Por Juan Pablo Orellana
Mientras los incendios forestales arrasan con hectáreas y viviendas en la provincia de Concepción, parece que ya no hay novedad en estos titulares y nos hemos venido acostumbrando a este desolador paisaje, obviando y hasta olvidando un debate profundo que se instala sobre las causas estructurales que van más allá del clima extremo.
La provincia del Biobío, junto a otras del centro-sur, concentra una alta proporción de plantaciones de pino y eucalipto, especies altamente inflamables, densamente plantadas y predominantes en el paisaje rural chileno.
Estudios territoriales muestran que en comunas afectadas como Nacimiento, Santa Juana y Tomé, las plantaciones forestales representan entre 67 % y más del 80 % de la cobertura terrestre, desplazando bosques nativos y vegetación menos propensa al fuego.
A nivel nacional, los datos científicos son contundentes: aunque las plantaciones representan solo alrededor del 18 % del área forestal total, aportan aproximadamente el 30 % del área quemada en incendios forestales y pueden casi duplicar su participación en temporadas extremas como 2017 y 2023.
DEJEMOSLO CLARO: NO SE QUEMAN BOSQUES, SE QUEMAN MONOCULTIVOS
Este patrón no es una coincidencia biológica, sino el resultado directo de un modelo forestal orientado a la exportación de madera y celulosa, con monocultivos homogéneos que actúan como combustible continuo, facilitando la propagación del fuego desde zonas rurales hasta zonas periurbanas.
Esa es la gran diferencia entre monocultivo y bosque, pues, este último implica diversidad biológica que los monocultivos no tienen. Además de aumentar el riesgo de incendios, esta configuración de paisaje multiplica el daño sobre viviendas y ecosistemas durante crisis (sociales y ecológicas) como la que enfrentamos hoy.
En suma, la emergencia actual expone un problema estructural: no basta con reforzar brigadas y aeronaves si no se cuestiona y reconfigura un modelo forestal que, por diseño, favorece enormes extensiones inflamables frente a ecosistemas diversos y resilientes.
Y la contradicción es evidente: mientras el sector forestal exporta más de US$ 6.000 millones anuales, la inversión privada en prevención y combate de incendios bordea los US$ 120 millones por temporada, una cifra marginal frente a sus utilidades y al daño social y ambiental que el modelo genera.
Sin cambios de fondo en políticas de uso de suelo, manejo forestal y responsabilidad empresarial, cada verano seguirá repitiendo la misma lógica: ganancias privatizadas y catástrofes socializadas.
Por Juan Pablo Orellana.-
