Por años se arrastra una deuda con cerca de 150 trabajadores de la construcción que participaron en las obras de reconstrucción del Centro Cultural Gabriela Mistral (GAM), uno de los proyectos culturales más emblemáticos del país.
A pesar del tiempo transcurrido desde la paralización de las obras, los trabajadores denuncian que aún no han recibido el pago de sus finiquitos ni otras obligaciones laborales pendientes.
La situación se originó luego de que la empresa constructora española ECISA Chile Compañía General de Construcciones S.A, a cargo de la obra, se declarara en quiebra, lo que dejó inconclusos los compromisos laborales con decenas de “constructores de nuestro Chile” que participaron en la ejecución del proyecto.
Desde entonces, los trabajadores han mantenido diversas gestiones y denuncias para lograr que se reconozcan y paguen los montos adeudados.
El mandante de la obra es el Estado de Chile, a través del Ministerio de Obras Públicas (MOP), entidad que actualmente decidió reanudar las obras del proyecto mediante la contratación de una nueva empresa constructora. Sin embargo, según denuncian los trabajadores, la deuda laboral con quienes participaron en la etapa anterior sigue sin resolverse.
Desde el Sindicato Nacional Interempresa de Trabajadores de la Construcción y Montaje Industrial (SINTEC) cuestionaron la postura del Estado frente a la situación: “Se nos responde aplicando la ley de quiebras como si se tratara de un mandante privado. Pero aquí estamos hablando del Estado de Chile, que hasta donde sabemos no ha quebrado y que, por lo tanto, mantiene una responsabilidad con los trabajadores que hicieron posible esta obra”, señalaron desde la organización.
Los afectados sostienen que el problema no solo es legal, sino también ético y político, ya que se trata de trabajadores que contribuyeron a levantar una infraestructura pública de alto valor cultural para el país. Por ello, exigen que el Estado adopte medidas extraordinarias para resolver la deuda pendiente y garantizar el pago de los finiquitos, evitando que el proceso de quiebra de la empresa termine trasladando el costo exclusivamente a los trabajadores.
En ese contexto, la organización sindical ha reiterado su llamado a las autoridades del Ministerio de Obras Públicas y a otras instituciones del Estado a intervenir para buscar una solución administrativa o legislativa que permita saldar la deuda histórica con los trabajadores del proyecto.
Mientras tanto, los cerca de 150 trabajadores afectados continúan esperando una respuesta concreta, y no descartan movilización por sus derechos laborales desconocidos con argumentos que pueden regir para privados, pero no para el cumplimiento del Estado de Chile con sus trabajadores.

El Ciudadano
