Medidas anunciadas por José Kast generan críticas por migración, seguridad y derechos humanos

A pocas semanas de su asunción, las medidas anunciadas por José Kast como próximo presidente de Chile han desatado un fuerte debate en la política y la sociedad. Entre propuestas de corredores humanitarios para migrantes, políticas de seguridad pública, recortes fiscales y restricciones a derechos sociales, diversos actores advierten riesgos reales sobre derechos humanos, cohesión social y el respeto al estado de derecho.

Migración y derechos humanos bajo escrutinio

Una de las primeras iniciativas que generó controversia fue el anuncio de un “corredor humanitario” para facilitar el retorno de migrantes en situación irregular a sus países de origen, realizado tras reuniones regionales con presidentes vecinos. Kast ha sostenido que coordinar esfuerzos para “abrir un corredor humanitario” permitirá que quienes lleguen en situación irregular puedan regresar “de manera voluntaria y ordenada” a sus hogares. 

Sin embargo, este enfoque ha sido cuestionado por organizaciones de derechos humanos y exministros del área. Un grupo de ex cancilleres chilenos afirmó que propuestas basadas en “expulsiones masivas, separación de familias o confinamiento en instalaciones semejantes a prisiones” “son incompatibles con el respeto a la dignidad humana y los estándares internacionales de derechos humanos”. 

Seguridad pública y mano dura: ¿efecto o regresión?

En materia de seguridad ciudadana, Kast ha defendido una agenda de mano dura que incluye fortalecer las fuerzas policiales, perseguir bandas organizadas y expandir tecnologías de control, incluida la vigilancia por reconocimiento facial en espacios públicos. 

Críticos políticos aseguran que estas medidas podrían priorizar la represión por sobre la prevención y la justicia social. El rector de la Universidad Diego Portales, Carlos Peña, llegó a afirmar que el candidato republicano “ha mostrado una rendija autoritaria y un ánimo de gobernar por decreto en circunstancias excepcionales”, lo que, según él, amenaza la centralidad del Congreso en el sistema democrático. 

Economía y recortes: alarma social

El plan económico de Kast contempla un recorte presupuestario de 6 mil millones de dólares en 18 meses, una cifra que organismos gubernamentales y opositores han descrito como peligrosa para programas sociales. La ministra de Desarrollo Social, Javiera Toro, advirtió que tal recorte representa “casi cuatro veces el presupuesto de su propio ministerio” y podría poner en riesgo programas dirigidos a familias vulnerables si no se discute con “datos claros y no mitos”. 

Además de críticas por los recortes, expertos han señalado que parte de la estrategia económica de Kast es influenciada por ideas clásicas del neoliberalismo. Como observó un analista en Ex-Ante, “detrás de estas propuestas hay nada menos que un neoliberalismo concentrado: no son ideas nuevas, sino propuestas de Mises, Hayek y Friedman”, con un enfoque en reducir impuestos corporativos y disminuir inversión pública en áreas como vivienda, salud y cultura. 

Política migratoria y seguridad fronteriza

La agenda de Kast incorpora un plan de seguridad fronteriza que va más allá del “corredor humanitario”: propone un fortalecimiento físico de las fronteras con barreras, vallas y tecnología similar a la de países como Hungría, así como sanciones para quienes faciliten la migración irregular. 

Organizaciones de derechos humanos han advertido que estas políticas podrían transformarse en prácticas que criminalizan la migración, profundizando una respuesta de seguridad que hace oídos sordos a las obligaciones internacionales de Chile en materia de refugio y asilo. 

Críticas desde la izquierda y el centro político

No solo las voces de la izquierda han cuestionado el rumbo de Kast. Camila Vallejo, ministra vocera de Gobierno, criticó públicamente el enfoque del entonces candidato cuando afirmó en campaña que “el Congreso no es tan relevante”, recordando que durante 16 años Kast fue parlamentario sin impulsar reformas clave en seguridad ni en transparencia. 

Además, figuras progresistas han señalado que la agenda de mano dura sobre migración y orden público puede reforzar la polarización y que medidas estrictas sin redes de apoyo social pueden exacerbar la vulnerabilidad de comunidades ya marginadas.

¿Qué está en juego?

Las medidas anunciadas por Kast, desde la política migratoria hasta la economía y la seguridad, están siendo observadas con lupa por analistas, líderes políticos y organizaciones de la sociedad civil. La tensión entre la promesa de orden y control, y la protección de derechos fundamentales será uno de los ejes que marcarán la agenda de 2026 y la percepción de Chile en ámbitos internacionales.

Este debate no solo se da por diferencias ideológicas, sino por el impacto tangible de políticas que pueden redefinir —para bien o para mal— el respeto al estado de derecho, los derechos humanos y la cohesión social en el país.