La urgencia de no retroceder

Por María José Escudero

En una señal preocupante, la Comisión Mixta del Congreso estuvo cerca de archivar la reforma a la Ley Antidiscriminación, un proyecto impulsado para corregir las graves limitaciones de la Ley N° 20.609. Lo sucedido no solo representa un retroceso legislativo, sino también un síntoma de una desconexión profunda con las demandas de una sociedad que aspira a vivir sin miedo, exclusión ni violencia por razones de género, edad, discapacidad, nacionalidad, orientación sexual, entre muchas otras razones.

Esta no es una ley para un grupo específico como hemos visto que se ha intentado instalar, es una herramienta de resguardo frente a una realidad transversal que afecta a millones de personas a lo largo de todo Chile.

En términos de equidad de género, el INE (2021) señala que las mujeres en todos los grupos etarios reciben menores ingresos que los hombres, con una brecha aún más marcada en mayores de 65 años: $395.608 en promedio para ellas y $591.087 para ellos, lo que implica una diferencia de 33,1%. Asimismo, de acuerdo con la Subsecretaría de Prevención del Delito (2021), el 89,3% de las personas LGBTIQ+ ha experimentado al menos un episodio de discriminación en su vida.

La Encuesta de Bienestar Social (2021), revela que el 20,5% de las personas con discapacidad que participan en el mercado laboral han vivido maltrato en el último año, y el 32,7% de estas situaciones ocurre en el lugar de trabajo. El Observatorio del Envejecimiento (2021), posiciona a Chile como el país donde más se percibe a las personas mayores como incompetentes, con un 28%, superando a Estados Unidos, Brasil y China.

Estas cifras, que son una pequeña muestra de la problemática, reflejan una urgencia colectiva y nacional que no puede ser ignorada. La ley actual no ofrece herramientas eficaces para sancionar, prevenir ni reparar actos discriminatorios.

Reducir esta discusión a una supuesta “agenda particular” es tan falso como peligroso, porque distorsiona la naturaleza de una ley que busca garantizar igualdad de condiciones para todas las personas, sin importar a qué grupo pertenezcan. Negar la transversalidad de la discriminación es, en los hechos, permitir que siga operando sin consecuencias.

Resulta desconcertante que parlamentarios y parlamentarias que han sido elegidos(as) para legislar en favor del bien común consideren archivar una reforma que ha sido discutida por largos cinco años en el Congreso y ampliamente respaldada por organizaciones de la sociedad civil, organismos internacionales y por los propios datos del Estado. En este contexto, es necesario nombrar con claridad a quienes integran la Comisión Mixta y tienen en sus manos la responsabilidad de decidir si el país avanza o retrocede: Emilia Schneider (FA), Fabiola Campillai (IND), Pedro Araya (IND), Francisco Chahuán (IND), Rojo Edwards (IND), Daniel Melo (PS), Ximena Ossandón (RN), Enrique Van Rysselberghe (UDI), Johannes Kaiser (PNL), y Lorena Pizarro (PC).

Es por ello que hacemos un llamado firme al Congreso Nacional y al Gobierno a reanudar el curso de esta reforma, garantizando un diálogo ágil y efectivo entre todos sus actores. La baja participación de los equipos y asesores de casi la mitad de los y las parlamentarios en las sesiones técnicas con el Ejecutivo, ha limitado la continuidad del trabajo legislativo, retrasando una discusión que no admite más postergaciones y necesita urgentemente consensos que pongan al centro a las personas. Esta ley no busca privilegios. Busca condiciones mínimas de justicia, dignidad y equidad.

Necesitamos una institucionalidad fuerte que eduque, acompañe, prevenga y sancione, cambiar la carga de la prueba y eliminar el castigo a quien denuncia, aumentar las sanciones y sumar medidas reparatorias a las víctimas y, por último, ampliar el mandato del Art. 1º a todos los poderes del Estado para que se creen e implementen leyes que nos permitan vivir libres de discriminación.

Hoy, la señal que necesitamos es clara: en Chile, nadie sobra. La diversidad es parte de lo que somos, y protegerla debe ser una prioridad intransable.

Por María José Escudero

Directora de Incidencia y Desarrollo. Fundación Ronda

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