La tramitación de la acusación constitucional contra Diego Simpertigue dio un nuevo giro político luego de que sus principales impulsores, los diputados Daniel Manouchehri y Daniella Cicardini, emitieran un comunicado cuestionando de manera directa el actuar de la comisión revisora de la Cámara de Diputados.
Ambos parlamentarios reaccionaron tras la decisión de anular la votación del miércoles 10 de diciembre, donde la comisión había resuelto por 4 votos contra 0 dar curso a la acusación constitucional. Según relataron, en una “situación inédita”, el procedimiento fue revertido bajo el argumento de la existencia de “nuevos antecedentes”, lo que llevó al presidente de la Cámara a suspender la sesión del jueves y reagendar la instancia para el lunes.
La declaración marca un tono crítico, sugiriendo que el proceso se está entorpeciendo con excusas que no alteran el fondo de la acusación.
“Los antecedentes enviados no guardan relación con el fondo”
En el primer punto del comunicado, Manouchehri y Cicardini apuntan a que los supuestos nuevos antecedentes presentados por la defensa del ministro no modifican la base de la acusación, centrada en la falta de imparcialidad del juez al resolver causas relacionadas con personas de su círculo cercano.
Ambos sostienen: “Los antecedentes enviados no guardan relación con el fondo de la acusación constitucional. Esta se sustenta en la falta de imparcialidad que debía observar el juez al fallar causas vinculadas a personas de su círculo cercano.”
Los diputados enfatizan que la cercanía entre Simpertigue y los abogados Mario Vargas y Eduardo Lagos, con quienes compartió viajes y cruceros, es incompatible con el rol judicial.
Incluso remarcan: “Un juez que resuelve a favor de una empresa y después comparte un crucero con quienes integran esa misma red revela una cercanía incompatible con la función judicial.”
También recordaron que Vargas y Lagos “se encuentran en prisión investigados por presuntamente pagar a la exministra Vivanco por un fallo, en el mismo caso que sustenta esta acusación”.
La devolución del dinero: un punto discutido que no cambiaría el fondo
El segundo punto del comunicado aborda otra arista: la afirmación de la defensa de que un pasaje habría sido pagado inicialmente por Eduardo Lagos, pero devuelto posteriormente por Simpertigue. Según la defensa, existían comprobantes que serían enviados a la comisión.
La diputada y el diputado señalan: “Incluso si aquello fuese cierto, lo cual podría tener relevancia penal, no afecta en absoluto la causal de la acusación».
Subrayan que la discusión penal es una vía paralela —sobre la cual ya presentaron una denuncia ante Fiscalía— y que la acusación constitucional se centra en la relación estrecha y sostenida entre el juez y abogados investigados por presuntos actos de corrupción en el Poder Judicial.
Antecedentes que no acreditan lo prometido
En su tercer punto, los parlamentarios agregan una precisión relevante sobre los documentos enviados por Simpertigue: “Hemos tomado conocimiento de que los antecedentes remitidos por el señor Simpertigue tampoco acreditan la devolución del monto pagado del pasaje en el crucero”.
Esta afirmación refuerza la idea de que, además de no alterar el fondo de la acusación, los documentos tampoco demostrarían lo que la defensa buscaba sostener ante la comisión revisora.
Un caso que atraviesa el corazón del Poder Judicial
El comunicado concluye con un mensaje político más amplio, enmarcando la situación de Simpertigue dentro de lo que describen como una profunda crisis generada por la red de corrupción expuesta en el caso Hermosilla y la “Muñeca Bielorrusa”.
A juicio de Manouchehri y Cicardini: “La acusación constitucional posee fundamentos sólidos. La red de corrupción que ha revelado el caso Hermosilla y la llamada ‘Muñeca Bielorrusa’ ha provocado un daño institucional sin precedentes».
Y agregan una advertencia directa: “Quienes quieran justificar o encubrir ese actuar utilizarán cualquier excusa para intervenir”.
El texto finaliza con un llamado a la responsabilidad del Congreso en este momento: “Tenemos la convicción de que Chile merece una justicia limpia e imparcial, y esperamos que el Congreso esté a la altura de este momento histórico».
Declaración a propósito de lo acontecido en la Acusación Constitucional en contra del juez Diego Simpertigue.
— Daniel Manouchehri (@danimanouchehri) December 11, 2025
Tenemos la convicción de que Chile merece una justicia limpia e imparcial, y esperamos que el Congreso esté a la altura de este momento histórico. pic.twitter.com/g2Qx1c4v3H
Un nuevo escenario para la acusación
Este nuevo artículo de presión política llega justo cuando la comisión revisora deberá retomar el análisis de la acusación contra Simpertigue, revisar los antecedentes omitidos y volver a votar si el libelo avanza o no al pleno.
La tensión aumentó tras el reconocimiento de errores previos en la entrega de documentos, lo que ya había generado críticas por parte de parlamentarios y cuestionamientos sobre la prolijidad del proceso.
Ahora, con la declaración pública de los impulsores de la acusación, el debate vuelve a instalarse en un eje central: ¿se está ralentizando el proceso por razones administrativas, o hay fuerzas políticas intentando influir en la suerte del ministro?
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