Estados Unidos decidió golpear antes de que Chile siquiera termine de decidir, y con eso le dejó una bomba política a días del cambio de mando. La revocación de visas a tres autoridades chilenas vinculadas a la evaluación del cable submarino impulsado por un consorcio chino no puede leerse como un simple acto administrativo: es una advertencia. Una forma de marcarle el límite a Chile y, de paso, instalarle una prueba al presidente electo José Kast cuando aún no asume, pero ya está obligado a responder.
La reacción oficial no se quedó en matices. Desde Cancillería se respondió que el proyecto debe evaluarse en su propio mérito y que Chile no puede aceptar “amenazas o sanciones unilaterales” como forma de condicionar decisiones soberanas. La señal fue clara: una cosa es conversar preocupaciones; otra es usar castigos para torcer el brazo.
El proyecto busca tender fibra óptica desde Hong Kong hasta Valparaíso, abriendo una ruta directa por el Pacífico que permitiría diversificar las conexiones internacionals del país. Y ahí está el punto de fondo: cuando se habla del cable Hong Kong–Valparaíso, no se está hablando solo de tecnología. Se está hablando de soberanía digital y del margen real que tendrá el próximo gobierno para defenderla cuando el costo de llevarle la contraria a Washington se vuelve inmediato y concreto.
Lo que detonó la crisis no fue una decisión definitiva del Estado chileno, sino el hecho de que el proyecto esté siendo evaluado. Eso es lo que vuelve la sanción especialmente delicada, porque si revisar una inversión ya provoca castigos, entonces el mensaje no es técnico: es político. Y para Kast el dilema quedará servido desde el primer día: sostener que Chile decide con sus propias reglas o aceptar que, en asuntos estratégicos, la última palabra se escribe desde afuera.
El cable Hong Kong–Valparaíso y la línea que Washington cruzó
El consorcio conformado por empresas estatales chinas ingresó formalmente la solicitud ante Subtel para construir el cable , con una inversión significativa y con el objetivo explícito de reducir la dependencia de rutas que hoy pasan mayoritariamente por Estados Unidos . Es una iniciativa que, como cualquier otra de esta magnitud, debe someterse a evaluación técnica, regulatoria y de seguridad.
Sin embargo, la respuesta estadounidense no fue esperar el resultado de ese proceso. Fue sancionar a autoridades chilenas bajo el argumento de que el proyecto podría afectar la “seguridad regional” . La señal fue reforzada por el embajador Brandon Judd, quien defendió la medida afirmando que Estados Unidos decidirá soberanamente quién ingresa a su territorio.
El problema no es que EE.UU. exprese preocupación . Eso forma parte de la diplomacia. El problema es transforma esa preocupación en castigo directo contra funcionarios por el solo hecho de participar en una evaluación administrativa . Ahí es donde muchos ven que Washington se pasó de la raya.
Soberanía digital: el debate que vuelve con más fuerza
La discusión no es ideológica ni binaria. No se trata de elegir entre China o Estados Unidos como si Chile fuera un tablero ajeno. Se trata de algo más básico: quién define las reglas cuando se trata de infraestructura crítica.
Los cables submarinos transportan la inmensa mayoría del tráfico global de datos. Por ellos circulan transacciones financieras, comunicaciones institucionales, servicios digitales y parte creciente de la economía. La conectividad ya no es un lujom, es columna vertebral.
Por eso el cable Hong Kong–Valparaíso tiene un peso estratégico. Una conexión directa hacia Asia modifica dependencias históricas y amplía márgenes de maniobra. En ese contexto, la presión estadounidense no se percibe como una simple opinión técnica, sino como un intento de incidir en una decisión soberana.
El antecedente que nadie olvida
La controversia actual inevitablemente recuerda el camino que tomó el Cable Humboldt. En su momento se exploraron alternativas que involucraban a Huawei, pero el proyecto terminó desarrollándose en alianza con Google, en medio de un clima internacional marcado por la ofensiva estadounidense contra la expansión tecnológica china.
El resultado fue un rediseño del mapa de conectividad transpacífica bajo condiciones distintas a las que se barajaron inicialmente . Ese antecedente pesa hoy porque muestra que la disputa geopolítica no es abstracta. Ya tuvo efectos concretos en decisiones estratégicas chilenas.
Por eso la pregunta reaparece con fuerza: ¿esta vez será distinto?
Rapa Nui y lo que está en juego más allá del conflicto
El debate tomó aún más relevancia cuando se conoció la posibilidad de incorporar un ramal que conecte Rapa Nui y Juan Fernández sin costo fiscal para el Estado. Hoy esos territorios dependen de conexión satelital, con limitaciones evidentes para desarrollo digital, educación y servicios.
Ese elemento vuelve el tema menos teórico y más tangible. No se trata solo de grandes potencias disputando influencia; se trata también de oportunidades reales de conectividad para comunidades que históricamente han estado aisladas.
Cuando el conflicto se mira desde esa perspectiva, el asunto deja de ser una pelea diplomática lejana y se convierte en una decisión que impacta directamente en el país.
Kast contra la pared
Aquí es donde el conflicto deja de ser herencia y pasa a ser definición. José Kast enfrentará este escenario en los primeros pasos de su gobieno. Y la señal que entregue será leída dentro y fuera de Chile.
Puede optar por cerrar rápidamente el capítulo, descartando el proyecto para evitar fricciones con Washington. O puede sostener que Chile evalúa inversiones estratégicas bajo sus propias reglas y que las sanciones no son el mecanismo para influir en decisiones soberanas.
No es una decisión sencilla. Implica medir costos diplomáticos y económicos , pero también implica definir el tono de su política exterior desde el inicio de su mandato. En otras palabras, aquí se verá si el próximo gobierno se la juega o si prefiere evitar el conflicto a cualquier precio.
Porque si la presión externa termina inclinando la balanza antes de que la institucionaldad se pronuncie, el mensaje será claro: sancionar funciona. Y eso instala un precedente complejo para el futuro.
La soberanía que se ejerce o se diluye
Chile tiene derecho a evaluar el cable Hong Kong–Valparaíso con estándares de seguridad estrictos , transparencia total y resguardos regulatorios sólidos . Lo que no debiera aceptar es que esa evaluación sea condicionada mediante castigos.
Washington expresó su preocupación. Pero al transformer esa preocupación en sanción, cruzó un límite político que reabre la discusión sobre el margen real de autonomía del país.
Al final, la pregunta no es solo si se construirá o no un cable submarino. La pregunta es más profunda: si Chile toma sus decisiones estratégicas con criterios propios o si las toma bajo advertencia.
Y esa respuesta, hoy, tiene nombre y apellido.
