Contra el negacionismo y la tecnocracia

Por Gonzalo Morales

“La ciencia dice” se ha vuelto una fórmula de mando. Circula como sentencia, como punto final, “está demostrado científicamente” parecer el cierre de cualquier discusión, incluso de la conversación pública. Aparece para justificar recortes, imponer medidas o desestimar demandas sociales. Viene con gráficos, con expertos, con números impecables y con una autoridad que no admite réplica.

Pero cuando una frase clausura el debate antes de que empiece, conviene sospechar de ella. No es que la ciencia sea falsa. Es que con demasiada frecuencia no estamos ante ciencia, sino ante pretensión de saber. Y esa diferencia cambia todo.

Hay un saber efectivo que actúa sobre la realidad. Es el saber que hace crecer las plantas cuando intervenimos bien en su cultivo, que permite que los aviones vuelan y aterricen con precisión, que cura en condiciones definidas y falla cuando sus límites son sobrepasados. Este saber no se sostiene en la voz de quien lo pronuncia, sino en prácticas contrastables, en métodos transparentes, en incertidumbres reconocidas y en la disposición permanente a corregirse. Funciona, pero también se revisa; opera, pero no se vuelve absoluto.

La pretensión de saber, en cambio, imita esa autoridad sin asumir su disciplina. Se presenta como ciencia para cerrar discusiones, oculta supuestos, convierte decisiones políticas en “necesidades técnicas” y usa la incertidumbre como coartada para no actuar. No se define por equivocarse, sino por simular fundamento sin hacerse cargo de sus efectos reales.

Con esta distinción se vuelve visible el paisaje político chileno. La burocracia usa la pretensión de saber como fundamento de la política. Reemplaza la pregunta por los fines colectivos con indicadores, modelos y rankings. No dice “queremos esto porque beneficia a ciertos intereses”; dice “esto es lo que dicen los datos”. Pero los datos no deciden: describen. Deciden personas, instituciones y poderes concretos. Cuando esa decisión se esconde detrás de fórmulas técnicas, el resultado no es rigor, sino poder sin responsabilidad.

Así, la precariedad del trabajo aparece como eficiencia económica; las decisiones sanitarias como cálculos neutros que rara vez preguntan quién asume los riesgos; los proyectos en territorios de sacrificio como simples “cumplimientos normativos” mientras degradan ecosistemas y comunidades. La tecnocracia reduce la vida a variables y luego olvida que la vida excede cualquier modelo que la mida.

Frente a ella surge su sombra: el negacionismo. A veces es frontal y ruidoso; más a menudo es suave y “razonable”. No grita que el cambio climático sea falso: susurra que “aún no es concluyente”, que “faltan estudios”, que “no podemos apresurarnos”. Exige certeza absoluta para actuar, pero ninguna certeza para no actuar. Y, sin embargo, la inacción también produce efectos: sequías más duras, incendios más frecuentes, comunidades sin agua, ecosistemas que colapsan en silencio.

Hay negacionismo frontal, negacionismo de incertidumbre, negacionismo burocrático que multiplica comités para no decidir, y negacionismo económico que acepta la ciencia pero declara impagable cualquier cambio. Formas distintas, misma lógica: paralizar con apariencia de rigor.

A esta dupla se suma un tercer uso ideológico: la ciencia a la carta del conservadurismo valórico. En debates de género y educación sexual se invoca una biología simplificada para fijar normas sociales: “la ciencia dice que solo hay dos sexos”. Pero la biología contemporánea muestra variaciones en el desarrollo sexual y relaciones no siempre binarias entre cromosomas, hormonas y cuerpos. Y aun si describiéramos hechos biológicos con total precisión, de ellos no se sigue ningún “debe ser”. Ese salto no es científico: es moral y político disfrazado de naturaleza.

Mientras tanto, se descarta evidencia robusta de la medicina y la salud pública que muestra los beneficios de la educación sexual integral para el bienestar, la prevención y el cuidado. Ciencia cuando conviene; relativismo cuando incomoda.

Frente a todo esto, la alternativa no es menos ciencia, sino más y mejor ciencia: una ciencia crítica. No neutral en el sentido ingenuo, pero sí impersonal en su racionalidad. Una ciencia que reconoce su carácter histórico y situado, que explicita supuestos, que trabaja con incertidumbre cuantificada, que separa datos de interpretaciones y decisiones políticas, y que acepta ser interpelada públicamente. No manda; obliga a explicar. No clausura; eleva el debate. No legitima al poder; lo limita. Produce saber efectivo y lo somete a control democrático.

De ahí se desprende un mínimo exigible a cualquier autoridad que invoque datos. Debería responder, al menos, cinco preguntas: ¿qué se midió exactamente y con qué incertidumbre? ¿Qué supuestos convierten ese dato en interpretación? ¿Qué opción política se eligió y por qué? ¿Qué alternativas se descartaron y con qué criterios? ¿Quién asume el costo si se equivocan, actuando o no actuando? Si estas preguntas no tienen respuesta, no estamos ante saber efectivo: estamos ante pretensión de saber.

Tecnocracia y negacionismo parecen enemigos, pero se sostienen mutuamente. Uno manda sin explicar; el otro rechaza explicar para no cambiar nada. Ambos expulsan a la ciudadanía de la deliberación.

La salida no es elegir entre el mandato supuestamente neutral de los expertos, ni negar la ciencia. Es repolitizar con razones: discutir fines, asumir conflictos, decidir colectivamente bajo criterios explícitos y revisables. La ciencia no debe decirnos qué sociedad queremos, pero ninguna sociedad libre puede decidir sin razones públicas.

Cuando el poder invoca la ciencia para callar, o la niega para no cambiar, no enfrentamos un problema técnico: enfrentamos una cuestión ética sobre quién piensa y quién obedece.

Poner la ciencia al servicio de la ciudadanía es usar la racionalidad científica como escudo democrático: para exigir explicaciones, revelar supuestos ocultos y obligar al poder a asumir responsabilidades. La ciencia no está para proteger al gobierno de la ciudadanía; está para proteger a la ciudadanía del gobierno.

Por Gonzalo Morales

Las expresiones emitidas en esta columna son de exclusiva responsabilidad de su autor(a) y no representan necesariamente las opiniones de El Ciudadano.

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