Movimientos sociales disputan con proyectos colectivos el desigual financiamiento de campañas electorales

Tras los escándalos en casos de financiamiento ilegal de la política se buscó reducir el límite del gasto electoral limitando así el financiamiento privado. La idea era asegurar las condiciones materiales del ejercicio de derechos fundamentales de carácter político, como es el derecho a elegir y ser electo. Sin embargo revisando los aportes públicos vía Servel se constata una enorme desproporción en los aportes entre fuerzas políticas independientes y aquellas vinculadas al poder económico, ante una de las elecciones más importantes de nuestra historia republicana.

«La desigualdad y la exclusión se reproducen en el ámbito electoral. Primero, al estar bajo el marco territorial distrital, luego la recolección de patrocinios para poder ser candidatos/as y ahora enfrentando la censura de la prensa hegemónica y el financiamiento», expresa Francisca Fernández, candidata por el Distrito 10 apoyada por el Movimiento por el Agua y los Territorios y 8M.

En este Distrito, tan codiciado por su perfil populoso y diverso que integra la capital de la Nación, los mayores aportes en dinero son para la lista de la derecha “Vamos por Chile”, que superan los 52 millones de pesos, lo cual representa el 61% de las donaciones totales hechas a la fecha. «En esta desproporción se expresa nuevamente la desigualdad y la apuesta de la élite política y económica por que nada cambie», afirma Eduardo Alvarado Espina, politólogo e integrante del comando de cabildos y asambleas territoriales del Distrito 10 Territorio Constituyente.

La Lista “Movimientos Sociales: Unidad de Independientes», con aportes equivalentes a 644.425 pesos al 22 de febrero, es la que cuenta con menos aportes financieros entre las Lista de Independientes, pese a ser la que alcanzó mayor cantidad de patrocinios para su inscripción en Servel (22 mil firmas).

En el polo opuesto se encuentra la Lista “Independientes por la Nueva Constitución”, nombre que aglutina a candidatos y candidatas de Independientes No Neutrales, la que con un aporte global de 10.170.221 pesos se ubica detrás de las Listas de la Derecha y la Ex Concertación.    

Al modicarse la Ley Orgánica Constitucional sobre transparencia, límite y control del gasto electoral se buscó limitar el financiamiento privado, argumentando que un alto límite de gasto electoral favorece la concentración del poder político en quienes pueden invertir en campañas, profundizando así la crisis de representación de la política institucional. Sin embargo, el problema persiste, ya que la promesa de igualdad desaparece para convertirse en un privilegio cuando el dinero juega un papel preponderante.

«La elección de constituyentes del 11 de abril no es otra cualquiera, sino quizás la más importante de nuestra historia. De entregar la decisión al poder del dinero, tendremos los mismos intereses y a la misma élite, aunque con otros nombres, escribiendo una Constitución a su medida», expresa Alvarado.

Con creatividad, trabajo voluntario y proyecto colectivo

La suma de voluntades y talentos, así como el desarrollo de campañas austeras fundadas en proyectos colectivos son las fórmulas desplegadas en el Distrito 10 por parte de candidaturas independientes de la Lista de “Movimientos Sociales: Unidad de Independientes” para la Convención Constitucional.

El territorio de este Distrito es grande y requiere un gran despliegue de personas voluntarias en la realización de campañas «puerta a puerta». «No ha sido fácil hacer campaña en medio de una pandemia y del periodo estival», comentan desde la Coordinadora Feminista 8M, que apoya a las candidatas Karina Nohales y Francisca Fernández por este Distrito.

Pero la adhesión a un programa común y la independencia son los principios que motivan la formación de comandos ciudadanos autogestionados. «Sostener candidaturas independientes para nosotras significa no solo independencia de los partidos que han administrado la precarización de nuestras vidas los últimos 30 años, sino que también, del empresariado que potenció y lucró mediante dichas administraciones», enfatizan. 

Se trata de otra manera de desafiar las formas tradicionales de hacer política, expresa Andrea Gutiérrez, candidata de la Red de Actrices Chilenas por la misma Lista. «Las personas ven el esfuerzo que se está haciendo y muchas veces se suman a nuestro trabajo, y esa es la idea, ir generando una cadena de personas que, con mucha creatividad y trabajo, permita contrarrestar a quienes tienen todos los recursos económicos con equipos pagados y mucha propaganda», asegura.

Según Pía Meza Ilabaca, candidata de Territorio Constituyente por la misma Lista, la campaña se basa en la voluntad y confianza que genera un proyecto colectivo. «Al igual que nuestro trabajo en los cabildos, asambleas y en Territorio Constituyente, nuestra campaña se realiza en base a la voluntad de nuestres compañeres, vecinas, vecinos y vecines que ponen su tiempo a disposición para seguir corriendo los cercos que la institucionalidad nos impone», afirma.

La campaña de Javier Pineda Olcay, candidato de la Defensoría Popular de las y los Trabajadores por la misma Lista y distrito, se financia con pequeños aportes de amistades y trabajadores con quienes han desarrollado su acción política en los últimos años. «A eso le sumaremos mi retiro del 10% de los fondos de pensiones y mucho trabajo voluntario para el trabajo en terreno», detalla.

Por tanto, es la apuesta para compensar el acceso a financiamiento es la participación informada que permita augurar una votación tan masiva como en octubre, coherente con las demandas del 18-O. «Un antídoto para que el dinero no vuelva a contaminar nuestro derecho político a elegir y ser elegidos, es tener la mayor información posible respecto a cuánto dinero hay detrás de cada campaña a constituyente», expresa Alvarado.

«No somos meros independientes, ya que respondemos a los movimientos sociales que nos levantan. Nuestra candidatura la hemos financiado a través de la autogestión con aportes de organizaciones, colectividades y personas que apuestan por que quienes estén en la Convención sean quienes han enarbolado las demandas que estallaron el 18 de octubre de 2019», concluye Francisca Fernández.