Relaciones diplomáticas, refugio y compromiso con Palestina

Por Tania Melnick, vocera de Judíxs Antisionistas contra la Ocupación y el Apartheid, integrante de Global Jews for Palestine y de la Coordinadora por Palestina en Chile.

¿Romper relaciones diplomáticas con Israel? Un tema complejo, de alto costo y consecuencias humanas urgentes

La ruptura de relaciones diplomáticas es una medida extrema y altamente compleja. No es casual que muchos expertos en derecho internacional no la hayan propuesto en el caso de Israel, aun considerando la gravedad de las violaciones al derecho internacional humanitario que se le imputan.

¿Por qué es tan complejo en este contexto?

Porque romper relaciones implica cerrar todos los canales formales de diálogo y negociación, incluso aquellos necesarios para abordar situaciones humanitarias urgentes. Esto va mucho más allá de lo comercial o económico: afecta directamente la capacidad de proteger personas, facilitar ayuda humanitaria y mediar en situaciones de emergencia, algo especialmente crítico en el actual contexto del conflicto con Palestina.

Existen diversas medidas diplomáticas que pueden transmitir un mensaje claro de condena sin llegar al punto de una ruptura total. Algunas de ellas ya han sido adoptadas por Chile, como la llamada a consulta del embajador o el retiro del embajador propio. Otras medidas posibles incluyen:

• Suspensión temporal de las actividades de la embajada.
• Retiro del personal diplomático.
• Expulsión de diplomáticos de rango inferior al de embajador del otro país.
• Declaración de persona non grata (expulsión) al embajador del otro país.

Estas acciones no constituyen una ruptura definitiva, sino más bien una forma de “suspensión” parcial de las relaciones, que permite mantener abiertos canales mínimos para la diplomacia, el diálogo y, sobre todo, la protección de personas.

Cuando la Relatora Especial de la ONU sobre la situación de derechos humanos en Palestina, Francesca Albanese, se ha referido al tema, ha llamado a que los Estados miembros de la ONU impongan sanciones, apliquen un embargo de armas y suspendan las relaciones diplomáticas y políticas con Israel hasta que cese su agresión. No ha hablado de romperlas. Se trata de conceptos distintos: suspender implica una medida reversible que mantiene ciertos puentes abiertos; romper supone un corte total, muy difícil de revertir.

Además, es importante recordar que, incluso cuando se suspenden las relaciones diplomáticas, las relaciones consulares suelen mantenerse activas, ya que su función principal es proteger a las y los nacionales en el extranjero. Suprimir también esos vínculos dejaría completamente desprotegidas a las personas nacionales que se encuentren en el país con el cual se ha roto todo contacto.

Hoy, esta discusión tiene un rostro humano y concreto: la migración palestina hacia Chile

Chile alberga la comunidad palestina más numerosa fuera del mundo árabe. En este contexto, es altamente probable que se intensifique una nueva ola migratoria proveniente de Palestina, especialmente desde Gaza. De hecho, desde hace aproximadamente seis meses, han comenzado a llegar familias, algunas de las cuales han logrado salir en el último mes gracias a gestiones humanitarias realizadas por el Estado de Chile ante Israel. Estas gestiones han sido posibles precisamente porque aún se mantienen —aunque en un nivel degradado— las relaciones diplomáticas entre ambos países.

Las familias que han llegado a Chile han vivido horrores que superan nuestra capacidad de comprensión, incluso después de meses viendo imágenes atroces en redes sociales. Vienen con una salud física y mental gravemente deteriorada, con altos niveles de trauma, y con una precariedad material absoluta: muchas han llegado literalmente con lo puesto.

Aquí es donde se revela, en términos concretos y urgentes, por qué la mantención de canales diplomáticos es aún necesaria. De romperse completamente las relaciones, ¿qué ocurriría con las personas que siguen intentando salir de Gaza, o que requieren apoyo directo del Estado de Chile para lograrlo? ¿Cómo se podría gestionar su salida —o más bien su expulsión forzada— si no existe una contraparte estatal con la cual dialogar formalmente?

Y aún más alarmante: hasta ahora no se ha hecho público ningún programa oficial del gobierno chileno para acoger a estas personas como refugiadas, ni se conocen convenios con ACNUR u otras agencias internacionales. Las personas palestinas que logran llegar a nuestro país lo hacen gracias a una red de apoyo casi exclusivamente compuesta por ciudadanos solidarios, organizaciones sociales y familiares. No hay un plan de acogida estatal estructurado (al menos conocido). Lo único que han conseguido salvar es la vida, y lo han hecho en condiciones extremas, cargando dolores y pérdidas inconmensurables.

Por eso es urgente tener claridad en este debate.

Quienes hoy exigen con justa indignación una respuesta firme frente al genocidio en curso, deben considerar con seriedad las implicancias concretas de sus propuestas. Romper relaciones diplomáticas puede parecer un gesto contundente, pero si se convierte en un obstáculo para las gestiones humanitarias que salvan vidas, el remedio puede ser peor que la enfermedad.

Por el contrario, hay otras vías de presión internacional que pueden ser tanto o más efectivas: cortar relaciones comerciales y militares con Israel, promover sanciones y exigir a organismos multilaterales su aislamiento, como ha ocurrido con regímenes responsables de crímenes similares. Ese tipo de medidas afecta directamente a los intereses materiales del Estado israelí, y lo aísla donde más le duele, sin cerrar las puertas que aún pueden usarse para salvar vidas.

Una reflexión final: el refugio como derecho humano y deber ético

En medio de este escenario, no podemos olvidar que el refugio no es caridad: es un derecho humano reconocido por el derecho internacional y por nuestra propia Constitución. El asilo, el refugio y la protección de quienes huyen de conflictos armados o persecución política forman parte de los compromisos históricos y éticos que Chile ha asumido —y que hoy se renuevan ante la tragedia del pueblo palestino.

Sensibilizar sobre la realidad de quienes se ven obligados a abandonar su tierra en busca de seguridad y dignidad es urgente. Según cifras de UNRWA, ya en 2022 había 5,9 millones de personas refugiadas palestinas bajo su mandato. Ese número solo ha crecido —y seguirá creciendo— tras la devastación actual en Gaza.

Nadie pretende promover una segunda Nakba, si es que la primera alguna vez terminó. Pero es crucial comprender que miles de personas emprenden hoy una travesía solitaria, forzada, muchas veces con sus familias separadas o destruidas. Se suman a los millones de seres humanos desplazados, refugiados o solicitantes de asilo en el mundo, cargando sobre sus cuerpos y memorias una historia de lucha y resiliencia. Como sociedad, tenemos el deber ético de acoger, de proteger, de no juzgar. No somos nosotros quienes estamos poniendo el cuerpo bajo los bombardeos, ni viviendo la hambruna o el genocidio cotidiano. Nos corresponde, en cambio, asegurar que las personas que decidan venir puedan ejercer plenamente sus derechos, contar con condiciones dignas de acogida, y acceder a políticas públicas que faciliten su integración. Exigir al Estado de Chile que esté a la altura de ese compromiso es parte inseparable de nuestra solidaridad con Palestina y del respeto irrestricto a los Derechos Humanos.

Por Tania Melnick, vocera de Judíxs Antisionistas contra la Ocupación y el Apartheid, integrante de Global Jews for Palestine y de la Coordinadora por Palestina en Chile.