¿Las damas primero?

Por Natalia Araya Cambiazo

Hay algo profundamente contradictorio en el debate que sectores de la derecha han intentado reabrir respecto del rol de la Primera Dama. Durante años, esos mismos sectores han levantado como bandera la tecnocracia, la profesionalización del Estado, la supuesta neutralidad técnica de las políticas públicas y la crítica permanente a cualquier forma de “politización” de la gestión. Sin embargo, hoy parecen dispuestos a reinstalar —o al menos defender— una estructura que va exactamente en la dirección contraria a ese discurso.

El rol tradicional de la Primera Dama no solo carece de sustento democrático, sino que además reproduce una forma de ejercicio del poder que no resiste mucho análisis en el Chile actual. Se trata de una figura sin elección popular, sin nombramiento administrativo, sin responsabilidades políticas formales, pero con incidencia real en instituciones que ejecutan política pública, administran recursos y definen prioridades sociales. Defender ese esquema no es profesionalizar el Estado: es volver a naturalizar el poder por vínculo personal, algo que la derecha dice rechazar cuando se trata de otros ámbitos.

Más aún, la contradicción se vuelve evidente cuando se observa que el cambio impulsado durante este gobierno fue precisamente hacia un modelo más coherente con los principios que la propia derecha suele reivindicar: conducción institucional a cargo de profesionales con formación específica, trayectoria en políticas públicas, experiencia sectorial y sujeción clara a reglas administrativas. Es decir, menos personalismo, más institucionalidad. Menos simbolismo, más gestión con responsabilidad identificable.

Revertir ese avance para devolver centralidad a una figura no electa no fortalece la democracia, la debilita. En tiempos donde la desafección política es alta, donde la confianza en las instituciones está erosionada y donde se exige mayor transparencia y rendición de cuentas, resulta difícil justificar un retroceso hacia esquemas que concentran autoridad sin mandato ciudadano. No es solo una discusión sobre un cargo: es una señal sobre qué tipo de democracia se quiere construir.

Hay también una dimensión política que no se puede eludir. La defensa del rol tradicional de la Primera Dama no responde a una preocupación por la eficiencia del Estado ni por la calidad de las políticas sociales. Responde, más bien, a la incomodidad que genera perder un espacio de poder informal, históricamente disponible, y a la tentación de restituirlo cuando se tiene la oportunidad. En ese sentido, el debate no es técnico: es político, aunque se lo intente disfrazar de otra cosa.

Si de verdad se quiere fortalecer la democracia y la participación ciudadana, el camino no es devolver autoridad a figuras sin legitimidad electoral, sino profundizar procesos de institucionalización, profesionalización y control democrático. Lo contrario no solo es incoherente con el discurso tecnocrático que la derecha suele esgrimir, sino que además desconoce las transformaciones sociales y políticas que el país ha experimentado en la última década.

El gesto de desmontar el rol tradicional de la Primera Dama no fue un capricho ni una provocación ideológica. Fue una decisión política consistente con los tiempos, con las demandas de mayor igualdad ante el poder y con una comprensión más madura de lo que significa gobernar en democracia. Volver atrás, hoy, no sería neutral ni inocuo. Sería, simplemente, insistir en una forma de autoridad que ya no se sostiene.

Por Natalia Araya Cambiazo

Directora comunicaciones corporación Fucsia

Fotografía: Ex «primeras damas» con Irina Karamanos y con varias de las directoras de las fundaciones profesionalizadas.

Las expresiones emitidas en esta columna son de exclusiva responsabilidad de su autor(a) y no representan necesariamente las opiniones de El Ciudadano.

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