La concejala Carolina Valenzuela ha vuelto a poner en evidencia la corrupción en el municipio de Collipulli, en el último concejo municipal realizado el viernes 16 de enero de 2026. En esta ocasión, denunció al administrador municipal, David Araya, por un grave conflicto de intereses con un proveedor del municipio, Sebastián Garcés Garcés.
Garcés Garcés, quien además tiene una anotación prontuarial por coacción, está en proceso de divorcio y tiene como representante al abogado David Araya (causa C-295-2025 del Juzgado de Letras de Collipulli).
La concejala Valenzuela cuestionó, en primer lugar, cómo el administrador Araya, con un contrato por 44 horas y un pago mensual aproximado de $6.000.000, puede atender a sus clientes particulares durante las horas de trabajo. Además, apuntó al conflicto de intereses que se produciría con el proveedor, quien fue observado por Contraloría en la conocida causa del sobreprecio de los desfibriladores, situación que le costó la salida al Dideco y exadministrador municipal, Víctor Riquelme, hermano de la concejala en ejercicio Clara Riquelme.
A esto se suma la solicitud de renovación de patentes de alcoholes para el cliente del administrador Araya, Sebastián Garcés, lo que —según se indica— vuelve a poner al municipio bajo cuestionamientos, ya que la esposa de Garcés no estaría de acuerdo con la renovación de dichas patentes.
Además, la concejala Valenzuela sostiene que ha sido amenazada por el administrador Araya y por el alcalde Macaya, a través de redes sociales, tergiversando antecedentes que existirían en el propio municipio, lo que habría generado indignación en la comunidad. ¿Hasta cuándo seguirán los tribunales y la Contraloría ocultando las irregularidades en el municipio?
Recordemos que la Contraloría Regional de Los Ríos emitió un pronunciamiento sobre un abogado contratado por una corporación municipal que también desempeñaba funciones en la municipalidad durante su horario laboral. Según Contraloría, esto contraviene el principio de probidad administrativa. La Ley N° 18.575 establece que los servidores públicos pueden ejercer libremente cualquier profesión u oficio, siempre que sea conciliable con su posición en la Administración del Estado y se desarrolle fuera de la jornada laboral, para no perturbar el cumplimiento de sus deberes.
En un caso similar, la Contraloría de Talca destituyó a una asesora y funcionaria municipal por asistir a audiencias particulares en línea durante su horario laboral, lo que fue considerado una falta grave. Estos casos —según explica la concejala— demuestran el compromiso de la Contraloría en asegurar la transparencia y la probidad en la administración pública.
La interrogante es si la Contraloría de la Región de La Araucanía podrá llegar hasta este municipio y revisar dichos antecedentes. No olvidemos que, en la causa RUC 2310033770-3, RIT 727–2023, del Juzgado de Letras y Garantía de Collipulli, por los delitos de falsificación de instrumento público, uso malicioso de documento público falsificado y prevaricación administrativa, se encuentran formalizados dos funcionarios municipales; uno de ellos, nada más y nada menos que el jefe de seguridad municipal. Además, se ha sumado como querellante el Consejo de Defensa del Estado.
Sumado a eso, la nueva jueza de Policía Local, quien ganó la terna para ocupar el cargo —encontrándose en tercer lugar y sin la experiencia de las primeras—, es hija del abogado Luis Egisto Mencarini Neumann, miembro del TER Araucanía, donde actualmente se tramita el requerimiento de remoción por notable abandono de deberes de alcalde y falta grave a las normas sobre probidad administrativa contra el alcalde Manuel Macaya. La concejala agrega que, sin inhabilitarse, la máxima autoridad edilicia provee las presentaciones. También sostiene que el abogado Fernando René Cartes Sepúlveda, defensor del alcalde, actúa como miembro de la Corte de Apelaciones de Temuco y participa en recursos de protección que se presentan contra el alcalde Macaya. ¿Cómo se llama esto… y nadie dice nada?
