El año 2012, durante el primer gobierno del expresidente Sebastián Piñera, la Contraloría General de la República (CGR) objetó 13 nombramientos de jefaturas de departamento al entonces Subsecretario para las Fuerzas Armadas, Alfonso Vargas (en la foto), militante de Renovación Nacional.
¿La razón? Se descubrió que los concursos fueron arreglados a conveniencia de la entonces autoridad del Ministerio de Defensa, quien finalmente terminó imponiendo a sus candidatos.
Para realizar esta maniobra, la gestión del exsubsecretario de Piñera estableció requisitos y porcentajes de manera arbitraria en las postulaciones, según se indica en el dictamen.
«Se advierte que en atención al número, tenor y valorización que se otorga a los requisitos deseables de la aludida Etapa II, éstos se transformaron en condiciones que excluyeron del certamen a los postulantes que sólo cumplían las exigencias legales para ejercer las plazas concursadas y, además, dado que en la mayoría de ellas fueron seleccionados quienes las servían como suplentes, permiten suponer que aquellas fueron dirigidas a obtener la nominación de personas determinadas», se lee en el documento.
Asimismo, la CGR acusó un grave conflicto de interés frente al hecho de que «el Jefe de la División de Presupuestos y Finanzas integró el comité de selección, en circunstancias que dos de las personas que resultaron seleccionadas, además de haberse desempeñado como suplentes en los cargos en que fueron electos, trabajaron anteriormente con él en una municipalidad».
En esta línea, la Contraloría estimó que «procedía que se hubiera inhabilitado de intervenir en cualquier acto que se relacionara con el concurso, cuestión que, por cierto, se deberá tener presente en lo sucesivo».
En conclusión, el ente contralor representó las 12 resoluciones que nombraban jefaturas de departamento del tercer nivel jerárquico «en atención a que las pautas de cada uno de los concursos que dieron origen a las designaciones contenidas en ellos, no se han ajustado a derecho».
El Ciudadano
