Por Leopoldo Lavín Mujica
En el debate público chileno, saturado de ruido coyuntural —indultos, polémicas comunicacionales, tensiones entre poderes del Estado—, la extrema derecha gobernante intenta instalar sus propios términos de evaluación con temas en apariencia virtuosos tipo: orden público, control migratorio, equilibrio fiscal, confianza de los mercados.
Son sus banderas naturales, los ejes que le permiten disputar sentido común. Sin embargo, existe una verdad incómoda para cualquier administración, sea de derecha o izquierda, y es precisamente el punto ciego del discurso que Claudio Alvarado —el ‘Pánzer’ del gobierno de Kast, según el análisis de Paul Walder en El Clarín de Chile (15 de marzo de 2026)— ha expresado con su énfasis en el «carácter» y la firmeza como virtudes políticas supremas.
Esa verdad es simple, porfiada y democráticamente ineludible: un gobierno será evaluado siempre a partir del nivel de vida de la población. No desde los titulares de prensa ni desde las declaraciones de intenciones, sino desde la experiencia cotidiana de las personas.
El acceso real a educación de calidad, el monto de las pensiones que alcanzan para vivir con dignidad, la posibilidad de atenderse en salud pública y gratuita sin esperar años, el sueño de la vivienda propia y, de manera fundamental, la existencia de salarios justos que permitan vivir sin estrechez, son lo que realmente importa; el criterio fundamental que define, en la percepción ciudadana, si un gobierno es bueno o malo.
Lo que la derecha evade
La derecha chilena, en sus distintas versiones —desde el neoliberalismo puro de Juan Andrés Fontaine hasta el pragmatismo electoral de Juan Pablo Lavín, pasando por el republicanismo de extrema derecha y doctrinario de José Antonio Kast—, ha intentado sistemáticamente desplazar el eje de la evaluación gubernamental hacia otros terrenos.
Para Fontaine, en entrevista con Jaime Troncoso R. el 11 de marzo, el éxito se mide en términos de «credibilidad fiscal» y «confianza de los mercados». Para Lavín, según escribió Alfonso Peró en su análisis, la clave está en la gestión de expectativas y en evitar «batallas culturales» que desgasten al gobierno. Para Alvarado, como revela la entrevista analizada por Walder, el «carácter» y la capacidad de «no pedir permiso» se convierten en virtudes en sí mismas.
Gerardo Varela, exministro de Piñera, agregó en el podcast de El Líbero (10 de marzo de 2026) que «va a haber una oposición muy fragmentada y es una oportunidad para armar mayoría y avanzar en una agenda ambiciosa».
Pero ninguna de esas varas de medir resiste el juicio de la historia reciente. La Rebelión Social de Octubre de 2019 no fue un «estallido» sin causa: fue la expresión histórica de décadas en que las promesas de bienestar —el «crecimiento» con desarrollo social que algún día llegaría, la «modernización» que eventualmente beneficiaría a todos— se revelaron como lo que eran: promesas incumplidas.
La ciudadanía no salió a las calles porque la regla fiscal se hubiera vulnerado o porque faltara «carácter» en La Moneda. Salió porque, a pesar de trabajar, no podía llegar a fin de mes; porque sus pensiones eran una condena a la pobreza; porque esperar una operación podía significar la muerte; porque ser joven en Chile significaba asumir deudas impagables para estudiar, porque un país no es ‘Nación’ si no hay un sentimiento de compartir bienes comunes públicos y de desarrollo según el interés general.
El sello neoliberal: Ajuste fiscal como dogma, derechos como gasto
El gobierno de Kast no solo ha heredado el diagnóstico económico de la ortodoxia neoliberal, sino que lo ha convertido en eje estructurante de su gestión.
Juan Andrés Fontaine lo expresó sin ambages en su entrevista con Jaime Troncoso: «Reducir la carga tributaria a las empresas es una medida muy necesaria, porque el impuesto corporativo elevado es un obstáculo para el ahorro y la inversión». En esa lógica, el bienestar de las mayorías queda supeditado a la «confianza de los mercados», y los derechos sociales se transforman en «gasto» que debe ser ajustado.
El equipo económico, liderado por Jorge Quiroz —el ‘zar económico’ según el análisis de J.P. Salaberry—, ya ha fijado metas concretas: crecer al 4%, un ajuste de US$6.000 millones en 18 meses y destrabar proyectos de inversión paralizados.
La minuta de la OPE (*) enviada a los futuros ministros refuerza este mensaje: «No vamos a cambiar las reglas en medio del partido. No vamos a usar la regulación para ahogar a los emprendedores».
El problema es que, en esta visión, «no ahogar a los emprendedores» parece significar «postergar las demandas de los trabajadores». El «realismo fiscal» que esgrime Claudio Alvarado se convierte así en una coartada perfecta para no abordar las transformaciones que la ciudadanía demanda: mejores pensiones, salud oportuna, vivienda digna, salarios justos.
La justicia social como el mejor antídoto contra la inseguridad
Ahora bien, la experiencia histórica y la evidencia más elemental demuestran que la seguridad duradera solo se construye sobre la base de la justicia social.
Un país donde las pensiones alcanzan para vivir con dignidad, donde la salud no se mide en años de espera, donde la vivienda propia deja de ser un sueño inalcanzable, donde los salarios permiten vivir sin estrechez y donde la educación abre puertas en lugar de hundir en deudas, es un país donde la violencia y la delincuencia encuentran terreno árido.
Porque la desigualdad no solo indigna: genera las condiciones materiales para que el delito crezca, para que los jóvenes pierdan la esperanza, para que el tejido social se desgarre, para que el narco y la corrupción prosperen.
El gobierno de Kast, con su énfasis en la «mano firme» y el «carácter», acierta al diagnosticar el malestar por la inseguridad que el poder de la mediocracia sobre las consciencias ha construido, pero yerra al proponer un tratamiento que ignora las causas profundas. La firmeza sin justicia es apenas represión; el orden sin dignidad es orden frágil.
Como advirtió el experto de derecha Juan Pablo Lavín, la «mayoría prestada» que llevó a Kast al poder no votó solo por seguridad: votó por una vida mejor. Y como enseñó la Rebelión Social de 2019, cuando las promesas se incumplen y la justicia se posterga, la paz social termina inevitablemente quebrándose.
La verdadera seguridad no se construye con más cárceles ni con fronteras blindadas: se construye con derechos garantizados, con bienestar distribuido, con la certeza de que el Estado está ahí para proteger, sí, pero también para asegurar una vida digna.
Lo que la izquierda debe insistir y por lo que debe luchar
En ese contexto, la tarea de la izquierda no puede reducirse a la denuncia coyuntural ni a la resistencia testimonial. Debe levantar con claridad el criterio que realmente importa y que, además, constituye el corazón del malestar ciudadano y la fuente de legitimidad de cualquier gobierno.
Primero, insistir en que el nivel de vida no es un tema secundario ni postergable. Frente al discurso de la «emergencia» y del «decisionismo» por decreto que instala el gobierno de Kast —emergencia en seguridad, emergencia fiscal, emergencia migratoria—, la izquierda debe recordar que hay emergencias más profundas y silenciosas: la emergencia de quienes no pueden pagar el arriendo, la emergencia de quienes se jubilan con pensiones de hambre, la emergencia de quienes mueren esperando en listas de espera.
Esas emergencias no aparecen en las minutas de la OPE ni en los discursos de «mano firme», pero definen la vida real de las mayorías.
Segundo, luchar porque el Estado asuma la garantía de los derechos sociales como su función principal. El «realismo fiscal» que esgrime Claudio Alvarado —y que Juan Andrés Fontaine refuerza con su obsesión por la austeridad— no puede convertirse en una coartada permanente para postergar lo urgente. La izquierda debe instalar la idea de que la política fiscal no es un fin en sí mismo, sino un instrumento al servicio del bienestar.
Si hay restricciones, deben explicarse con transparencia, pero también debe transparentarse que esas restricciones son el resultado de opciones políticas: décadas de privilegios tributarios para las grandes empresas, de evasión y elusión, de un Estado que se achicó para que el mercado ocupara todos los espacios.
Tercero, agrupar fuerzas en torno a demandas concretas y medibles. La izquierda ha pecado a menudo de abstracción: «Cambiar el modelo», «transformaciones estructurales», «nueva Constitución». Son banderas necesarias, pero insuficientes si no se traducen en mejoras tangibles en la vida cotidiana.
Aquí la agenda debe incluir:
- Salario digno: Que ningún trabajador que labore jornada completa gane menos de lo necesario para cubrir necesidades básicas. Esto implica no solo aumentos del salario mínimo, sino políticas activas de fortalecimiento de la negociación colectiva y reducción de la precariedad laboral.
- Pensiones dignas: Terminar con las AFP y defensa irrestricta de un sistema de reparto solidario que garantice jubilaciones por sobre la línea de la pobreza. El sistema de capitalización individual ha fracasado, y cualquier reforma que lo «consolide» —como promete el gobierno de Kast— es una traición a quienes han cotizado toda una vida.
- Salud oportuna: El fin de las listas de espera como política de Estado, con inversión real en infraestructura y personal, y con una concepción de la salud como derecho, no como negocio.
- Vivienda digna: Políticas habitacionales que no se limiten a subsidios que endeudan a las familias, sino que garanticen el acceso a la vivienda como un derecho, con estándares adecuados de calidad y ubicación.
- Educación como derecho: Desde la sala cuna hasta la universidad, con gratuidad real y calidad garantizada, entendiendo que la educación no es un bien de consumo sino la base de la igualdad de oportunidades.
La unidad como condición de posibilidad
La izquierda chilena enfrenta un escenario complejo en un entorno mundial difícil con un Imperialismo agresivo. El gobierno de Kast quiere mostrar una capacidad de disciplina y coordinación que la centroizquierda no tuvo.
Su «Segundo Piso» —liderado por Alejandro Irarrázaval, según el análisis de J.P. Salaberry— operaría con eficiencia, su comunicación es centralizada y sus prioridades están claras. Frente a eso, la dispersión y la fragmentación son el peor enemigo. Lo más importante es que cuentan con una batería de medios adictos pues son propiedad de oligarcas.
Por eso, la convocatoria debe ser amplia pero firme: se trata de agrupar fuerzas no en torno a siglas ni liderazgos personales, sino en torno a esta agenda de justicia social.
Los partidos de izquierda, los movimientos sociales, las organizaciones sindicales, las asambleas territoriales, deben encontrar un piso común en estas demandas que son, al mismo tiempo, mínimas y máximas: mínimas porque son el umbral de la dignidad; máximas porque su realización implica transformaciones profundas.
La advertencia de los propios analistas de derecha
Resulta revelador que incluso analistas cercanos al gobierno hayan advertido sobre los riesgos de ignorar estas dimensiones.
Juan Pablo Lavín lo expresó con claridad en su análisis con Alfonso Peró: el 58% que llevó a Kast al poder no es un «bloque ideológico coherente», sino «una mayoría prestada, pragmática y de paciencia corta».
Esa mayoría no votó por una doctrina; votó por soluciones a problemas concretos. Si el gobierno se enreda en batallas simbólicas o culturales —como los indultos a condenados por violaciones a derechos humanos, o las tensiones con Bachelet— y descuida las demandas materiales, esa mayoría prestada se evaporará.
Una mirada p’al norte hace bien: Trump y los MAGA se encuentran en aprietos para ganar las elecciones de medio mandato en noviembre debido al alza del costo de la vida y a promesas incumplidas. Una derrota del Partido Republicano de Trump repercutirá en Latinoamérica, debilitando a las ultraderechas.
Pepe Auth fue más allá en el podcast de El Líbero (10 de marzo de 2026), junto a Gerardo Varela: el gobierno de Boric fracasó porque prometió transformaciones y no pudo realizarlas. Pero la advertencia implícita para Kast es que el fracaso también puede venir por el lado opuesto: por no prometer nada o por postergar indefinidamente las transformaciones que la ciudadanía espera. La «realidad fiscal» no puede ser un argumento eterno.
Juan Andrés Fontaine, desde su ortodoxia neoliberal en la entrevista con Jaime Troncoso (11 de marzo), cree que el ajuste fiscal y la confianza de los mercados son suficientes. Pero la historia reciente muestra que los mercados pueden estar tranquilos mientras las calles arden. La estabilidad no se construye solo con equilibrios macroeconómicos; se construye con bienestar distribuido.
Conclusión: La batalla por el sentido común
La extrema derecha gobernante intentará instalar sus propios criterios de evaluación. Querrá que hablemos de «carácter», de «orden», de «confianza de los mercados», de «control migratorio». La izquierda debe tener la claridad para no caer en esa trampa y para insistir, una y otra vez, en lo que realmente importa: ¿Mejora o no mejora el nivel de vida de la mayoría?
Esa insistencia no es un ejercicio retórico. Es una batalla por el sentido común, por definir de qué hablamos cuando hablamos de buen gobierno.
Y es, sobre todo, una batalla por la esperanza: la esperanza de que es posible vivir sin estrechez, de que la vejez puede ser digna, de que la salud no es un privilegio, de que los hijos pueden estudiar sin que eso signifique hipotecar el futuro.
Pero también es la batalla por demostrar que la seguridad y la justicia social no son opuestas, sino las dos caras de una misma moneda: la moneda de la dignidad. Porque un país verdaderamente seguro es aquel donde las personas no solo caminan sin miedo por las calles, sino que también pueden proyectar su vida sin angustia, sabiendo que el trabajo dignifica, que la pensión alcanza, que la salud acompaña y que la educación abre caminos.
Por eso, en esto, la izquierda debe insistir. Por esto debe luchar. Y para esto debe agrupar fuerzas. Porque, como enseñó la Rebelión Social de 2019, cuando las promesas se incumplen sistemáticamente, cuando el nivel de vida se deteriora o se estanca, la paciencia se agota.
Y entonces, como dijo Paul Walder al analizar el estilo de Claudio Alvarado en El Clarín de Chile (15 de marzo de 2026), el gobierno puede tener «carácter», pero si no tiene resultados en la vida cotidiana, ese carácter será apenas una pose, y el orden que intenta imponer será, en el mejor de los casos, frágil. En el peor, será el preludio de una nueva rebelión.
Leopoldo Lavín Mujica
NOTAS
(*) OPE es la Oficina del Presidente Electo. Es la estructura transitoria que opera entre la elección y la asunción del mando, encargada de coordinar el traspaso de poderes, diseñar los equipos de gobierno y preparar las primeras medidas de la nueva administración. En el caso de Kast, la OPE tuvo un rol central en la definición del gabinete, la elaboración de la minuta comunicacional que citamos y el diseño del «Segundo Piso» liderado por Alejandro Irarrázaval.
Fuentes citadas:
- Juan Andrés Fontaine: Entrevista con Jaime Troncoso R., 11 de marzo de 2026.
- Juan Pablo Lavín: Análisis de Alfonso Peró, marzo de 2026.
- Pepe Auth y Gerardo Varela: Podcast «Política para Adultos» de El Líbero, 10 de marzo de 2026.
- Paul Walder: Análisis en El Clarín de Chile (elclarin.cl), 15 de marzo de 2026.
- J.P. Sallaberry: Análisis sobre el Segundo Piso de Kast, marzo de 2026.
- Minuta de la OPE: Documento filtrado a Ex-Ante, marzo de 2026.
