Porque si algo caracteriza la política penal de la derecha chilena en las últimas décadas es precisamente la ausencia de humanidad cuando se trata de delincuencia común. Durante años han defendido penas más duras, menos beneficios penitenciarios, más cárceles, más castigo. La compasión nunca fue un concepto central en su discurso sobre seguridad pública. Al contrario: el delito fue presentado siempre como una amenaza que debía ser enfrentada con dureza ejemplar, con tolerancia cero, con discursos inflamados sobre orden, disciplina y autoridad.

Hasta ahora. Hasta que los condenados resultaron ser militares de la dictadura.

Entonces la humanidad reaparece en escena, convenientemente redescubierta, como si siempre hubiera estado ahí.

En medio de esta discusión también apareció la reacción de José Antonio Kast, quien calificó las críticas al proyecto como una muestra de “odio” y defendió la necesidad de tratar con dignidad a los presos ancianos. La escena es interesante porque revela algo bastante característico de la derecha contemporánea: su capacidad para apropiarse del lenguaje moral de sus adversarios cuando le resulta políticamente útil. De pronto quienes durante años denunciaron el “garantismo” del sistema penal descubren las virtudes de la compasión jurídica. No es una contradicción ideológica. Es una estrategia política bastante más antigua: la de convertir la justicia en un campo de batalla selectivo.

Porque esa es, en el fondo, la verdadera pregunta que este proyecto intenta rodear sin formular nunca de manera directa.

No se trata simplemente de discutir qué hacer con los presos ancianos. Esa discusión existe en muchos países y merece darse con seriedad. Se trata de algo mucho más incómodo: qué hacemos con los crímenes de Estado cuando sus responsables envejecen.

Las dictaduras siempre confían en el tiempo. Confían en que la biología haga el trabajo que la justicia tarda en hacer. Confían en que los años desgasten la memoria pública, que las víctimas mueran, que las generaciones nuevas se cansen de escuchar historias que no vivieron. La vejez de los perpetradores es, muchas veces, la última estrategia de impunidad.

Y entonces aparece la política para convertir esa estrategia en ley.

Por eso la discusión no puede reducirse a un sentimentalismo tardío sobre la fragilidad del cuerpo humano. Nadie ignora que la cárcel chilena es brutal, indigna, inhumana. Nadie ignora que el sistema penal castiga con especial violencia a los pobres mientras reserva excepciones discretas para los poderosos. Pero justamente por eso resulta obsceno que la compasión institucional aparezca con tanta precisión cuando se trata de hombres que participaron en secuestros, torturas y desapariciones.

La humanidad no puede ser un beneficio penitenciario selectivo.

Si algo nos enseñaron las transiciones democráticas en América Latina es que la justicia para los crímenes de Estado nunca es cómoda. Nunca es rápida. Nunca llega sin resistencia. Pero es, precisamente por eso, una de las pocas formas que tienen las democracias de decir que ciertos límites no se negocian.

Y quizás por eso esta discusión provoca tanta incomodidad. Porque nos recuerda algo que muchos preferirían olvidar: que la memoria no es un ejercicio sentimental ni un ritual anual de conmemoraciones. La memoria es, sobre todo, una forma de incomodar al poder cuando intenta reescribir su propia historia.

En Chile, cada cierto tiempo, alguien vuelve a intentarlo. Pero la memoria —por suerte— tiene la desagradable costumbre de volver justo cuando el poder pensaba que ya se había ido. Y cuando lo hace, lo hace con nombres, con historias y con cuerpos que resisten: mi abuelo sigue vivo en la memoria de quienes resistieron. Y entonces me pregunto: ¿quién protege la memoria de los muertos? ¿Quién impide que la humanidad se entregue como privilegio a los verdugos? ¿Qué sentido tiene hablar de compasión selectiva mientras la justicia ignora a los que sufrieron?

Nadie va a dejar que la humanidad se distribuya solo para los verdugos. Y eso, si quieren provocación de verdad, es lo que nadie en Punta Peuco ni en el Senado parece capaz de entender. Nadie sabe para quien trabaja.

Por Verónica Aravena Vega

Psicóloga. Doctora en Estudios de Género y Política, Universidad de Barcelona. Máster en Masculinidades y Género. Máster en Recursos Humanos. Máster en Psicología Social/Organizacional. En Instagram

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