No le pagaron sus cotizaciones: La historia tras el fallecimiento del testigo clave en el Caso ProCultura

La muerte de Johnny San Martín Flores, administrador general de la Fundación ProCultura, fue uno de los secretos mejor guardados del caso que mantiene bajo investigación judicial a la organización, y que ha salpicado incluso al Presidente Gabriel Boric.

El fallecimiento ocurrió cinco días después de que la Policía de Investigaciones (PDI) allanara su domicilio el 9 de octubre de 2024. Según a información que accedió de The Clinic, San Martín se descompensó durante su detención y fue hospitalizado en el Hospital San José, donde falleció por una encefalopatía hepática sin haber recibido tratamiento oportuno, debido a la falta de cotizaciones previsionales pagadas por la fundación.

San Martín ingresó a ProCultura en 2010 como auxiliar, llegando a convertirse en uno de los hombres de mayor confianza de su fundador, Alberto Larraín.

El día del allanamiento, oficiales de la Brigada Anticorrupción de la PDI incautaron computadores, celulares y una pistola a fogueo en su domicilio en Colina. San Martín fue detenido y, ya en el cuartel, sufrió una descompensación. Su salud se agravó rápidamente, siendo internado con diagnóstico de encefalopatía hepática. Según información citada en el medio, Johnny llevaba meses sin poder tratarse por falta de previsión médica, producto del no pago de sus cotizaciones desde principios de 2024.

Marta Lagos, madre de Josefina Huneeus —exesposa de Larraín— y reconocida encuestadora, comentó tras conocer la noticia: “O sea, es culpa de ProCultura que se haya muerto”. La misma Huneeus señaló en una conversación telefónica interceptada por la PDI: “Jhony tenía las cuentas, todo, todo, todo”.

Según los registros del Centro Médico Colina Salud, Johnny tenía agendada una hora médica para el mismo día del allanamiento, a la que no pudo asistir por encontrarse detenido.

En su calidad de administrador general, San Martín seguía formalmente contratado hasta su muerte, a pesar de que la fundación no le pagaba el sueldo ni las imposiciones. En correos electrónicos a los que accedió The Clinic, el extrabajador reclamaba por el no pago de sus remuneraciones. En uno de ellos, fechado el 5 de agosto de 2024, solicitaba el pago del sueldo de julio y las cotizaciones previsionales. Larraín respondió: “Es plata que no existe”.

El caso evidencia la profunda crisis interna en ProCultura. Según el testimonio de Mauricio Garay —otro imputado en la causa—, “Johnny tenía acceso a todo y era una persona de confianza, principalmente de Alberto”. Otro episodio citado, revela que incluso se intentó ocultar uno de sus antiguos computadores tras una visita de la PDI a las oficinas de la fundación en 2023.

Tras el fallecimiento, la indignación entre los cercanos de San Martín creció. Constanza Gómez, representante legal de ProCultura y cercana a la familia, relató en conversaciones intervenidas por la policía, que había exigido insistentemente a Larraín el pago de las cotizaciones de Johnny: “Si tú no pagas estas cotizaciones ya, voy a subir una foto de Jhony a redes sociales y te voy a hacer cagar, te voy hacer pico”.

Hasta la fecha, la familia de Johnny San Martín no ha presentado acciones legales contra ProCultura ni contra Alberto Larraín, aunque Gómez aseguró que les manifestó su apoyo si decidían hacerlo: “Yo estoy con ustedes. O sea, si ustedes quieren tomar acciones legales…”.

El caso ProCultura sigue bajo investigación del Ministerio Público por presuntos delitos de corrupción, mientras continúan apareciendo nuevas aristas que involucran directamente a sus más altos mandos.