El Gobierno planteó una fórmula que combina un cargo único, transparente y acotado en el tiempo, junto con un subsidio focalizado con la finalidad de impedir que el 40% más vulnerable de la población pague el incremento en las tarifas.
“Vamos a revisar la propuesta”, afirmó la futura ministra de Energía Ximena Rincón al tomar distancia del proyecto planteado por el actual Gobierno para enfrentar la nueva alza de luz.
Cabe recordar que la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC) solicitó a las empresas distribuidoras eléctricas efectuar el cobro de los saldos pendientes asociados al congelamiento de tarifas aprobado en 2019.
Según las cifras de la SEC, la deuda, acumulada entre 2020 y 2024, asciende a cerca de $730 mil millones, y comenzaría a saldarse a partir de abril, en un plazo de 48 meses.
Frente a este escenario, la administración del Presidente Gabriel Boric ha impulsado una iniciativa legal que contempla un cargo fijo mensual promedio de $1.450 por hogar durante 48 meses, complementado con un subsidio estatal focalizado en el 40% más vulnerable del Registro Social de Hogares.
Sin embargo, la futura secretaria de Estado evitó comprometer el respaldo del gobierno entrante de José Antonio Kast.
En declaraciones a la prensa al término de una reunión sostenida este martes con el actual ministro de Energía y Economía, Álvaro García, Rincón señaló que «para el Presidente electo el tema de la transparencia en la fijación de tarifas y que las personas paguen el menor costo posible por energía es relevante».
«Nosotros tenemos que revisar esa propuesta y conversarla con los equipos técnicos, con el propio Presidente electo, con el ministro de Hacienda, para ver cuál va a ser nuestra posición a partir de ese proyecto que se anuncia por parte del gobierno que aún está en ejercicio”, agregó la también senadora electa, dejando en evidencia que no existe, por ahora, un compromiso formal con el mecanismo propuesto.
Las declaraciones de Rincón reflejan una distancia del proyecto heredado, en momentos en que las alzas en las cuentas de la luz se han transformado en uno de los temas más sensibles para la ciudadanía. La postura del próximo gobierno, liderado por José Antonio Kast, aún no está definida, y será materia de análisis durante las próximas semanas.
Una solución «financieramente viable y socialmente solidaria»
Tras la reunión, el biministro Álvaro García explicó los alcances de la iniciativa y defendió su pertinencia.
“Nosotros vamos a proponerle a las próximas autoridades una forma de pago de esta deuda coherente con lo que ya se hizo en el caso de la deuda de las generadoras, una fórmula solidaria que le permita a la población más vulnerable no pagar el incremento en la deuda eléctrica. Vamos a proponer un proyecto de ley que genere un cargo único de devolución, que asciende a $1.450 adicionales al mes para todos los clientes regulados residenciales, por 48 meses”, detalló la autoridad.
“Le hemos hecho ver nuestra propuesta de que esto ocurra a través de un cargo único, transparente para todos los clientes, y al mismo tiempo avanzar en un subsidio que impida que el 40% más vulnerable de la población pague este incremento de las tarifas”, señaló.
De acuerdo a las estimaciones oficiales, el subsidio tendría un costo cercano a los $15 mil millones, mientras que la recaudación proyectada por concepto del cargo único alcanzaría aproximadamente $19 mil millones, lo que, según García, permitiría cubrir el beneficio sin generar un impacto fiscal negativo.
“Es una solución técnica, financieramente viable y socialmente solidaria”, enfatizó, al tiempo que planteó que “mientras más consume una familia, más va a pagar; y mientras menos consume, menos va a pagar. Lo que se iguala es el costo del kilowatt-hora”, dijo, citado por Diario U. de Chile.
No obstante, la viabilidad política del proyecto dependerá, en buena medida, de la decisión que adopte la administración entrante. Consultado sobre este punto, el biministro reconoció que el destino de la iniciativa está sujeto a los tiempos y definiciones del nuevo gobierno. “Este proyecto de ley solo tiene sentido si ocurre un proceso político. Es lo más natural que el futuro gobierno se tome un tiempo para analizarlo”, dijo.
Aunque evitó pronunciarse sobre el contenido específico del proyecto, Ximena Rincón señaló que «el ministro está en funciones, termina su trabajo el 11 de marzo y ellos han evaluado, después de que la superintendencia les ha hecho una propuesta y han trabajado más con un comité de expertos, una solución que van a ingresar con un proyecto de ley a discusión parlamentaria».
«Vamos a revisar la propuesta», subrayó.
Con esta fórmula, el Gobierno busca dejar encaminada una solución al proceso de normalización de la deuda eléctrica, entregando al próximo Ejecutivo una propuesta “técnica, financieramente viable y socialmente solidaria” para enfrentar el impacto del alza en las cuentas de la luz. Sin embargo, la falta de claridad respecto del respaldo del gobierno de Kast mantiene en suspenso el futuro de la iniciativa.
La definición final podría conocerse durante las próximas semanas, una vez que el equipo entrante complete el proceso de revisión técnica y política del proyecto. Hasta entonces, la incertidumbre sigue instalada: ni compromiso ni rechazo, sino revisión.
