¿Tráfico de influencias?

Oficial de Gendarmería que investigó a sobrinos de coronel podría ser expulsado de la institución

El director nacional Jaime Rojas no ha querido recibir al afectado.

Por Matías Rojas

16/10/2017

Publicado en

Chile / Portada

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Compleja es la situación que vive el comandante de Gendarmería Alberto Jara San Martín, quien llevó a cabo la investigación que recomendó sancionar por supuestos hechos delictivos a dos familiares del coronel Patricio Torres Rodríguez, actual inspector operativo de la institución.

Como se recordará a partir de lo publicado por El Ciudadano en abril de 2016, el informe confeccionado por Jara en el Departamento de Análisis Penitenciario (DIAP) estableció que el cabo segundo Héctor Valdebenito Hernández impactó la camioneta Ford Ranger de su padre en el bandejón de la Autopista Central, dándose a la fuga, y que para no tener problemas con Carabineros, su hermano Juan, de grado teniente, lo habría suplantado.

Ambos involucrados son sobrinos políticos de quien era por entonces jefe de gabinete del director nacional Tulio Arce: su mano derecha, el coronel Torres.

El año pasado, en medio de distintas irregularidades vinculadas al posible abultamiento doloso de pensiones de retiro, y a petición expresa de la ministra de Justicia Javiera Blanco, Arce dejó el cargo, tormenta que Torres sobrevivió al punto de permanecer en el ente carcelario bajo la Subdirección Operativa ocupada hoy por el coronel Maurice Grimalt.

COPETES EN LA PENI

Cuando el comandante Alberto Jara sugirió derivar la indagación de los sobrinos de Torres al Ministerio Público, Grimalt subrogaba al coronel encargado del DIAP, el subdirector Freddy Larenas. En Gendarmería circula el comentario de que Grimalt, íntimo amigo y compañero de promoción de Torres, enfrió el documento en su escritorio para no adoptar medidas inmediatas.

Como sea, el caso terminó poniendo más problemas a Jara que a los hermanos Valdebenito. Ellos aún no son sancionados. Fuentes conocedoras del proceder interno de la institución revelaron a este medio que Jara pasó a transformarse de acusador en acusado, en relación con un hecho anterior a la pesquisa del DIAP y que hoy lo tiene con un pie fuera del servicio.

La historia se remonta a diciembre de 2013, cuando Jara se desempeñaba en la ex Penitenciaría de Santiago como jefe de régimen interno. Allí, al recibir información de un posible ingreso de alcohol al penal, solicitó cuentas al capitán de la oficina de seguridad, Enrique Muñoz, quien directamente vinculó el hecho a la llegada del dirigente de la ANOP Alberto Figueroa.

Creyendo en la versión proporcionada por el capitán Muñoz, Jara pidió abrir un sumario. Figueroa se resistió, acusando «manipulación» y falsedad en el relato cronológico del ingreso de alcohol realizado por los funcionarios. Lo anterior quedó expresado en una carta que el líder gremial envió al director nacional de la época, Marcos Fuentes Mercado, el 4 de febrero de 2014.

¿DESTITUCIÓN?

En su misiva, Figueroa señaló que «conforme a la delicada y reservada materia enunciada… se solicita a usted que la fiscalía instruida a realizar esta investigación, sea preferentemente de la Fiscalía Nacional o un funcionario de profesión abogado». Ello a fin de perseguir responsabilidades «tanto para los que informan el hecho, como los que denuncian a la Jefatura», indicó.

Dicho y hecho. En 2014 y 2015, el comandante Alberto Jara declaró como denunciante, lo que cambió en abril de 2016, coincidiendo con su salida del DIAP tras la investigación que efectuó a los sobrinos del coronel Torres.

A partir de esa fecha, comentan fuentes de Gendarmería, el trato con Jara fue otro: se le imputó formar parte de una supuesta confabulación para perjudicar la honra del presidente de la ANOP y deslindar responsabilidades de un cabo que sí estaba implicado en el asunto del alcohol.

El expediente habría culminado aplicando la destitución del comandante Jara, sin contemplar descargos o atender lo afirmado por distintos funcionarios que apoyan al oficial: que no hubo mala fe en creer lo que señaló en primera instancia la oficina de seguridad de la ex Penitenciaría. Hoy el caso espera la toma de razón de Contraloría.

Ante consultas de El Ciudadano, el Departamento de Comunicaciones de Gendarmería no quiso referirse al tema. Jara también ha solicitado audiencias con el director nacional Jaime Rojas, pero no ha sido recibido.

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