Recorte del 3% del área Salud: La atención primaria debe prepararse para enfrentar un verdadero y triste desastre, no una «emergencia»

Por Fabricio González Berríos, presidente de Confusam Región de Valparaíso

La atención primaria de salud viene enfrentando desde el fin de la pandemia un escenario adverso, crudo y desesperanzador.

La reducción sistemática de los presupuestos, el congelamiento del per cápita por dos años consecutivos y la disminución de las dotaciones que crecieron sostenidamente para cubrir áreas sensibles de los centros de salud durante la pandemia del COVID, han generado un aumento en la carga laboral y la disminución evidente de la calidad de los servicios, sobre todo en las zonas más vulnerables del país.

El cambio de gobierno, por cierto, nunca tuvo altas expectativas. La estrategia macroeconómica del equipo del expresidente Boric, encabezada por su ministro de hacienda Mario Marcel, fue estabilizar la macroeconomía, que presentaba negativos indicadores como la inflación cercana al 12% heredada del gobierno de Sebastián Piñera, y que impactaba directamente en la capacidad adquisitiva de las familias.

A través de una clásica receta neoliberal, se redujo el gasto público y se aumentó la disciplina fiscal, por lo que en algunas áreas sensibles como la sanitaria estos ajustes impactaron negativamente. La falta de personal y la dificultad de los servicios para adquirir insumos y medicamentos fueron habituales desde el año 2023.

Ahora, con el nuevo gobierno que durante toda su campaña erigió al sector público y a sus funcionarios como grasa parasitaria, y que además prometió reducir los impuestos a los grandes consorcios nacionales y transnacionales, haciendo que el estado recaude cada vez menos recursos, la esperanza de contar con un presupuesto superior y más amplio, es casi nula.

Por lo mismo, no sorprende la noticia del recorte del presupuesto nacional en un 3%, a través de la circular N°12 despachada por el nuevo ministro de hacienda, sr. Jorge Quiroz (empresario involucrado en la colusión de los pollos); recorte que bordearía los 517 millones de pesos sólo en el sector salud, sin contar educación, vivienda y otras áreas involucradas con determinantes sociales de salud que, si bien no responden a la organización formal del sistema sanitario a través del Minsal, sí tendrán impacto en la salud de las personas ya que modifican y precarizan condiciones sociales y económicas.

Tal cual lo anuncia la circular, los años venideros estarán marcados por una pérdida permanente, como ya lo hemos venido asumiendo, de derechos y condiciones laborales para las funcionarias y funcionarios de salud que tendrán que adaptarse a situaciones como: la modificación de ley de licencias médicas, que lamentablemente castiga al trabajador o trabajadora enferma; el no reemplazo a funcionarios con licencia, dando la responsabilidad a los equipos de salud en redistribuir sus tareas; la disminución gradual de las dotaciones comunales producto del congelamiento de contrataciones y no reemplazos de las vacantes dejadas por nuestros compañeros que se acogen a retiro; la eliminación de programas de reforzamiento de la APS que no cumplen con el ‘impacto’ o resultados (productividad) por el cual existen; priorización de las inversiones que termina en retrasos de la renovación e implementación de nuevas infraestructuras para los Cesfam de todo el país y por los cuales funcionarios y la comunidad han esperado por años.

Ante esta fatídica, desesperanzadora y restrictiva realidad: ¿Podemos cumplir los funcionarios de APS con las obligaciones, responsabilidades y la entrega del cuidado y del derecho a una salud digna a las personas que viven en Chile?

La respuesta es contundente. La APS desde la pandemia demostró que posee una particularidad, tenemos flexibilidad para adaptarnos a escenarios complejos y realidades difíciles, ya que existe una mística y compromiso inalienable con la salud pública del país, que va desde adaptarse a atender en boxs que no cuentan con las condiciones mínimas de habitabilidad, a cuidar la vida y la salud de las personas en catástrofes, como lo demostraron los incendios en Viña del Mar y Bio-Bio en los últimos años.

Sin embargo, desmantelar la APS como se pretende hacer a través de recortes presupuestarios, disparará ineludiblemente los indicadores epidemiológicos del país, los cuales han sido reconocidos internacionalmente por estar controlados por una red sólida y única en Suramérica.

Esto afectaría la calidad de vida de las personas y de las comunidades, inyectándole mayor presión al sector secundario, con miles de descompensados de patologías cardiovasculares en el país, entre otras patologías que son de control primario, desembocando así en un desastre sanitario, previsible y evitable.

Hoy las trabajadoras y trabajadores afiliados a la Confusam tenemos una mayor responsabilidad: resguardar a la APS y nuestros derechos laborales, consagrados en el estatuto de atención primaria y que han garantizado un piso mínimo de calidad y estándar de atención para las comunidades que se atienden en los Cesfam.

Es el momento de hacerse cargo de los efectos que tiene un gobierno con las características del que se eligió. Sabemos perfectamente que detrás de un proceso de precarización viene consigo una ola privatizadora, a la cual no podemos darle ni un centímetro de espacio.

Las sociedades médicas tienen una historia de presión sostenida por ocupar espacios en la atención primaria, y escenarios de crisis y de municipios endeudados y moribundos financieramente, son el caldo de cultivo para que el negocio de la salud entre a jugar en el sector público.

La posibilidad de entregarle la administración de nuestros dispositivos y Cesfam al sector privado sí podemos calificarlo como Emergencia, pues desarticularía el sistema de salud tal cual lo conocemos hasta ahora; configurando un panorama de ausencia total de acceso a un derecho considerado universal como lo es la salud. Es decir, un verdadero y triste DESASTRE.

(*) Fabricio González Berríos es presidente de Confusam Región de Valparaíso, Kinesiólogo egresado de la Universidad de Valparaíso, estudiante de Magíster de Salud Pública de la UNAB, y funcionario del centro de salud Dr. Miguel Concha de Quillota.