No es objeción, es castigo: denuncian barrera sistemática al aborto legal en víctimas de violencia sexual

El último Informe sobre Objeción de Conciencia 2024 de la Corporación Humanas reveló que la objeción de conciencia continúa siendo un obstáculo para las personas gestantes que desean interrumpir su embarazo en el marco de las tres causales, convirtiéndose en una barrera estructural que niega este derecho dentro del sistema de salud público.

Uno de los puntos más alarmantes del informe es que, a siete años de la entrada en vigencia de la Ley IVE, más del 40 % de las y los profesionales obstetras de hospitales públicos se declara objetor/a en la causal de violación, siendo esta la causal con mayor número de objetores en todos los equipos de salud.

Los porcentajes de objeción por esta causal son los siguientes: 41,6 % de las y los obstetras, 17,6 % de las y los anestesistas, 9,7 % de las y los profesionales de pabellón no médicos y 11,1 % de las y los técnicos paramédicos.

Datos alarmantes revelan que la objeción de conciencia por causal de violación se aplica de forma sistemática

El informe señaló que en 14 hospitales de nuestro país, la objeción de conciencia por causal de violación alcanza a más de dos tercios del equipo obstetra, restringiendo el acceso a la ley IVE gravemente.

Además, en los hospitales de Cauquenes, Constitución y Lautaro, la totalidad del equipo obstetra es objetor en la causal de violación, restringiendo totalmente el acceso a quienes requieren el servicio.

Por último, destacan como las regiones con mayor índice de objeción en esta causal O’Higgins (68,9%) y Maule (60%), lo que refleja una profunda desigualdad territorial y una vulneración del derecho basada en el lugar donde se habita.

La objeción de conciencia no debería representar una restricción al derecho de las pacientes. No obstante, en la práctica, el Estado no ha implementado medidas reales que garanticen la atención en todos los establecimientos de salud públicos, ni existe una fiscalización efectiva que dé cuenta del uso abusivo de la objeción.

Esta problemática perjudica mayormente a mujeres y niñas que han sido víctimas de violencia sexual, quiene a menudo no solo son revictiizadas por el sistema de sálud, sino que además, se ven imposibilitadas de recibir una atención médica de forma oportuna, libre de estigmas o juicios de valor. 

Desde Corporación Humanas proponen una regulación estricta y transparente del uso de la objeción de conciencia, tanto a nivel individual como institucional. Además, plantean la creación de mecanismos eficaces de fiscalización y sanción para quienes incumplan la ley.

También solicitan medidas urgentes que aseguren la equidad territorial, para que el lugar de residencia no sea un impedimento para el acceso a la interrupción del embarazo. Por último, enfatizan la importancia de reconocer el aborto como un derecho humano fundamental y un componente esencial del derecho a la salud y a una vida libre de violencia.

Constanza Schonhaut, directora ejecutiva de Corporación Humanas, señaló que “la modificación del reglamento es una oportunidad para subsanar las falencias que ha tenido la implementación de la ley. Mientras no se establezcan mecanismos eficaces de fiscalización y sanción frente a la objeción de conciencia, las barreras para acceder al aborto legal seguirán vigentes”

Cabe recordar que este año se ingresó al Congreso Nacional el proyecto de ley de aborto por plazos, siendo una oportunidad para avanzar en un marco legal que garantice la autonomía reproductiva de personas gestantes. A través de un comunicado, Corporación Humanas señaló: “llamamos al Congreso a abrir este debate con altura de miras, centrado en los derechos humanos, la evidencia y la urgencia de una legislación acorde a los estándares internacionales”.

Frente a estas barreras sistemáticas, Corporación Humanas exige una regulación transparente y mecanismos efectivos para garantizar el acceso real a la interrupción legal del embarazo, sin importar el lugar de residencia ni la objeción individual. La lucha por la autonomía reproductiva sigue siendo urgente y requiere un compromiso real del Estado para proteger los derechos humanos de todas las personas gestantes.