Por Cristhián Orellana Mazuret
El próximo 13 de enero, tras décadas de críticas, crisis y estigmatización, el Servicio Nacional de Menores (Sename) deja de existir y comienza a operar el Servicio Nacional de Reinserción Social Juvenil. Un cambio largamente esperado, impulsado por la Ley 21.527, que promete especialización, enfoque en derechos y una nueva forma de abordar la responsabilidad penal adolescente.
Este hito institucional se da en un contexto particularmente complejo: crisis en Gendarmería de Chile, funcionarios públicos enfrentando sumarios por uso irregular de licencias médicas y una agenda política y mediática completamente capturada por la idea de “seguridad”. No es casualidad que en la última elección presidencial casi todas las candidaturas apostaran por el mismo libreto: más policías, penas más duras, mayor protagonismo de la seguridad privada y un discurso punitivo como pretendida solución inmediata al malestar social.
En este escenario, surgen diversas preguntas: ¿qué significa, en términos prácticos, el inicio del nuevo Servicio de Reinserción Social Juvenil?, ¿estamos realmente frente al fin del Sename y el inicio de una institucionalidad especializada, como promete su marco legal?, ¿se trata, más bien, de un cambio de nombre que mantiene intactas prácticas, culturas y lógicas de funcionamiento?
Uno de los elementos menos discutidos ha sido el proceso de traspaso de funcionarios desde el antiguo servicio al nuevo. Quienes optaron por continuar tuvieron amplias facilidades para hacerlo, mediante procesos de evaluación de competencias diseñados de forma tal que el traspaso no implicara una ruptura significativa. A primera vista, esto no es necesariamente negativo: el Estado, en tanto garante de derechos, debe asegurar continuidad en la atención y capacitación permanente de sus trabajadores. Sin embargo, aquí emerge un dilema clave. Si el diagnóstico que justificó el fin del Sename fue la existencia de graves déficits estructurales —en prácticas, formación, gestión y cultura institucional—, entonces el simple traslado del personal, sin una transformación profunda, corre el riesgo de reproducir los mismos problemas bajo un nuevo rótulo.
Si el diagnóstico que justificó el fin del Sename fue la existencia de graves déficits estructurales —en prácticas, formación, gestión y cultura institucional—, entonces el simple traslado del personal, sin una transformación profunda, corre el riesgo de reproducir los mismos problemas bajo un nuevo rótulo.
El nuevo Servicio tiene la oportunidad —quizás única— de instalar en la agenda pública decisiones estratégicas que nunca se tomaron a tiempo: fortalecer de manera real las competencias de los funcionarios interventores; seleccionar y capacitar específicamente al personal de Gendarmería destinado a centros juveniles; y articular de forma efectiva los recursos del Estado para que la intersectorialidad deje de ser una consigna vacía y se convierta en una práctica operativa.
En teoría, este tipo de coordinación debiera ser abordada por expertos en eficiencia y gestión pública. En la práctica, el desafío es demostrar que esa lógica no se traduce en control y castigo, sino en políticas basadas en evidencia, orientadas al desistimiento delictivo y a la reinserción social.
No se trata solo de jóvenes infractores de ley. También están en juego la dignidad y las condiciones laborales de quienes trabajan en el sistema. Repetir errores del pasado no solo perjudica a los adolescentes privados de libertad, sino que expone nuevamente a los funcionarios a contextos precarios, violentos y mal gestionados.
El inicio del Servicio Nacional de Reinserción Social Juvenil marca un antes y un después. Estamos ante la posibilidad de hacer las cosas bien, pero también ante el riesgo de cometer un error histórico y creer que cambiar el nombre de una institución basta para cambiar su realidad. La reinserción social —espíritu central de la Ley de Responsabilidad Penal Adolescente— no se decreta. Se construye, con decisiones políticas, recursos adecuados y voluntad real de transformación.
Por Cristhián Orellana Mazuret
Universidad Central de Chile
Las expresiones emitidas en esta sección son de exclusiva responsabilidad de su autor(a) y no representan necesariamente las opiniones de El Ciudadano.
Sigue leyendo:
Hazte socio 👍
Con tu donación aportas a la sostenibilidad económica y existencia de este medio.
Elige cómo quieres aportar a la existencia y financiamiento colectivo de este medio!
Reveniu 
Relacionados
Boric finalmente designó a abogada Macarena Cortés Camus como directora de la Defensoría de Víctimas
Hace 2 semanas
