Otro fallo de impunidad: Corte rechaza recurso contra Ministro de Justicia por rebajar pena a condenado por delitos de lesa humanidad

La Tercera Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago rechazó el recurso de protección presentado por la hermana de un detenido desaparecido, en contra del ministro de Justicia y Derechos Humanos Hernán Larraín Fernández, por la rebaja de pena otorgada a uno de los condenados en el caso y quien también está vinculado a otras causas por delitos de lesa humanidad.

Se trata de un recurso interpuesto por la hermana de Julio Muñoz Otárola, uno de los 5 detenidos desaparecidos de 1987 y, cuyo condenado en la causa, el ex CNI Rodrigo Pérez Martínez, fue beneficiado por el gobierno, pese a estar condenado a  5 años y un día en calidad de cómplice también de los secuestros calificados de otras cuatro víctimas.

El agente había sido anteriormente condenado en el episodio “Operación Albania”, recibiendo una pena remitida por el homicidio calificado de doña Patricia Quiroz Nilo, quien se encontraba embarazada.

Pese a estos antecedentes, el tribunal consideró que en dichos beneficios no existieron actos ilegales ni arbitrarios, como se plantea en el recurso, por vulnerar el derecho a la integridad psíquica de las víctimas. Para ello, la Corte,  se basó en Ley Nº 19.856, legislación pensada para delitos comunes, sin analizar y considerar el Derecho internacional ni otras normativas.

Para el abogado Francisco Bustos, del Estudio Jurídico Caucoto Abogados, patrocinadores de la acción judicial, es lamentable que “estemos ad portas de un nuevo aniversario del golpe de Estado y otra vez tenemos un fallo de impunidad donde no se consideran ni la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas, la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas, la Convención Americana sobre Derechos Humanos y ni el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional”.

Bustos manifestó que “el único interés de la familia es que la pena de 5 años y un día impuesta, pudiera cumplirse considerando la gravedad de los crímenes. Nada más, pero tampoco nada menos. Tratándose de crímenes de lesa humanidad existen deberes estatales en orden a investigar, juzgar y sancionar con penas efectivas estos ilícitos”.

Además, lo que agravaría más la situación, agrega el abogado, es que Pérez Martínez viene desde el año 2018 solicitando el beneficio de la libertad condicional, pero le ha sido rechazado por la propia Corte Suprema. Por ello, Bustos informó que ya apelaron a la resolución y ahora será la Corte Suprema quien la tramite.

“Esperamos que el máximo tribunal pueda acoger nuestro recurso, reafirmando la primacía del Derecho Internacional tratándose de crímenes de lesa humanidad, y pueda poner coto a estos beneficios que el señor Ministro de Justicia ha concedido entre gallos y medianoche”, cerró el profesional.

De acuerdo a la información disponible en el Museo de la Memoria, el 1 de septiembre de 1987 fue secuestrado en su domicilio en la Comuna de La Reina, en Santiago, el Coronel de Ejército Carlos Carreño, ingeniero de FAMAE, por un grupo del FPMR. A las pocas horas se generalizan en Santiago una serie de operativos del CNI y de fuerzas de seguridad que actúan conjunta y coordinadamente, con efectivos policiales, para dar con su paradero.

En los días siguientes los operativos tipo rastrillo para ubicar al coronel secuestrado, se extienden a toda la región metropolitana. En el marco de estos operativos son detenidos, por efectivos del CNI, cinco jóvenes militantes del PC, que aparecen vinculados al FPMR.

Ellos son, el ingeniero José Julián PEÑA MALTES, detenido el 9 de septiembre de 1987, el técnico Julio Orlando MUÑOZ OTAROLA, detenido en la vía pública el 9 de septiembre de 1987, al igual que el tornero mecánico Manuel Jesús SEPULVEDA SANCHEZ, detenido después de las 19:00 horas del 10 de septiembre de 1987, luego de salir de su domicilio en Santiago, el técnico automotriz, Alejandro Alberto PINOCHET ARENAS, detenido ante testigos en la vía pública en un vasto operativo el 10 de septiembre de 1987; y el mueblista Gonzalo Iván FUENZALIDA NAVARRETE, detenido entre el 9 y el 10 de septiembre de 1987, luego que agentes de la CNI el 3 de septiembre del mismo año allanaran el domicilio de su novia y llegaran preguntando por un apodo de la víctima.

El arresto de estas personas fue negado por las autoridades y la jefatura de la CNI, perdiéndose su rastro hasta ahora, por lo cual, de acuerdo a la Comisión Rettig, “todas desaparecieron por obra de agentes estatales, o de personas al servicio de éstos, quienes violaron así sus derechos humanos“.