El caso de Daniel Jadue, ex alcalde de Recoleta (Chile), condensa algunos de los principales elementos del lawfare identificados en la región, tales como arbitrariedad y acoso judicial, acusaciones sin sustento probatorio, uso abusivo de la prisión preventiva, selectividad de la justicia, manipulación mediática, amenaza a intereses económicos y sincronización con el calendario electoral.
El timing de las acciones judiciales revela un cálculo político: su prisión preventiva, decretada el 3 de junio de 2024, coincidió con los preparativos de las elecciones municipales de octubre de ese año y con su proyección presidencial para 2025.
Jadue, que en las primarias presidenciales de 2021 había obtenido un 39,4% y era ampliamente considerado una carta presidencial con opciones reales para 2025, se vio obligado a dejar la alcaldía de Recoleta tras 45 días de detención, interrumpiendo 12 años de gestión con amplio respaldo electoral (41% en 2012, 56% en 2016 y 64% en 2021). Esta medida afectó su influencia de cara a las municipales de 2024 y limitó su proyección nacional.
El arma de la proscripción
En agosto de 2025, la acusación formal llegó apenas 2 semanas antes del cierre del padrón electoral del Servicio Electoral (Servel), dificultando su eventual candidatura y reforzando su inhabilitación política. Finalmente, el 11 de septiembre de 2025, el Tribunal Calificador de Elecciones (Tricel) excluyó a Jadue del padrón electoral, impidiéndole postular como diputado por el distrito 9 (Cerro Navia, Conchalí, Huechuraba, Independencia, Lo Prado, Quinta Normal, Recoleta y Renca).
El fallo contra Daniel Jadue del Tribunal Calificador de Elecciones (Tricel), dado a conocer el 12 de septiembre de 2025, por una mayoría de 3 a 2 acogió la reclamación presentada por el abogado del partido Renovación Nacional, Marcelo Brunet, para impedirle el derecho al sufragio con la exclusión del padrón; por ende, se imposibilitó su candidatura.
Con esta decisión, el Tricel revocó el dictamen del Segundo Tribunal Electoral de la Región Metropolitana, que en primera instancia había autorizado la candidatura de Jadue. Esta decisión del Tricel violenta el principio de inocencia, dado que Jadue no tiene condena firme: apenas está formalizado o procesado.
El caso de Marco Enríquez-Ominami constituye un precedente clave. Víctima de lawfare desde 2019, fue imputado por hechos que no constituían delito o resultaban falsos. En 2021, el Tricel ordenó su reincorporación al padrón electoral al establecer que sin condena firme no pueden suspenderse derechos políticos, revirtiendo el fallo de segunda instancia a cargo del Tribunal Electoral Regional que lo había inhabilitado. Ese año pudo finalmente ser candidato.
En 2025 volvió a postularse a la presidencia. En contraste, el Tricel excluyó a Jadue. Ni en el caso de Ominami ni en el de Jadue corresponde impedir la participación electoral: hacerlo vulnera la Constitución, la igualdad ante la ley y los estándares interamericanos de protección de los derechos políticos, en la medida que no haya condena firme.
Debe recordarse que la estrategia de proscripción también fue utilizada en otros casos de lawfare: en el 2018, para evitar que Lula da Silva se presentara a elecciones presidenciales, con una justicia fast-track (se pasaron por alto 11 expedientes, para atender rápidamente su causa del Triplex de Guarujá).
Lo mismo sucedió con el caso de Rafael Correa en Ecuador, cuando al hacer pública su intención de postularse como vicepresidente de Andrés Arauz en las elecciones de febrero de 2021, se aceleró enormemente el proceso judicial en su contra por la causa “Sobornos”: en abril de 2020 fue condenado en primera instancia a 8 años de prisión e inhabilitación para ocupar cargos públicos por 25 años; en julio del mismo año el Tribunal de Apelación ratificó la condena; y el 7 de septiembre, en una velocidad inédita, el Tribunal de Casación de la Corte Nacional de Justicia rechazó el recurso de casación y confirmó la condena, apenas un día antes del cierre de plazos para que el Consejo Nacional Electoral abra el período de inscripción de candidaturas para las mencionadas elecciones de 2021.
Algo muy similar sucedió con Cristina Fernández de Kirchner en Argentina: el 2 junio de 2025 declaró que sería candidata como legisladora en provincia de Buenos Aires, y el 10 de junio, apenas 8 días después, la Corte Suprema de Justicia de la Nación confirmó el fallo condenatorio que incluye la pena de 6 años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.
Aparato judicial: Persecución selectiva y uso abusivo de medidas cautelares
Desde octubre de 2021, Jadue enfrenta cargos de fraude al fisco, cohecho y delito concursal por operaciones de la Asociación Chilena de Farmacias Populares (Achifarp). No se han presentado pruebas materiales de enriquecimiento personal. Se le atribuye responsabilidad penal por decisiones administrativas adoptadas por terceros durante la pandemia en la Achifarp. Esto guarda relación con la responsabilidad que se le atribuyó a CFK en la Causa Vialidad, por las licitaciones de obra pública realizadas en la provincia de Santa Cruz, sin su intervención.
En 2024 la Fiscalía incorporó la tesis de la “bicicleta fiscal”, según la cual compras excesivas de insumos habrían servido para simular solvencia y ocultar deudas. Esta figura es similar a la “pedalada fiscal” usada para destituir a Dilma Rousseff en 2016, presentada como fraude pese a ser una práctica administrativa habitual. Debe destacarse que Dilma Rousseff en 2022 fue declarada inocente de ese supuesto delito. En el caso de Jadue, tampoco existe evidencia de intención fraudulenta: las compras se hicieron en un contexto de emergencia sanitaria y alta incertidumbre, más vinculadas a necesidades urgentes que a una manipulación deliberada.
En mayo de 2024, uno de los querellantes reconoció ante la jueza la falta de evidencia sólida; y en septiembre, la jueza Paula Brito manifestó dudas sobre la existencia de delitos y sobre la participación directa de Jadue.
Luego, en junio de 2024 se ordenó su prisión preventiva, lo que forzó su destitución como alcalde tras 45 días de ausencia y, hasta hoy, se mantiene en arresto domiciliario sin condena, una pena anticipada que viola la presunción de inocencia y con ello la Constitución.
En otro caso de lawfare, a raíz de la causa abierta en octubre de 2019 por el delito de rebelión contra Paola Pabón, Prefecta de la provincia de Pichincha (Ecuador), la funcionaria fue obligada a solicitar licencia del cargo mientras estuvo presa durante 72 días, hasta que salió en libertad condicional por la intervención ejercida por la CIDH.
El abuso de la prisión preventiva como pena anticipada es un rasgo común en los principales casos de lawfare de la región. En Ecuador, Jorge Glas fue detenido preventivamente en la Causa Reconstrucción Manabí y Virgilio Hernández pasó por una prisión preventiva sin pruebas fehacientes.
En Brasil, la Operación Lava Jato aplicó 28 mandatos de prisión preventiva o temporal en su fase inicial y utilizó la privación de libertad para forzar delaciones, mientras que Lula pasó 580 días en prisión por la Causa Tríplex.
En Argentina, se registraron 5 pedidos de prisión preventiva contra CFK y esta medida se aplicó de forma reiterada a funcionarios y dirigentes de su entorno -Julio De Vido, Amado Boudou, Milagro Sala, Carlos Zannini- como mecanismo de presión política.
En el caso de Jadue, la fiscalía ha prolongado el proceso mediante reformalizaciones sucesivas (enero y mayo de 2025), una táctica de desgaste que mantiene la sospecha de forma indefinida.
En julio de 2025, el ex colaborador Matías Muñoz hizo público que la fiscal Giovanna Herrera lo había presionado para que incriminara falsamente a Jadue, ofreciéndole la libertad a cambio de una declaración en su contra. En la mayoría de las causas de lawfare, los testimonios han sido utilizados como herramientas de chantaje mediante los “arrepentidos” o “delatores premiados”, que en la mayoría de los casos ni siquiera se ajustan al debido proceso (respeto por la norma procesal) para tomar la delación (ver: Causa Cuadernos contra CFK y el falso abogado D’Alessio; los testimonios del Lava Jato en Brasil o la causa Odebrecht Ecuador, etc.).
Este hecho, pone en evidencia la utilización de testimonios obtenidos bajo coacción como sustento de la acusación, lo que compromete de manera decisiva la credibilidad del proceso.
El caso de Jadue exhibe doble rasero y selectividad de la ley: mientras la Fiscalía avanzó con una rapidez inusual en su contra, situaciones de mayor gravedad en el sistema de salud ni siquiera derivaron en procesos judiciales. Un ejemplo ilustrativo es el de la Central de Abastecimiento (Cenabast), dependiente del Ministerio de Salud, que entre 2017 y 2021 perdió más de 3.800 millones de pesos en medicamentos vencidos, según informes de auditoría de la Contraloría General de la República.
De forma similar, en Ecuador las causas contra Rafael Correa y Jorge Glas obtuvieron sentencias en apenas 20 días en el Caso Sobornos, mientras las investigaciones sobre Guillermo Lasso o Lenín Moreno quedaron paralizadas; en Brasil, Lula da Silva fue condenado en menos de 12 meses en la Causa Tríplex, mientras denuncias que comprometían a aliados del establishment permanecieron años sin resolución; y en Argentina, la persecución a Cristina Fernández de Kirchner contrastó con la impunidad de las causas de la familia Macri, con una Corte Suprema que falló en la Causa Vialidad en menos de 2 meses.
En todos estos contextos, como en Chile, el lawfare se apoya en una aplicación desigual de la justicia, que acelera y endurece los procesos contra liderazgos progresistas mientras los dilata o archiva frente a actores cercanos a los poderes económicos y políticos dominantes.
Asimismo, se han denunciado conflictos de interés: la fiscal Herrera es concuñada de un fundador de las Farmacias Fracción, competidoras directas del modelo de Farmacias Populares. Este escenario y procedimientos son similares a lo ocurrido durante el gobierno de Mauricio Macri en Argentina, la apertura de más de 10 causas contra Cristina Fernández y su círculo cercano, y la lentitud o “falta de interés” en las causas pendientes de la familia Macri, con la causa Correo como emblema, la cual lleva más de 20 años sin resolución.
Aparato mediático: Condena previa y estigmatización pública
La manipulación mediática es otro elemento recurrente. En Brasil, durante el proceso contra Lula, los tres principales diarios publicaron 1.176 portadas sobre corrupción entre 2015 y 2016; en Argentina, Clarín y La Nación titularon sistemáticamente sobre supuestos casos de corrupción de CFK. En Ecuador, portales como Mil Hojas y Plan V -financiados por Estados Unidos- construyeron el relato de corrupción contra Correa.
De forma análoga, el hostigamiento mediático a Daniel Jadue ha sido sistemático. El diario La Tercera publicó 557 artículos contra Jadue entre 2021 y 2024, acompañados de filtraciones que violaron el secreto de sumario. Un artículo cada 2,4 días. Con ello queda evidente la sistematicidad de la operación mediática de desacreditación.
La Tercera pertenece a Grupo Copesa, el cual está integrado entre otras empresas por Supermercados Unimarc, Supermercados Mayorista 10, Supermercados Alvi, Telemercados, Tarjeta de crédito Unimarc, Hotel Mandarín Santiago, el diario La Cuarta y Radio Duna. El Grupo Copesa pertenece a Álvaro Saieh Bendeck.
Imágenes del exalcalde esposado circularon en canales como Mega y TVN, instalando en la opinión pública una condena mediática previa a cualquier sentencia. Estas prácticas reproducen el patrón observado en los casos de Lula da Silva, Cristina Fernández y Rafael Correa, donde la prensa hegemónica erosionó la presunción de inocencia, proceso de juicio mediático funcional al relato del lawfare.
La difusión de noticias falsas y la amplificación de filtraciones selectivas completan el cuadro de un relato de corrupción, construido para debilitarlo políticamente y justificar la persecución judicial. Esto marca una notoria continuidad con la mayoría de casos de lawfare, montados sobre el relato de actos de supuesta corrupción que se basan en testimonios falsos o tomados de manera indebida, pruebas falsas o insuficientes y proyección mediática de los aparentes actos delictivos y sus autores/as.
Intereses económicos y dimensión geopolítica
Las Farmacias Populares, que reducen hasta un 70% el precio de los medicamentos, cuestionaron el oligopolio farmacéutico chileno (Cruz Verde, Salcobrand, Farmacias Ahumada), sancionado previamente por colusión. Esta confrontación directa con grandes intereses económicos explica parte de la ofensiva judicial y mediática.
La querella original provino de la empresa Best Quality, vinculada a abogados del “caso Hermosilla”, escándalo que destapó redes de corrupción asociadas a sectores de derecha. Además, Jadue bloqueó proyectos inmobiliarios millonarios, como el de la Universidad San Sebastián, lo que acrecentó la animadversión de poderosos actores empresariales.
El Ciudadano
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