Por Verónica Aravena Vega
Hay discusiones que parecen incendiarlo todo, pero apenas alumbran. El llamado “lenguaje inclusivo” es una de ellas. En Chile, basta que alguien escriba “todes” en un comunicado universitario para que el debate se desplace, automático, hacia la gramática, la Real Academia y el fin de Occidente. Mientras tanto, la pregunta verdaderamente incómoda —quién tiene derecho efectivo a la palabra y en qué condiciones materiales la ejerce— queda cuidadosamente fuera de cuadro.
No es casual. Las batallas culturales ofrecen una ventaja estratégica: permiten disputar símbolos sin tocar estructuras. Cambiar la terminación de una palabra es infinitamente más sencillo que transformar la distribución del poder. Y, sin embargo, el lenguaje no es irrelevante. Es el campo donde se expresa la jerarquía social, donde se decide quién nombra y quién es nombrado, quién habla y quién es hablado.
Hace algunos años, el lingüista británico Norman Fairclough planteó algo que en Chile aún nos cuesta asumir: el problema del lenguaje inclusivo no se agota en la morfología, sino que remite a la estructura de clase que ordena la producción del discurso. No se trata solo de si decimos “todos y todas” o “todes”, sino de quién puede permitirse esa discusión, en qué espacios y con qué capital cultural. Este punto conecta con la teoría de Pierre Bourdieu sobre capital lingüístico, que nos recuerda que no todas las formas de hablar son socialmente equivalentes: algunas otorgan prestigio, otras marginan.
En el Chile postdictadura —y especialmente tras el estallido social de 2019— la izquierda ilustrada encontró en el lenguaje inclusivo una forma de señalización moral. Universidades, fundaciones, ONGs y partidos comenzaron a adoptar protocolos lingüísticos que, en muchos casos, operaban como credenciales de pertenencia. Decir “compañeras y compañeros” ya no era suficiente; había que demostrar sensibilidad, actualización, manejo del código. El lenguaje se convirtió en marcador de distinción, casi como cuando en una entrevista en televisión el foco se pone en si alguien dice “todes” y no en la propuesta política que trae.
Aquí conviene detenerse: criticar el uso performativo del lenguaje no implica defender el statu quo lingüístico ni negar la existencia de sexismo o exclusión en la lengua. Significa preguntarse por las condiciones materiales en que esa transformación se propone. ¿Quiénes diseñan las guías? ¿Quiénes sancionan los desvíos? ¿Quiénes quedan fuera del circuito donde se decide qué es progresista y qué no? Como señala la lingüista Deborah Cameron, la “lectura crítica de la lengua” no solo implica cambios de forma, sino un examen de las relaciones de poder que determinan cómo se percibe la corrección.
La paradoja es evidente: la izquierda que se proclama popular adopta prácticas comunicativas que presuponen un alto nivel de escolarización y familiaridad con debates académicos globales. No es casual que buena parte de esta discusión se haya incubado en facultades de humanidades, en carreras donde el capital cultural circula con naturalidad. Desde ahí, el salto al territorio social más amplio no es automático.
Chile arrastra una herida histórica en su relación entre lengua y clase. Durante décadas, el acento popular fue estigmatizado en los medios; el “hablar mal” se asoció a falta de educación, a marginalidad, a sospecha.
Chile arrastra una herida histórica en su relación entre lengua y clase. Durante décadas, el acento popular fue estigmatizado en los medios; el “hablar mal” se asoció a falta de educación, a marginalidad, a sospecha. La televisión de los noventa construyó caricaturas del “roto” que reforzaban esa jerarquía. Hoy, en los comentarios de portales informativos o en el tiktok de la mañana, ese prejuicio persiste: se señala con desdén a quien habla “como la gente de provincia”. En ese contexto, cualquier política lingüística debería partir por desmontar ese clasismo estructural antes que por sofisticar la terminología.
Sin embargo, lo que observamos a menudo es lo contrario: una sobreinversión en la superficie del lenguaje y una subinversión en las condiciones materiales que determinan quién puede usarlo con legitimidad.
No se trata de establecer una jerarquía simplista entre “lo simbólico” y “lo material”, como si el lenguaje fuera un adorno superfluo. El discurso configura realidades; nombrar importa. Pero cuando el cambio lingüístico se desacopla de la transformación social, corre el riesgo de convertirse en un gesto tranquilizador para las élites progresistas.
La izquierda ilustrada —esa que habita cómodamente entre cafés de autor y conferencias académicas— parece haber encontrado en el lenguaje inclusivo una zona de confort moral. Es un terreno donde se puede demostrar radicalidad sin enfrentarse necesariamente a los intereses económicos que sostienen la desigualdad. Es más sencillo corregir un pronombre que discutir la concentración de la riqueza o el acceso desigual a la vivienda.
En ese contraste se revela algo incómodo: el problema no es que las clases populares rechacen el lenguaje inclusivo por ignorancia, sino que muchas veces perciben —con razón— que la discusión no altera sus condiciones de vida. Cuando la política se reduce a códigos culturales, quienes no dominan esos códigos quedan doblemente excluidos: de la riqueza y del discurso que pretende representarlos.
Hay, además, una dimensión institucional. En el proceso constitucional chileno, el uso de fórmulas inclusivas fue objeto de atención mediática desproporcionada. Se discutía si la Convención debía decir “los y las ciudadanas” mientras el debate sobre el modelo económico quedaba atrapado en tecnicismos. La derecha explotó esa focalización para caricaturizar al proyecto transformador como una obsesión identitaria desconectada de la realidad. Y la izquierda, en vez de reencuadrar la discusión hacia la justicia social, defendió el símbolo como si en él se jugara todo.
…no se trata de ceder ante la ofensiva conservadora ni de abandonar el esfuerzo por nombrar de manera más justa. Se trata de evitar que el lenguaje se convierta en sustituto de la política.
Aquí es donde la crítica debe ser precisa: no se trata de ceder ante la ofensiva conservadora ni de abandonar el esfuerzo por nombrar de manera más justa. Se trata de evitar que el lenguaje se convierta en sustituto de la política. Cuando la disputa por la terminación reemplaza a la disputa por la distribución, el campo queda inclinado a favor de quienes siempre han tenido el poder.
El riesgo es que el lenguaje inclusivo, en lugar de ser herramienta de democratización, opere como nuevo estándar de respetabilidad progresista. Quien no lo maneja queda bajo sospecha; quien lo domina adquiere un aura de corrección ética. Esa moralización del habla produce una pedagogía punitiva que no necesariamente construye mayorías.
En el Chile real —el de los turnos rotativos, el de las listas de espera, el de los créditos de consumo— la inclusión pasa por salarios dignos, acceso a salud, educación pública robusta. El reconocimiento simbólico es importante, pero no reemplaza la redistribución. Si la izquierda quiere recuperar densidad popular, debe articular ambas dimensiones sin convertir una en coartada de la otra.
Tal vez la pregunta correcta no sea “¿debemos usar lenguaje inclusivo?”, sino “¿cómo se democratiza la capacidad de producir sentido?”. Eso implica fortalecer la educación pública, valorar las hablas populares, deselitizar el debate político. Implica, también, asumir que no todas las transformaciones lingüísticas pueden imponerse por decreto institucional sin generar resistencias legítimas.
Hay algo profundamente chileno en nuestra tendencia a convertir el debate cultural en examen de admisión. Se espera que la ciudadanía apruebe la prueba de actualización discursiva para ser considerada políticamente válida. Pero la política democrática no puede funcionar como seminario permanente; necesita puentes, no contraseñas.
En este punto, conviene recordar la advertencia de Brigitte Vasallo: si el acceso al discurso está atravesado por la clase, cualquier intervención en el lenguaje debe considerar esa desigualdad. No basta con cambiar la forma; hay que alterar las condiciones que permiten que ciertas voces sean escuchadas y otras no. De lo contrario, el gesto inclusivo puede reforzar exclusiones.
Chile enfrenta hoy una recomposición conservadora que capitaliza el malestar social. Parte de ese avance se explica por la percepción de que la izquierda priorizó agendas simbólicas por sobre urgencias materiales.
Chile enfrenta hoy una recomposición conservadora que capitaliza el malestar social. Parte de ese avance se explica por la percepción de que la izquierda priorizó agendas simbólicas por sobre urgencias materiales. Esa percepción no siempre es justa, pero tampoco surge de la nada. Cuando el debate público se concentra en polémicas lingüísticas mientras el costo de la vida aumenta, el divorcio entre discurso y experiencia se profundiza.
La tarea, entonces, no es abandonar el lenguaje inclusivo ni ridiculizarlo, sino descentrarlo. Sacarlo del pedestal donde se lo presenta como prueba suprema de compromiso político y devolverlo a su lugar: una herramienta entre otras, subordinada a un proyecto de transformación más amplio.
La verdadera inclusión no se decreta en un manual de estilo; se construye ampliando la base material desde la cual las personas pueden hablar, organizarse y disputar sentido. Si el lenguaje ha de cambiar —y cambiará, como siempre lo ha hecho— que lo haga de la mano de procesos sociales que redistribuyan poder, no como sustituto de ellos.
Quizás el desafío para la izquierda chilena ilustrada sea aceptar que no todo capital simbólico se traduce en hegemonía popular. Que la sofisticación discursiva no compensa la desconexión territorial. Que la política no es un concurso de pureza lingüística, sino una práctica de construcción colectiva.
El lenguaje importa, sí. Pero importa más quién puede usarlo sin miedo, sin precariedad, sin la carga de sobrevivir día a día. Si queremos una sociedad verdaderamente inclusiva, empecemos por ahí. Después —solo después— discutamos cómo conjugamos el plural.
Por Verónica Aravena Vega
Psicóloga. Doctora en Estudios de Género y Política, Universidad de Barcelona. Máster en Masculinidades y Género. Máster en Recursos Humanos. Máster en Psicología Social/Organizacional. En Instagram
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