Un acuerdo institucionalizado y  la consagración de un símbolo corrupto: SQM

Calificar como un acto institucional lo que simboliza la corrupción es grave. Esto es precisamente lo que ocurre con el Acuerdo Codelco-SQM sobre el litio hasta 2060 en el Salar de Atacama, presentado como un hito de Estado por figuras como Máximo Pacheco, cuya trayectoria previa en el sector eléctrico nacional ya era cuestionable.

El Ciudadano

Este acuerdo no emerge de la nada. Es la culminación de una historia de captura del Estado. En Chile, tanto el poder legislativo como el judicial han sido corrompidos por los intereses de SQM ( NYSE: SQM ) y su controlador, Julio Ponce Lerou, el exyerno de Pinochet. Su red de influencia abarcó a gran parte de la clase política, dividiendo posiciones incluso al Partido Comunista durante el gobierno de Gabriel Boric. Las impugnaciones sobre impuestos, como se observa en casos judiciales emblemáticos contra el mismo Servicio de Impuesto Internos, son también evidencia del actuar de SQM.

Estamos ante, pertenencias mientras claves a nombre del Estado (Corfo), traspasadas Codelco, pertenencias  que son el origen del “agujero negro” de la  economía chilena, por medio del cual una clase política coludida con los magnates de la minería parte clave del andamiaje, se han dedicado a traficar con metales contenidos en suelo chileno y otros elementos clave de la tabla periódica en sales, sin importar si su destino pueda ser la guerra y el asesinato de civiles.

El propio acuerdo se firma de manera apresurada, omitiendo un hecho sustancial que la investigación abierta de la SEC de Estados Unidos sobre los alcances de la corrupción de SQM. Se hizo en un sábado, en un bufete privado (Carey) , tras una mera “toma de razón” de la Contraloría. Peor aún, se celebra cuando el precio del litio está hundido, manipulando así la proyección de valor del Salar de Atacama y entregando un bien estratégico a precio de remate. 

Si fuera por institucionalidad genuina, se habría cerrado cuando se sabía  el litio tocaba techo histórico llamándose a una licitación internacional, o bien se hubiese  esperado un nuevo  ciclo de precios altos y, sobre todo, a que se cerrara la investigación por corrupción en Estados Unidos.

La defensa técnica del acuerdo también falla. Se premia a SQM con 30 años más de arriendo sobre pertenencias de Corfo y más tonelaje, cuando el Estado ya tenía un instrumento soberano superior,  cobrar el 40% sobre las ventas (no sobre utilidades). Esta regalía solo requería mayor fiscalización y permitía al Fisco resguardar sus ingreso. En cambio, el Estado ahora se hace socio  (50,01%) asumiendo todo el riesgo operacional y de reputación, asociándose con una empresa en la mira de la justicia internacional.

El giro se logró cooptando a figuras clave y pagando caro a consultores como Morgan Stanley, cuyo premio si el acuerdo se celebraba delata su falta de imparcialidad. Mientras se repite el mantra de “Codelco es grande”, la empresa estatal arrastra una crisis de desindustrialización y escándalos de gestión que intenta tapar con este acuerdo y el alto precio del cobre.

Lo más trágico es la oportunidad de desarrollo nacional que se ha perdido en estos cuatro años de gobierno. En vez de usar estos años para construir la primera planta extracción directa a mayor escala o una planta de cátodos en Chile -el verdadero multiplicador de valor- el acuerdo consolida que los eslabones de la cadena (carbonato, hidróxido, baterías, autos) sigan mayoritariamente fuera del país. China, el comprador final, lo entendió perfectamente e impuso cláusulas de abastecimiento forzoso para asegurar su industria.

En el centro de este episodio ha estado la figura de Máximo Pacheco, quien encarna la fusión corrupta entre el gran capital y el Estado.  En paralelo a presidir el directorio de Codelco para este “gran acuerdo” que seguirá presidiendo en la nueva empresa creada, no ha soltado la presidencia del directorio de CMPC, el imperio global de la familia Matte del papel y la celulosa. Poner a un símbolo del capitalismo corporativo más feroz y de la vulneración del Estado como garante de la “institucionalidad” no es un error,  es la insolencia máxima.  Es pretender que la ciudadanía comulgue con ruedas de molino, premiando a quienes por décadas han encarnado el símbolo  de la corrupción: SQM.

El Ciudadano