DECLARACIÓN PÚBLICA
Asociación de Funcionarias y Funcionarios del Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género
Santiago, 21 de enero de 2026
Judith Marín (Partido Social Cristiano) llega al Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género con un currículum político que no es neutro, en 2025 planteó públicamente que el Ministerio debía “evaluarse” y no descartó su eliminación o fusión como parte de una disminución del gasto estatal.
Es indispensable recordar que esta institucionalidad no es un símbolo ni un “lujo”: es una política de Estado construida por más de 35 años, sostenida por el trabajo de miles de mujeres, equipos técnicos y territoriales, y por la participación persistente de organizaciones de la sociedad civil — feministas, comunitarias, sindicales, de derechos humanos y territoriales— que han empujado su creación y robustecimiento para que el Estado responda frente a la desigualdad y la violencia.
El problema no es su fe ni su identidad personal. El problema es que entiende por “política para las mujeres” alguien que, antes de asumir, puso en duda la existencia misma de la institucionalidad que ahora dirige. En Chile, el Ministerio no es un símbolo: es la puerta de entrada política para coordinar programas que se ejecutan a nivel territorial (a través de SernamEG) y que sostienen, en la práctica, la supervivencia y la autonomía de las mujeres en situaciones límite.
Cuando desde el poder se instala la idea de que la institucionalidad “quizás no funciona” y se abre la puerta a fusionarla, reenfocarla o recortarla, el mensaje que recibe la primera línea (centros, residencias, equipos) es brutal: su trabajo puede quedar subordinado a la austeridad o a prioridades políticas que no ven los problemas cotidianos.
Y aquí aparece una tensión imposible de ignorar. Marín se ha posicionado con claridad contra el aborto, y su entorno político-religioso ha hecho de ese tema un campo de movilización. Pero en Chile el aborto en tres causales es ley desde 2017 (riesgo vital, inviabilidad fetal letal y embarazo por violación).
¿Qué pasa cuando la autoridad llamada a garantizar “equidad de género” está políticamente alineada con restringir —o moralizar— decisiones que afectan de manera desproporcionada a mujeres pobres, rurales, adolescentes y sobrevivientes de violencia sexual? Pasa lo de siempre: las que tienen recursos resuelven en silencio; las que no, pagan con salud, con riesgo, con clandestinidad o con maternidades forzadas.
Y ojo: no siempre se socava una institucionalidad mediante un recorte explícito. A veces es más simple y dañina: despriorizar, dilatar, reemplazar el enfoque de derechos por uno de “familia” y “valores”, o transformar un ministerio en un aparato ornamental sin capacidad para impulsar la coordinación intersectorial (salud, justicia, educación, trabajo).
Cuando eso ocurre, la política pública deja de mirar la desigualdad estructural y comienza a mirar “conductas individuales”. Y adivina quién queda culpable: la mujer que “no denunció bien”, la que “eligió mal”, la que “no se cuidó”, la que “no se esforzó lo suficiente”.
Tampoco hay que olvidar que el discurso público de Marín ha estado marcado por referencias a una “crisis moral” y por una fuerte impronta religiosa. Ese marco no es neutral. Históricamente, los enfoques moralizantes han reforzado estereotipos de género que ubican a las mujeres como responsables del cuidado, la familia y la cohesión social, incluso a costa de su propia seguridad y autonomía.
Cuando esos supuestos se filtran en la política pública, se debilitan las estrategias de prevención de la violencia, se relativiza la violencia psicológica y económica, y se desplaza la responsabilidad del agresor y del Estado a la conducta individual de las mujeres. La experiencia muestra que, en esos contextos, las mujeres denuncian menos, acceden menos a apoyo y permanecen más tiempo en relaciones violentas.
Por último, señalamos que el riesgo político de este nombramiento no recae solo en Judith Marín. Es lo que habilita, como señal de época, que el Estado, en este caso el gobierno de Kast, pueda tratar los derechos de las mujeres como un ítem discutible, prescindible, “fusionable”. Y eso, en un país donde decenas de miles buscan ayuda cada año, no es un debate técnico: es una decisión con costos humanos.
Por todo lo anterior, exigimos a la ministra y al Ejecutivo compromisos públicos, verificables y con plazos claros para: (1) fortalecer —y no debilitar— la red territorial y los equipos que sostienen la respuesta del Estado; (2) asegurar continuidad presupuestaria y técnica de programas de prevención y atención; (3) resguardar el enfoque de derechos, la autonomía de las mujeres y la coordinación intersectorial; y (4) garantizar el cumplimiento íntegro de la legislación vigente y de los estándares de derechos humanos aplicables.
Como directiva de la Asociación de Funcionarias/ios del Ministerio de la Mujer y la Equidad de género, estaremos muy atentas, ya que en política pública las señales importan.
Cuando se relativiza la institucionalidad que protege a quienes viven en mayor riesgo y desigualdad, no se ahorra: se pierde. Porque si el Estado se retira, ese gasto se traslada en costo a las mujeres más pobres. Y ese costo se paga con vidas, con libertad y con futuro para las nuevas generaciones de niñas y adolescentes.
Paulina Cid V, presidenta
Sandra Moya C, secretaria
Directiva Asociación de Funcionarias y Funcionarios del Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género
