Quedó embarazada y fue torturada por la CNI: justicia ordena indemnizar a exdirigenta vecinal

El Séptimo Juzgado Civil de Santiago ordenó al Estado el pago de una compensación de 25 millones de pesos por daño moral a M.A, quien era dirigenta estudiantil y vecinal cuando fue arrestada el 31 de marzo de 1988. Durante su detención, fue víctima de torturas por parte de funcionarios de la disuelta Central Nacional de Informaciones (CNI), aún estando embarazada de 4 meses. 

La magistrada Mindy Villa Simón desestimó las objeciones del Estado sobre prescripción y reparación integral, argumentando que los hechos constituyen un crimen de lesa humanidad. El fallo indica que el Estado de Chile tiene la obligación de brindar reparación plena por violaciones a los derechos humanos cometidos durante la dictadura, según  mandatos constitucionales y tratados internacionales vigentes. 

El dictamen recuerda que, según la Convención Americana de Derechos Humanos y otros tratados internacionales ratificados por Chile, el Estado está legalmente obligado a reparar a las víctimas de crímenes de lesa humanidad. También hace referencia al Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y principios de la ONU que garantizan el acceso a recursos efectivos y reparación integral.

El fallo reconoce la gravedad de las vulneraciones sufridas por la demandante, atentando contra derechos fundamentales como la libertad y la integridad física y mental, por lo que condenó al Fisco a pagar 25 millones a la víctima por daño moral. 

Golpes, tortura y violencia sexual: La detención de M.A

M.A actualmente tiene 54 años de edad y es dueña de casa, en el momento de los hechos ejercía como dirigenta estudiantil y poblacional, era miembro de las Juventudes Comunistas y estaba embarazada de casi 4 meses de gestación. 

La víctima relató que se encontraba en el domicilio de sus padres al momento de su detención, el día 31 de marzo de 1988. Su arresto fue realizado por agentes de la CNI en medio de un operativo selectivo con allanamiento. Posteriormente fue llevada a un recinto desconocido, lugar donde –a pesar de su embarazo– fue golpeada, torturada y abusada sexualmente, con el fin de que delatara a su hermano acusado de estar involucrado en un robo a un camión Brincks.

Posteriormente, M.A fue reubicada en el cuartel central de la CNI, ubicado en calle Borgoño, donde permaneció incomunicada durante 5 días. Pasado este tiempo y ante la negativa de la víctima de colaborar, fue trasladada a la cárcel Anexo Femenino ubicada en el centro de Santiago y el 8 de abril fue acusada de ser “ayudista” de una agrupación de combate y de infringir la Ley de Control de Armas, dejándola incomunicada hasta el día 13 del mismo mes.

En el documento, se señala que la entonces abogada de M.A, denunció torturas y apremios ilegítimos contra la víctima, además de negarle la libertad provisional sin causa ni antecedente alguno. Finalmente, M.A logra salir bajo libertad provisional en julio de 1988 y 3 años más tarde, en julio de 1991, es sobreseída definitivamente de la investigación llevada en su contra. 

El informe psicológico del 8 de julio de 2023, elaborado por el PRAIS del Servicio de Salud Metropolitano Sur, concluye que M.A y su familia presentan secuelas persistentes producto de la represión vivida durante la dictadura, incluyendo detención, tortura y persecución. Estas experiencias generaron un daño psíquico, físico y moral profundo, así como trauma transgeneracional, afectando gravemente la dinámica familiar. También se indica que hubo un daño económico causado directamente por el Estado de Chile durante la dictadura.