“Me sentí juzgada por el doctor y sumamente incómoda”: La objeción de conciencia sigue siendo barrera para el aborto legal

Por Camila Silva Cortés

Me sentí juzgada por el doctor y sumamente incómoda”: La historia de M.M expone los vacíos y obstáculos que enfrentan las mujeres en Chile al intentar interrumpir un embarazo permitido por la ley. Su testimonio, junto al de otras mujeres y activistas, evidencia las graves fallas del sistema y la urgencia de implementar el nuevo reglamento de objeción de conciencia que, después de un año de espera fue publicado.

Fue en la Cuenta Pública 2024 donde el Presidente Gabriel Boric anunció el ingreso a Contraloría del nuevo reglamento, el cual busca garantizar el acceso a la interrupción del embarazo bajo las tres causales, buscando que la objeción de conciencia no sea un obstáculo para acceder a esta ley.

¿Cuáles eran las normas del reglamento original?

El Decreto Supremo N°67 del año 2018 establecía las directrices para que profesionales e instituciones de salud pudieran ejercer la objeción de conciencia. Según el reglamento los objetores debían presentar una declaración por escrito ante la autoridad sanitaria correspondiente, donde debían señalar las razones de su objeción. Por otro lado, también indicaba la obligación de derivar a la paciente a otro profesional o institución que no fuera objetora y así, garantizar la continuidad de la atención. 

A pesar de lo anterior, el decreto tenía algunas falencias como la poca fiscalización al cumplimiento de las obligaciones, las derivaciones y la atención oportuna. Además, en algunas regiones del país se registro un alto porcentaje de profesionales e instituciones que se declararon objetores, dificultando el acceso efectivo al aborto legal. 

Mujeres no han podido hacer valer sus derechos respecto a la ley de aborto en  causales

M.M quedó embarazada producto de un abuso sexual a los 14 años cuando cursaba segundo medio. Al enterarse, dice haber quedado en “shock”,  con miedo y sin saber a quién contarle. M.M decidió recurrir a la entonces pareja de su padre, quien la acompañó al ginecólogo con el fin de buscar ayuda y poder interrumpir el embarazo bajo el marco de las tres causales.

Sobre el momento de la cita médica indicó que, “No sé si haya sido producto de mi edad, pero me sentí juzgada por el doctor y sumamente incómoda, ya que más que nada era otra persona (la pareja de mi papá) hablando por mí, que si bien fue la persona a la que se lo conté, no tenía gran confianza.”

Tras apelar a la interrupción del embarazo bajo la causal de violación, el doctor le comunicó que en esos casos debía hacerse una denuncia; sin embargo, M.M. no había querido contar quién había sido su abusador, por lo que decidió no proseguir con el procedimiento ya que no quería denunciar por miedo a las posibles consecuencias. 

Además, ella y su acompañante le pidieron al médico no oír los latidos ni ver imágenes, “de todas formas lo hizo y puso los latidos a todo volumen, además de comentarme que probablemente estaba embarazada de un niño”, agregó. 

M.M señaló haber sentido mucha rabia y  frustración por lo que buscó abortar por sus propios medios, “fue ahí donde conseguí unas pastillas intravaginales que compré por sesenta mil pesos, pero no funcionaron y la verdad yo tampoco tenía certeza de que era lo que había comprado”, relató. 

La afectada señaló haber comprado las pastillas a través de mensajería instantánea, “fue un whatsapp que me dio una amiga, ella tenía el dato de que esa persona vendía pastillas para abortar pero ella nunca las había comprado”.

“Cuando me realicé el test y vi que las pastillas que compré no habían funcionado sentí aún más frustración e incertidumbre de qué pasaría con mi vida después de tener un hijo a tan corta edad y no deseado, sentí mucho miedo y vergüenza de lo que diría mi familia y la gente en general”, explica.

Posteriormente, M.M. buscó ayuda en organizaciones feministas, pero finalmente decidió no proseguir con la interrupción de su embarazo, ya que a esa altura tenía un embarazo más avanzado y podía llegar a ser riesgoso.

Actualmente, M.M. tiene 20 años, está cursando la carrera de Marketing Digital y dice estar feliz con su hijo; sin embargo, siente que a ella le ha costado mucho más que a sus pares, ya que debe congeniar su vida universitaria con la maternidad. “Me da rabia no haber tenido las herramientas para que las cosas fueran de otra forma”, concluyó.

¿Cuáles son las cifras?

Aunque no se han publicado cifras oficiales para el año 2024, es posible analizar las estadísticas de años anteriores.

Informe 2022 de Corporación Humanas:

Según el informe publicado en 2022, de los 1.338 médicos obstetras contratados en hospitales públicos habilitados para realizar la interrupción voluntaria del embarazo (IVE), el 43% (576) se declararon objetores de conciencia en la causal de violación. En la causal de inviabilidad fetal, el 23,1% (309) objetó, y en la de riesgo vital de la madre, el 15,3% (205) se acogió a la objeción de conciencia.

Respecto a los médicos anestesistas, de un total de 924 profesionales, el 21,4% (198) se declaró objetor en la causal de violación, el 14,1% (130) en la de inviabilidad fetal y el 15,3% (141) en la de riesgo vital.

Entre los 1.601 profesionales no médicos que trabajan en pabellón, el 15,6% (250) objetó en la causal de violación, el 11,6% (186) en la de inviabilidad fetal y el 9,0% (144) en la de riesgo vital.

En cuanto a los 1.971 técnicos paramédicos de pabellón, el 12,9% (254) se declaró objetor en la causal de violación, el 11,3% (223) en la de inviabilidad fetal y el 10,0% (197) en la de riesgo vital.

Informe 2023 de Corporación Humanas:

El informe de 2023 reveló que, de los 1.274 médicos obstetras en hospitales públicos habilitados para realizar la IVE, el 45,8% (584) se declararon objetores de conciencia en la causal de violación, el 22,7% (289) en la de inviabilidad fetal y el 15,9% (202) en la de riesgo vital.

En el caso de los 953 médicos anestesistas, el 20,5% (195) objetó en la causal de violación, el 12,9% (123) en la de inviabilidad fetal y el 9,7% (92) en la de riesgo vital.

Entre los 999 profesionales no médicos de pabellón, el 12,7% (127) se declaró objetor en la causal de violación, el 9,8% (98) en la de inviabilidad fetal y el 7,7% (77) en la de riesgo vital.

Finalmente, de los 1.848 técnicos paramédicos, el 13,0% (240) objetó en la causal de violación, el 11,3% (208) en la de inviabilidad fetal y el 9,6% (177) en la de riesgo vital.

Por otro lado, el mismo documento declara que en cinco hospitales públicos, el cien por ciento de los y las obstetras se declararon objetores de conciencia en casos de embarazos por causal de violación. Los hospitales son: El Hospital de Santa Cruz, Región de O´higgins; los hospitales de Cauquenes y de Constitución, Región del Maule; el Hospital de Victoria, Región de La Araucanía y el Hospital de Puerto Aysén, Región de Aysén. 

Los informes revelan el alto porcentaje de objetores de conciencia que trabajan en hospitales públicos, y evidencian que la causal de violación concentra el mayor número de objetores, especialmente entre las y los médicos obstetras.

¿Qué modificaciones se realizaron con el nuevo reglamento?

En mayo de 2025, un año después del anuncio, se publicó la modificación al reglamento original de 2018, cuyos principales cambios fueron: en primer lugar, se estableció que los establecimientos de salud deben dar prioridad a la contratación de personal no objetor de conciencia, poniendo mayor foco en áreas donde el gran número de objetores ha limitado el acceso a la interrupción del embarazo bajo las tres causales.

 El reglamento también busca mejorar la transparencia implementando un sistema de registro público de objetores de conciencia, tanto individuales como institucionales; por último, se busca robustecer las obligaciones que tienen los objetores de derivar de manera oportuna y objetiva a las pacientes

Respecto al último punto, Bárbara Berríos (@sitaorgasmos), matrona y educadora sexual, quien ha trabajado tanto en el sistema público como privado, señaló: “Yo trabajo en una atención primaria, en un centro público. Cuando hemos tenido pacientes que hemos derivado por la ley de aborto en tres causales, y por ejemplo, la paciente trae una ecografía con una malformación incompatible con la vida, independiente de que yo sea objetora o no, tengo la obligación legal de informarle que ella se puede acoger a esta ley, y eso no está regulado porque las colegas que son objetoras no informan esto”. 

Bajo la misma línea, Bárbara Berríos contó una experiencia que tuvo cuando trabajaba en urgencias de la Clínica Vespucio: “Había una paciente que se había realizado un aborto por inviabilidad fetal y las colegas se negaron a atenderla post procedimiento. Entonces me llamaron a mí”. 

Ante la situación, Berríos les señaló a sus colegas que estaban equivocadas, ya que la objeción de conciencia se refiere a no realizar el aborto, pero que el personal, sea objetor o no, debe brindar cuidados pre y post aborto. “Ahí tú te das cuenta que nadie lo maneja, ni nadie te lo explica, porque en el fondo es algo que la jefatura debería haberles dicho”, agregó.

Otra de las experiencias relacionadas al tema que vivió en su trabajo como matrona fue la llegada de practicantes de la Universidad de los Andes, quienes en su totalidad son objetoras de conciencia, ya que la universidad así lo exige. 

Bárbara también agregó que las alumnas se niegan a colocar dispositivos intrauterinos y a brindar la pastilla del día después. “¿Qué matrona vas a sacar pensando que ellas creen que poner un dispositivo intrauterino es abortivo?, siendo que sabemos por todos los medios que no lo es. Entonces me parece un poco aberrante, porque estás formando matronas que van a venir a juzgar a las pacientes”, señaló al respecto.

Además, Berríos indicó que ella denunció esta práctica al Colegio de Matronas, ya que le parece una “falta gravísima”. “El tema de la objeción debería ser regulado en las universidades también, no solamente en las matronas tituladas. En este caso, por ejemplo, estas alumnas no tendrían por qué ser objetoras”

Por último, Berríos señaló que otra de las cosas que busca cambiar el reglamento es que, al momento de solicitar hora médica, se señale si el doctor, ya sea ginecólogo o matrona, es o no objetor de conciencia, “el objetivo es que tú tengas la opción desde el principio de decir: no voy a ir con esta matrona, con este médico, porque puedo pensar que no me van a dar la información correcta”, indicó.

Organizaciones feministas evalúan el reglamento: 

En conversación con El Ciudadano, Carolina Cisternas, directora de Proyectos en Observadoras de la Ley de Aborto (OLA), quienes se dedican a acompañar e informar a mujeres en el cumplimiento de la ley de aborto en tres causales, indicó sobre el nuevo reglamento que, “la primera evaluación es que un año de espera para un trámite administrativo que busca mejorar la atención de salud de mujeres y niñas es demasiado. Nuestra vida y velar por ella debe tener carácter de urgente”. 

También agregaron que, “estos cambios contribuyen, pero definitivamente no son suficientes. Se necesita más que la regulación de objeción de conciencia para garantizar el acceso a la ley de 3 causales. Se necesita revisar toda la obstrucción de derechos que existe en los servicios de salud y que no pasa necesariamente por los profesionales que se declaran objetores en el pabellón, sino que existen barreras personales, ideológicas, culturales y simbólicas, incluso desde la primera atención en los servicios de urgencia, donde se entrega información falsa y errónea respecto a la ley 21.030, logrando que mujeres y niñas desistan de solicitar la atención”.

A pesar de lo anterior, Cisternas señaló que, “en general, la modificación al reglamento es positiva. Incorpora la entrega de información previa respecto a la condición de objetor incluso en la primera consulta gineco-obstétrica. Esto permitirá a las mujeres saber desde el primer minuto si la persona que las está atendiendo es garante de derechos o no”

Asimismo indicaron que, “desde nuestra perspectiva, la medida más importante es que el reglamento instruye a los servicios públicos a priorizar la contratación de no objetores. Y este último punto es clave, porque es impresentable y alarmante la cantidad de objetores de conciencia en los servicios públicos que reciben su sueldo con dinero público. Es una contradicción tremenda. Casi el 50% de los ginecólogos son objetores en causal 3, eso es tremendo”.

Respecto al bajo índice de no objetores en regiones del país, desde OLA señalaron que: “Existen hospitales donde todos o la mayoría de sus ginecólogos y personal de pabellón se declaran objetores, por lo tanto, este reglamento que apunta con fuerza a la derivación, gestión de casos y fiscalización podría contribuir a que esas mujeres, niñas y personas trans que buscan un aborto, estando en alguna de las 3 causales, puedan acceder de acuerdo a lo que la ley señala”.

Por otro lado, la Coordinadora Feminista y Disidente de Tarapacá, quienes trabajan por la despenalización social y legal del aborto, y que además representan a organizaciones de mujeres y disidencias sexuales de Iquique y Alto Hospicio, señalaron a El Ciudadano que si bien, valoran el avance mantendran su movilización hasta lograr un ley que reconozca plenamente la autonomía reproductiva de las mujeres.

“Seguiremos movilizadas en las calles, en los espacios de incidencia y acompañando a quienes deciden interrumpir sus embarazos. Porque sin justicia reproductiva, no hay justicia social”, declararon. 

Además, mencionaron que la ausencia de fiscalización y sanciones concretas, convierten la objeción de conciencia en una barrera sistemática, especialmente en regiones como es el caso de Tarapacá. “En regiones con menor infraestructura hospitalaria o escasez de profesionales, como la nuestra, donde la ciudadanía pide un nuevo hospital y médicos especialistas, la objeción de conciencia agrava las desigualdades”. 

Igualmente indicaron que, “cuando un alto porcentaje de médicos se declara objetor, las mujeres y personas gestantes deben trasladarse a otras ciudades, enfrentando demoras que pueden hacer inviable el aborto dentro del plazo legal o exponiéndose a abortos inseguros. Esto afecta de forma desproporcionada a mujeres y personas gestantes de todas las condiciones, pero sobre todo a quienes viven en sectores rurales o se encuentran en situaciones de vulnerabilidad”, agregaron al respecto.

Asimismo, respecto a la causal de violación, la coordinadora señaló que quienes desean adherirse a la ley por causal de violación, deben relatar lo sucedido en entornos hostiles, muchas veces sin acompañamiento, ni trato digno, todo esto dentro de un plazo legal acotado. “Este proceso no solo es desgastante, sino que constituye una nueva forma de violencia institucional, ejercida desde el mismo sistema que debería protegerlas”.

De igual forma, desde la coordinadora indicaron que se debería reconocer el aborto libre como un derecho humano fundamental, además de eliminar la objeción de conciencia. También apuntaron al desarrollo de políticas públicas que garanticen condiciones reales para una maternidad verdaderamente voluntaria. “Un sistema que condena a mujeres y niñas a la pobreza intergeneracional no puede llamarse «pro-vida». La verdadera protección comienza por respetar la autonomía reproductiva como base indispensable para construir una sociedad justa”, concluyeron. 

Por último, la Colectiva Warmi Sisary desde la región de Atacama, también se pronunció al respecto. Sonia Flores Soto, su representante, señaló a El Ciudadano que, para bajar los índices de objetores, es primordial que el personal de salud desde que estudian en la universidad tenga ramos que enseñen sobre derechos humanos, donde se hable de la clase social de las mujeres.

“¿Cómo se las arregla una señora que tiene el sueldo mínimo, que claramente no se cuido porque no tuvo educación sexual, porque no tuvo apoyo familiar y un montón de cosas que las mujeres que somos pro aborto sabemos, porque las hemos conocido y porque somos de otra clase y porque lo convivimos a diario con nuestras compañeras, yo creo que esa es una falencia que hay en todas las instituciones, por que de ahí salen nuestros profesionales”, agregó.

Respecto a la realidad de su comuna, Diego de Almagro, indicó que ni siquiera existe conciencia sobre el tema, ya que las mujeres de escasos recursos no acuden a los servicios de salud y que la mayoría interrumpen el embarazo desde la clandestinidad. “Como que la gente de menos recursos se salta esta etapa, en el caso nuestro, hemos recibido más ayuda de mujeres acompañantes que del Estado”, concluyó.

En definitiva, casos como el de M.M evidencian que, mientras la criminalización continúe y la objeción de conciencia no cuente con la debida fiscalización, el derecho a decidir seguirá siendo un privilegio para algunas mujeres en lugar de un derecho garantizado para todas. 

Por Camila Silva Cortés