CODELCO, y su negativa de ratificar el Acuerdo Marco con los Trabajadores del Cobre

El ex presidente de la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC), Walter Riesco (1934-2009), en una entrevista publicada el 27 de julio del año 2007 por el diario El Mercurio, preocupado, hizo referencia a la peligrosidad de la movilización que los subcontratados de la Gran Minería del Cobre (GMC) organizados en una naciente Confederación de Trabajadores del Cobre (CTC) sostenían desde el 25 de junio en todas las divisiones de CODELCO. Desde una perspectiva clasista, el abogado derechista, cercano a la dictadura de Pinochet y especialista en Derecho de la Minería, se mostró inquieto por la proyección que este movimiento podía tener en los trabajadores: “Van a empezar a tomar fuerza los sindicatos inter-empresas y ellos van a tener el pandero de la negociación colectiva”, advirtió y, acto seguido, llamó a endurecer la postura a todos los gremios empresariales, al gobierno encabezado por Bachelet y a CODELCO, frente a las demandas de los trabajadores subcontratados.

La preocupación de Riesco no era para nada fútil. La CTC, después de 37 días de huelga, el año 2007, fue capaz, en los hechos, de correr el cerco de la institucionalidad jurídica laboral dominada por las lógicas instaladas por el Plan Laboral de 1979 elaborado e implementado por José Piñera y que, aún hoy, continúa nucleando al Código del Trabajo nacional.

A partir de este conflicto[2], que fue el resultado de un complejo proceso de construcción orgánica cuyos primeros vestigios se pueden encontrar a fines de la década de los 80, los trabajadores subcontratados, que para el momento de la movilización en CODELCO eran más de 43 mil (2,4 veces más que los de trabajadores contratados de forma directa por la estatal), adquieren forma definida en una organización como la CTC que fue capaz de articularse y constituirse en una contraparte válida de negociación frente a la estatal y el Gobierno, instalando demandas propias y particulares, pero también desbordándose y cuestionando la institucionalidad laboral del país, el concepto de empresa y el de negociación colectiva; colocando, de forma amplia, el problema de los subcontratados como una preocupación de primer orden en la agenda política nacional e interpelando al Estado, al abogar por la renacionalización de la producción de cobre y acabar con la discriminación que provoca la subcontratación de trabajadores, trascendiendo así a las reivindicaciones meramente económicas y arribando a un terreno profundamente político.

Uno de los principales avances que se derivaron de esta movilización fue la firma del primer Acuerdo Marco entre la CTC, CODELCO y sus empresas contratistas.

Este Acuerdo, desde entonces, se ha renovado de manera bianual (años 2009, 2011 y 2013), realizando permanentes mejoras y ampliando sus alcances. En tanto instrumento colectivo, ha sido ratificado por la OIT, la CTC, CODELCO y sus empresas contratistas y, en este sentido, se puede afirmar que es un mecanismo jurídico reconocido por el derecho nacional e internacional y, como tal, ha servido de base para negociar y establecer el primer Acuerdo Marco que se implementó en la minería privada en Chile cuando, el 11 de abril del año 2014, luego de arduas negociaciones y precedido de una potente movilización, en un hecho histórico, la Federación de Trabajadores de Empresas Subcontratadas de la transnacional Anglo American, una de las compañías mineras transnacional más grande del mundo que durante el año 2013 utilizó a 4.527 trabajadores contratados de forma directa y a 10.142 subcontratados, quienes, en conjunto con la CTC, frente a la empresa mandante y ante las distintas empresas contratistas que prestan servicios en la minera, firmaron tal documento. Este Acuerdo, como el firmado el 2007 con CODELCO, representó un precedente y punto de partida para las organizaciones de trabajadores subcontratados, esta vez, en la minería privada.

El Acuerdo Marco, en tanto instrumento colectivo, se ha convertido en un dispositivo contra-hegemónico toda vez que éste no sólo les permite a los trabajadores subcontratados mejorar sus condiciones laborales por medio de la disputa y reapropiación de la plusvalía que generan frente a las empresas mandantes a partir del uso de su fuerza de trabajo, contrarrestando con esto la tendencia propia del capital; sino que además ha desbordado los límites institucionales y revalorizado, por un lado, al trabajo como actividad indispensable en la producción y en la generación de riqueza y, por otro lado, a las organizaciones sindicales y las acciones colectivas como formas esenciales e indispensables para la obtención de beneficios laborales y la restitución de derechos sociales conculcados a los trabajadores de Chile.

El lunes 6 de julio del 2015, a medio día, la CTC entregó a CODELCO el petitorio del Acuerdo Marco 2015, que implica, como cada renovación, una ampliación y mejoramiento del instrumento que rige las relaciones laborales entre la cuprera, los subcontratados y las empresas contratistas. CODELCO, una semana después y como siempre ha ocurrido en estos procesos de negociación (2007, 2009, 2011 y 2013) se negó a ser parte de este convenio, endosando la responsabilidad de esta negociación a las empresas contratistas de su cadena productiva. Frente a esto los trabajadores organizados se han manifestado y movilizado, desde el martes 21 de julio, tomando las rutas de acceso a las distintas divisiones de la estatal. Estas ocupaciones, como en años anteriores, han sido duramente reprimidas por Fuerzas Especiales de Carabineros.

“El gobierno siempre tiene que garantizar que exista el orden público (…) esta tarea ineludible y estas labores se materializan a través del accionar de carabineros”, afirmó al respecto el Intendente regional Miguel Vargas a El Mercurio del 25 de julio, fríamente, un día después de la muerte de Nelson Quichillao, trabajador de la contratista Geovita, empresa perteneciente al grupo SalfaCorp, que se desempeñaba en la división El Salvador. Hoy se sabe que la madrugada del 24 de julio la fuerza policial disparó 30 veces con el objetivo de controlar la protesta que los contratistas levantaron en esta división.

El murmullo de Riesco reverbera, vuelve y se deja escuchar: “Van a empezar a tomar fuerza los sindicatos inter-empresas y ellos van a tener el pandero de la negociación colectiva”.

La subcontratación es la forma dominante de contratación de personas en la Gran Minería del Cobre. Los trabajadores subcontratados, a través de múltiples empresas contratistas, están presente en toda la cadena productiva de las grandes compañías mineras. La configuración productiva de este sector que mezcla la internacionalización del capital con la administración estatal de las mineras y la heterogeneidad de las formas de contratación, ha segmentado el mercado del trabajo del sector, generando, por un lado, ocupaciones típicas: trabajadores de planta, contratados directamente por las empresas; y, por otro lado, ocupaciones atípicas y/o precarias: subcontratados por las empresas mandantes a través de empresas contratistas. Esto, claro está, ha impactado en la situación objetiva y subjetiva de los trabajadores y, por lo tanto, no sólo en sus condiciones laborales sino que también en las condiciones de vida de ellos y sus familias.

Pero los efectos de la subcontratación, de manera general, no se acotan a sus impactos en materia individual. Su potencia radica en que, en conjunto con una legislación laboral como la chilena, que tiende a la atomización de las organizaciones sindicales y a limitar su accionar a las empresas y, dentro de estas, a la negociación colectiva; la subcontratación, forma dominante de contratación en el mercado laboral nacional –según la Fundación Sol representa el 41,6% de los empleos en el país (categoría de “asalariado externo”)– acoplada con esta maraña jurídica, permite desarticular, restándole fuerza y potencia, al movimiento de los trabajadores y su capacidad de generar resistencia, oposición y hasta proyectos sociales alternativos.

Por lo tanto, cualquier atisbo de acciones que vayan en contra de tales definiciones y que sobrepasen las limitaciones jurídicas que aseguran el funcionamiento inmaculado del capital, no son tolerable por los guardianes del modelo chileno. Estas iniciativas serán, primero omitidas, negadas, descalificadas y, luego, de ser necesario, duramente reprimidas. Esto es lo que le ocurre, en el estadio actual del conflicto que está en pleno desarrollo, a la CTC y a los subcontratados movilizados. Por eso CODELCO, por un lado, llama a sus empresas contratistas a “redoblar los esfuerzos para superar este conflicto y reestablecer la normalidad en sus relaciones laborales” y el Estado, por otro lado, aplica, de ser necesario, a través de las Fuerzas Especiales de Carabineros, toda la fuerza (“legítima”) sobre los trabajadores movilizados. Cuando hay cosas importantes en juego el poder se nos muestra ya no sólo como aquello que puede hacernos vivir y dejarnos morir sino que aparece con fuerza el soberano (¿espectro de Pinochet, cancerbero de cada pilar que sostiene al modelo?) recordándonos que tiene la potestad de hacernos morir y dejarnos vivir.

[1] El autor es Sociólogo, Magister en Sociología de la Universidad de Arte y Ciencias Sociales ARCIS y Doctor (c) en Ciencia Social con Especialidad en Sociología por El Colegio de México. Correo: [email protected].

[2] Para un análisis al respecto ver el artículo “El conflicto como unidad de asociación, antagonismo y síntesis. Lucha, cohesión y definición en la huelga de los trabajadores subcontratados de la gran minería del cobre en Chile”. Publicado por el autor en Revista Sociedad y Discurso Nº 25, Aalborg University, Dinamarca, 2014. Disponible en http://journals.aau.dk/index.php/sd/article/view/1000.