NovaAndino Litio: la alianza SQM-Codelco que asegura continuidad privada sobre el Salar de Atacama

La conformación de NovaAndino Litio SpA, sociedad entre SQM y Codelco para la explotación del litio en el Salar de Atacama hasta el año 2060, se cerró sin licitación pública y mediante un proceso de negociación reservado que ha generado fuertes cuestionamientos desde el mundo político, académico y social. Para sus detractores, el acuerdo no solo consolida la presencia de un actor privado históricamente ligado a la privatización del recurso durante la dictadura, sino que también representa una oportunidad perdida para recuperar plenamente el control estatal del litio.

Según antecedentes públicos, el pacto fue presentado como una asociación estratégica que permitiría al Estado aumentar su participación en el negocio del llamado oro blanco. Sin embargo, documentos, declaraciones y observaciones institucionales muestran que el diseño final aseguró la continuidad de SQM en el Salar de Atacama, sin abrir el proceso a competencia internacional ni a un debate público previo.

Un acuerdo negociado sin licitación ni competencia abierta

Uno de los aspectos más cuestionados del acuerdo es la ausencia de una licitación pública internacional. El Estado optó por negociar directamente con SQM, argumentando razones de continuidad operacional y experiencia técnica.

El diputado Cristián Tapia Ramos, presidente de la comisión investigadora de la Cámara de Diputadas y Diputados que revisó el acuerdo, afirmó públicamente que “cuando se trata de un recurso estratégico para el país, no hacer una licitación abierta es una señal política muy grave”.

Tapia agregó que “el Congreso fue informado cuando el acuerdo ya estaba prácticamente cerrado, lo que impidió ejercer un control democrático real sobre sus términos”.

Desde el ámbito técnico, un ex alto funcionario del sector minero que participó en procesos previos de negociación del litio señaló bajo reserva de identidad que “existía interés suficiente en el mercado internacional para explorar alternativas más favorables al Estado, pero esa puerta nunca se abrió”.

SQM y el peso de su origen histórico

Más allá de las cifras económicas, el acuerdo reactivó una controversia estructural sobre el origen de SQM y su vínculo histórico con la dictadura. La empresa se consolidó durante los años ochenta tras la privatización de activos estratégicos y estuvo durante décadas bajo el control de Julio Ponce Lerou, ex yerno de Augusto Pinochet.

Aunque actualmente Ponce Lerou no ejerce control directo sobre la compañía, críticos del acuerdo sostienen que el Estado terminó legitimando una estructura empresarial nacida al amparo del régimen militar.

El economista Manuel Riesco Larraín, vicepresidente del Centro de Estudios Nacionales de Desarrollo Alternativo, sostuvo que “el litio es probablemente el recurso más importante del siglo veintiuno y Chile decidió no recuperarlo para el Estado, sino compartirlo con una empresa cuya historia está marcada por la privatización de la dictadura”.

En la misma línea, el abogado constitucionalista y ex convencional Fernando Atria Lemaitre señaló en entrevista radial que “no se entiende que, después de décadas de debate sobre soberanía de los recursos naturales, el Estado termine asociándose en condiciones tan favorables para el privado”.

Observaciones institucionales y reparos al proceso

Durante la revisión administrativa del acuerdo, la Contraloría General de la República realizó observaciones vinculadas al resguardo del interés fiscal y a la correcta valorización de los activos estratégicos comprometidos. Si bien el contrato avanzó, estos reparos quedaron registrados y reforzaron la percepción de un proceso acelerado.

El abogado especialista en derecho administrativo Gabriel Osorio Vargas explicó que “cuando la Contraloría formula observaciones en un acuerdo de esta magnitud, lo razonable es abrir una discusión pública amplia antes de su ejecución definitiva”.

Comunidades atacameñas denuncian exclusión y falta de consulta efectiva

El Consejo de Pueblos Atacameños manifestó su rechazo al acuerdo, señalando que la participación indígena se produjo cuando las decisiones centrales ya estaban adoptadas.

En su declaración pública, el organismo afirmó que “no se puede hablar de un acuerdo estratégico para el Salar de Atacama sin la participación real y vinculante de quienes habitan y protegen ese territorio desde hace generaciones”.

La dirigenta atacameña Luz María Berna Vilca, vocera comunitaria de la zona, advirtió que “se habla de desarrollo y sostenibilidad, pero se mantiene el mismo esquema de extracción intensiva que ha puesto en riesgo nuestras aguas y nuestros modos de vida”.

¿Más Estado o una asociación que consolida el modelo heredado?

Codelco ha defendido el acuerdo señalando que permitirá al Estado aumentar ingresos y adquirir experiencia en el negocio del litio. No obstante, analistas advierten que asociarse no equivale a controlar, especialmente cuando el socio privado mantiene la experiencia técnica, la infraestructura y la posición dominante en el mercado.

El investigador en temas de recursos naturales Julián Alcayaga Olivares afirmó que “el Estado entra al negocio, pero no define las reglas, y en un recurso estratégico no definir las reglas es ceder soberanía”.

Un debate que sigue abierto

Chile posee una de las mayores reservas de litio del mundo y enfrenta una demanda global creciente impulsada por la transición energética. En ese escenario, la creación de NovaAndino Litio no cerró el debate histórico sobre la propiedad y control del recurso, sino que lo reabrió con mayor intensidad.

Para sus críticos, el acuerdo simboliza una continuidad incómoda el litio del Salar de Atacama sigue sin volver plenamente al Estado y la promesa de una política soberana quedó una vez más postergada.