Despenalización del aborto terapéutico: legislar sin criminalizar

  Esta semana debiese reiniciarse la discusión en particular del proyecto de ley que busca despenalizar la interrupción del embarazo bajo tres causales específicas: inviabilidad fetal, riesgo de vida de la madre y violación

Por Director

10/09/2015

Publicado en

Columnas

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Marco-Enríquez-Ominami

Esta semana debiese reiniciarse la discusión en particular del proyecto de ley que busca despenalizar la interrupción del embarazo bajo tres causales específicas: inviabilidad fetal, riesgo de vida de la madre y violación. La discusión en torno a este proyecto de ley, al igual que sucedió con la Ley de Divorcio y el Acuerdo de Unión Civil, demuestra una vez más que nuestros parlamentarios no siempre legislan en función del bien común de todos los chilenos, sino que en función de sus propias cosmovisiones de índole religiosas, que si bien son respetables, no pueden imponerse sobre quienes no comparten el mismo credo.

 

En ese sentido, resulta preocupante la indicación del Gobierno en torno a autorizar la interrupción del embarazo en caso de violación, a condición de que la victima denuncie a su victimario. En efecto, según datos de la Subsecretaria de Prevención del Delito, durante el 2014 se registraron 2856 violaciones (cifra que suma las denuncias formales más los casos que la policía conoció al detener al violador mientras ocurría el delito). Pero a su vez, la Encuesta Nacional de Seguridad Ciudadana (ENUSC) 2014, de la misma Subsecretaria de Prevención del Delito, nos informa que solo el 40% de los delitos suelen ser denunciados, por diversas razones. Por otra parte, es sabido que cuando se trata de hogares vulnerables, menores abusadas y violadas, suelen serlo por personas pertenecientes a su propio entorno cuando no parientes cercanos. Por tanto, exigir que la victimiza denuncie a su victimario es condicionar un derecho que debiese ser esencial a una re victimización de la menor o mujer violada.

 

De alguna forma, este tipo de indicaciones refleja la desconfianza de los legisladores respecto a las mujeres pues se parte de la base de que se debe a toda costa evitar el mal uso de esa causal para interrumpir el embarazo. La pregunta es entonces, porqué no discutir sobre los derechos sexuales y reproductivos de la mujer? Porqué esquivar, en 2015, una pregunta que rodea permanentemente el debate sobre la despenalización del aborto bajo las tres causales ya mencionadas?

 

Los parlamentarios tienen la obligación de legislar aquellas materias que deben ser reguladas y son objeto de controversia. En este caso, existe un debate de fondo, que es el del aborto, subyacente al proyecto de ley que despenaliza la interrupción del embarazo bajo las tres causales. Es hora de que el debate sobre el aborto se discuta seria y responsablemente, sin caricaturas, sin letra chica y sin doble estándar. Se trata de reconocer derechos esenciales por sobre cosmovisiones particulares.

 

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