La memoria difusa

El agresivo Estado Colorado en el Paraguay actual

El expansionismo social del Estado Colorado está dado por la necesidad de coloradizar la sociedad y la cultura, tanto por la impronta dictatorial heredada de la época estronista como de la presión de los sectores antiderechos con discursos (y acciones) de odio.

El agresivo Estado Colorado en el Paraguay actual

Autor: Pealo Carvallo

Por Pelao Carvallo*[1]

Introducción

La marca del estronismo en el Estado Colorado (Carvallo, Pelao. 2021) actual en Paraguay es una memoria difuminada que se recrea y pervive en la persecución de las oposiciones y en la impunidad de sus oprobiosos hechos. El Partido ColoradoAsociación Nacional Republicana (ANR)- no ha dejado de regir Paraguay desde 1947, incluyendo la larga dictadura de Alfredo Stroessner (1954-1989) que consolidó como modelo al Estado Colorado, que desde entonces solo ha sido actualizado -nunca concluido- incluso considerando el breve interregno que significó el gobierno progresista del ex obispo Fernando Lugo entre 2008 y 2012.

Esta permanente actualización dentro de una forma base que implica mantener una democracia formal con elecciones periódicas para llenar tanto el ejecutivo como el legislativo y renovar con ello tanto las figuras como los poderes internos de la ANR como los nacionales. También implica contar con una oposición domesticada por la conveniencia o por la represión, así como también implica mantener el control del aparato judicial y una estrecha alianza y control de la élite económica del país.

La actualización más reciente del Estado Colorado (Carvallo, Pelao. 2023) ha sido sumarse a la ola antiderechos, antimujeres, antiprogresismo y anti oenegés que inunda desde las potencias imperiales al resto del mundo.

La memoria difusa

La dictadura de Alfredo Stroessner se articuló en torno a tres pilares: el Partido Colorado, las Fuerzas Armadas y el propio dictador y se sostenía en una serie de mecanismos eficientes tales como una fachada democrática (que incluía elecciones, oposición y un congreso, todos muy domesticados), un aparato represivo eficaz (destierro, torturas, desapariciones, campos de concentración en lo práctico, pilar del Plan Cóndor, solo por dar una idea de este aspecto de la dictadura), corrupción generalizada, nacionalismo, apoyo de Estados Unidos, homofobia y machismo como características de la paraguayidad oficial (Nickson, Robert Andrew. 2010). La memoria instalada por el régimen se centraba en la glorificación de un belicismo heroico con base en la Guerra Guasu (1865-1870) y en enlazar la figura de Stroessner con la de Rodríguez de Francia y los López.

La lucha por la memoria en Paraguay tuvo su momento institucional más sólido con la Comisión de Verdad y Justicia, originada en la Ley 2.225 de 2003. El informe final lo entregó en agosto de 2008 (Ramírez, Andrés 2008). Esta comisión dio importancia al contexto y efectos sobre la realidad socioeconómica del país de la política represiva que marcó a la dictadura estronista. La importancia del contexto permitió que el discurso campesino se nutriera de argumentos para luchar por la recuperación de las “tierras malhabidas”, es decir, aquellas tierras que estando destinadas a la reforma agraria impulsada por la misma dictadura estronista, terminaron en manos de altos funcionarios de la dictadura, amigos, parientes, que enriquecieron el acervo económico de la élite dictatorial (Hetherington, Kregg. 2015).

Ese acervo no sufrió disminución, incluso en el cuatrienio progresista de Lugo (“sigue prisionero del viejo esquema corrupto y criminal de los colorados y las multinacionales”. Méndez, Idilio. 2009) la masacre de Marinakue (junio de 2012) y el consiguiente golpe parlamentario a Lugo, sirvieron al Estado Colorado y a la prensa funcional rearticularse, retomar la iniciativa y el poder (en la semana previa al juicio político que lo desbancaría, Lugo nombró como ministro del Interior a un referente colorado[2]) y quitar credibilidad, espacio y prensa al discurso anti Tierras Mal habidas, llevándolo al olvido público. Los gobiernos colorados posteriores (Horacio Cartes, Mario Abdo y el actual Santiago Peña) solo han ahondado en el olvido de la retórica de las tierras mal habidas, incluso levantando iniciativas que terminarían por legalizar y legitimar la posesión de tierras mal habidas, como el proyecto de Ley del Registro Unificado Nacional (RUN) (Base IS, 2024).

Las políticas de memoria, centralizadas en la difusión del informe de la Comisión de Verdad y Justicia, y una pequeña institucionalidad de sitios y monumentos asociados al informe, débilmente impulsadas hasta el gobierno Lugo, han venido siendo desmontadas por vía de quitarles financiamiento: sitios de memoria, museos, vienen sufriendo un abandono notorio bajo un Estado Colorado enfocado en memorias bélicas y militaristas como prioridad[3].

La actualización más reciente del Estado Colorado (Carvallo, Pelao. 2023) ha sido sumarse a la ola antiderechos, antimujeres, antiprogresismo y anti oenegés que inunda desde las potencias imperiales al resto del mundo.

No es necesario, para el Estado Colorado, la reivindicación del estronismo y la figura de Stroessner puesto que se vive en una continua recreación de los contenidos y las formas de la dictadura que hace desaparecer la vivencia de la memoria como tal, y se percibe como una realidad permanente, sostenida, actualizada y familiar. El presidente anterior, Mario Abdo es hijo del secretario privado del dictador Stroessner y figura principal de ese régimen, lo que nos da cuenta de la continuidad incluso familiar del Estado Colorado en Paraguay. La memoria de la dictadura y sus terrores en Paraguay es difusa por lo actual que se percibe.

La memoria agresiva

El constante y permanente performateo del Estado Colorado para representarse a sí mismo como una actualidad novedosa al mismo tiempo que como una continuidad rigurosa de lo conocido requiere de esfuerzos sistemáticos para adscribir nuevas adherencias (dos millones setecientos mil afiliados en septiembre de 2024[4]) y restringir/reprimir disidencias y oposiciones.

La impronta dictatorial estronista en la performática del Estado Colorado se despliega como una agresiva memoria en ejercicio, la del control total. Las elecciones generales de 2023 dejaron al Partido Colorado con una holgada ventaja y predominio en ambas cámaras del congreso nacional (Cerna, Sarah y Setrini, Gustavo. 2023), reforzado con la incorporación de legisladores y legisladoras electas por otras tiendas políticas. Además, el control directo e indirecto tanto del Poder Judicial como del Ministerio Público hacen que cualquier oposición, incluso territorial, sea mínima, controlada y las más de las veces, consentida y funcional.

Al interior del funcionariado público la necesidad de pertenecer al Partido Colorado como requisito fundamental para permanecer (o ingresar) como para ascender se ha vuelto imprescindible en la práctica, aunque las leyes aseguren la neutralidad política del Estado en la evaluación del funcionariado.

La impronta estronista se despliega activamente en la serie de acciones que intentan constantemente de sobreasegurar el control del partido en todo el aparato estatal. Las coordinadoras coloradas de cada entidad pública (y algunas privadas) intentan constantemente duplicar y reemplazar a los sindicatos cuando estos existen y cooptarlos de ser necesario. Estos desplazamientos de lo opositor, de lo disidente, empujando a la nada a quien se oponga al Estado Colorado crea un espacio homogéneo en lo político que vuelve el conflicto nacional en un conflicto interno.

Esta actividad de llenado de espacios, de compulsar adhesiones tiene por objeto paliar la constante pérdida de votos en la elección del bien preciado; el poder ejecutivo. El partido colorado gana la presidencia de la república con cada vez menos votos y por ello reafirma un sistema electoral que no consta de segundas vueltas. Por ello auspicia bajo cuerda múltiples aventuras electorales presidenciales para dividir el voto opositor, a su favor. Esto ha sido la constante desde el retorno a esto que parece una democracia pero que es el Estado Colorado.

La agresividad de este accionar de memoria viva del estronismo se percibe aumentada desde que asumió la presidencia Santiago Peña en 2023. Adscrito a la corriente interna colorada liderada por el ex presidente Horacio Cartes, su gobierno es descrito como “cartista”[5] y en tanto cartista es también descrito como centralista por un lado y expansivo por otro, confluyendo ambas en ser desarrolladas con agresividad. No es necesaria la oposición porque el Partido Colorado lo es todo, y no sólo no es necesaria, sino que la actividad opositora es percibida o como una traición o como un crimen por parte del centro expansivo del Estado Colorado, y esto vale incluso para la oposición interna, la poca que queda, en la misma ANR.

Las referencias al peso económico político del narco en el Estado Colorado son múltiples aunque no son indicatorias de un cambio en lo fundamental: el control político colorado sobre el conjunto de la vida socioeconómica y cultural del país.

Las referencias al peso económico político del narco en el Estado Colorado son múltiples[6] aunque no son indicatorias de un cambio en lo fundamental: el control político colorado sobre el conjunto de la vida socioeconómica y cultural del país.

La ola represiva

La ola derechista, represiva, antiderechos y vanguardista de la nostalgia (Carvallo, Pelao. 2024) que se consolidó como un eje mundial en el último lustro tiene expresiones locales en cada rincón del mundo. Paraguay no es la excepción. Aparte de la militancia constante de la política antiderechos misógina en sectores evangélicos y católicos, desde el gobierno de Horacio Cartes, esta ideología trasnacional tiene representación ministerial tanto en Educación como en otros ministerios. El ministro de Educación de Cartes y actual ministro del Interior, Enrique Riera, avanzó en la política antiderechos contra la “ideología de género” mediante la publicación de la resolución 29.664 que prohibió del todo a la «teoría y/o ideología de género» en los textos educativos de uso en las instituciones educativas públicas. La Resolución Riera no ha sido derogada y su alcance comunicacional ha afectado a otros ministerios que, sin resoluciones de por medio, en la práctica han eliminado la palabra género de todas sus publicaciones, internas y externas.

Durante la temporada electoral 2022-2023 la presencia antiderechos se volvió muy notoria y marcó algunos aspectos importantes de la agenda pública. Por un lado, como tema de campaña dentro de sectores del partido de gobierno, así como minúsculas candidaturas específicamente antiderechos, se impulsó un ataque contra la “agenda globalista o Agenda 2030” así como contra la injerencia de gobiernos extranjeros que impulsan una supuesta “ideología de género”, representada en un convenio firmado con la Unión Europea para sostener un proceso de Transformación Educativa (Carvallo, Pelao et al, 2023) impulsada (y proyectada) por el Ministerio de Educación, iniciativa que con el marco de la resolución Riera no incluía la palabra género ni por accidente.

La presión sistemática de los sectores antiderechos así como el control de las cámaras parlamentarias por parte del Partido Colorado y sus adláteres puso efectivamente en jaque el convenio con la UE. Finalmente, la amenaza que implicaba tanto la pérdida de financiamiento para el Ministerio de Educación como el conflicto diplomático inherente a la denuncia de la firma de un convenio aprobado por ambas partes, los sectores antiderechos consiguieron como victoria simbólica: el cambio de nombre del convenio[7], quitando así un título que incluía el prefijo “trans”.

Esta presión social antiderechos ha afectado a militantes, activistas y luchadoras sociales quienes han sido objeto de fake news, ataques verbales, criminalización y difamación tanto en redes sociales como en la sede legislativa por parte de congresistas. Las acusaciones van desde ser “oenegeros” o “zurdos/as” hasta de ser parte de la “agenda 2030” o propiciar la “ideología de género”, exponiendo datos personales, infografías e imágenes de las personas atacadas en todas las redes sociales[8], así como en audiencias públicas en el legislativo.

La agresividad antiderechos se ha percibido respaldada por el nuevo gobierno norteamericano al dejar sin financiamento a la USAID, de fuerte presencia en Paraguay, tanto en convenios con lo público como con instituciones privadas. La ola antiderechos actual hace eco de aquella homo y transfobia permanente de la dictadura estronista, explicitada en el caso de los 108 y un quemados (Szokol, Erwing, 2013).

La falta de respuesta

La resistencia social paraguaya al Estado Colorado tiene una larga y diversa experiencia de lucha, incluyendo en ellas a la emigración. Parte de quienes hacen a este país han optado por dejarlo, temporalmente en principio, o por estrategia y, en tiempos de dictadura pura y dura, forzados por la represión. Así, tanto en países limítrofes como en otros más lejanos, se han conformado históricas comunidades paraguayas migrantes (Palau, Tomás. 2010).

La resistencia social paraguaya al Estado Colorado tiene una larga y diversa experiencia de lucha, incluyendo en ellas a la emigración.

Otras resistencias han ido desde la no colaboración, la huelga, la desobediencia civil y la objeción de conciencia incluso con riesgo de la propia vida, como en el Marzo Paraguayo (Álvarez, Montserrat, 2015) hasta la resistencia armada, impulsada por idearios nacional revolucionarios, liberales o marxistas en su momento[9] (Pérez Cáceres, Carlos. 2014).

La resistencia actual al Estado Colorado se despliega por un lado en un equilibrio entre la eterna y controlada apuesta electoral, terreno conocido y que entrega su cuota de esperanzas y desgastes rutinarios cada cierta cantidad de años, aun a sabiendas del cada vez mayor control colorado del proceso electoral[10]. Por otra parte, las manifestaciones sociales, protestas y marchas se hacen esporádicas, a veces ritualistas y aquellas que más rendimiento tienen son las impulsivas, inesperadas, pero a la vez son las más reprimidas como las manifestaciones que impidieron que el congreso legislara a favor de la reelección presidencial en 2017 (Cáceres, Sergio. 2017).  Las movilizaciones con la consigna “ANR nunca más” de 2021 fueron también duramente reprimidas, criminalizadas, tal como en 2020 fueron criminalizadas por vía fiscal, policial, judicial y mediática las personas que se manifestaron en la plaza del Panteón de los Héroes en Asunción con el lema “Eran Niñas” por el asesinato por parte de las Fuerzas de Tarea Conjunta en un enfrentamiento con el EPP, “Ejército del Pueblo Paraguayo”. El exilio político del estronismo ha sido desplazado por el exilio judicial de hoy, como lo demuestran los casos de Belén Whittingslow[11] y Stiben Patron[12] para mencionar los de más conocimiento público.

Las ongs (organizaciones no gubernamentales) que forman parte estructural del ecosistema político paraguayo han debido enfrentar también la ofensiva antiderechos en forma de una ley “garrote” o “antiongs”[13] que les coloca en una situación precaria ante el poder colorado. El control del aparato legislativo (hoy de características punitivas) es total y sigue la guía del sector más fervorosamente antiderechos, y no habría habido lobby alguno que revirtiera esa propuesta, por más unido que se presentara.

Los sectores sociales habitualmente movilizados hoy viven una situación de retraimiento y desesperanza. Las formas habituales de responder al Estado Colorado han sido domesticadas, las organizaciones clásicas (partidos, gremios, sindicatos, ongs) también y en el horizonte solo aparece la posibilidad de repetir las mismas fórmulas electorales de siempre o salir del país. Eso es un reconocimiento de la falta de respuesta, o al menos de una falta de respuesta original, adecuada al momento.

Conclusiones

Paraguay, en su particularidad, no escapa a un escenario global marcado por el ascenso de las corrientes más punitivas de los sectores conservadores, centrado en discursos de odio hacia las mujeres, las disidencias sexuales y en favorecer la presencia religiosa conservadora en la vida social, así como en reafirmar la centralidad del capitalismo como forma única de vida en todas sus variantes (extractivista, financiero, etc.).

Cierta diferenciación de Paraguay, y que no contradice al escenario global, es que ese ascenso se da dentro, en concomitancia y útil al sostenimiento y preservación del Estado Colorado, que es la forma que adquiere la república del Paraguay bajo el dominio sostenido del Partido Colorado (Collins, Cath. 2017). Este dominio es social, económico y cultural a la vez y, según las circunstancias, puede ser más o menos aperturista. Actualmente es un domino muy cerrado, centralizador y expansionista: la presencia del Partido Colorado es notoria en cada ámbito y territorialidad del país.

El expansionismo social del Estado Colorado está dado por la necesidad de coloradizar la sociedad y la cultura, tanto por la impronta dictatorial heredada de la época estronista como de la presión de los sectores antiderechos con discursos (y acciones) de odio. Eso va provocando una fuerte fricción social en tanto la demanda de homogeneidad social no se sacia con facilidad, al contrario, siempre exige más: fidelidad, audacia, pruebas de pureza y defensa hasta la impunidad de los propios que trasgredan alguna o todas las leyes. Por ello, la percepción social actual está teñida de sensaciones de injusticia, parcialidad judicial, corrupción e inequidad, sensaciones que el servilismo habitual no puede calmar.

Por Pelao Carvallo

Bibliografía

Álvarez, Montserrat (28 de marzo de 2015). Memorias de marzo. Suplemento Cultural diario ABC de Asunción, Paraguay. https://www.abc.com.py/edicion-impresa/suplementos/cultural/memorias-de-marzo-1351279.html

Base Is. (17 de diciembre de 2024). Proyecto RUN: Legalización de tierras malhabidas y profundización del modelo extractivista. Base Is. https://www.baseis.org.py/proyecto-run-legalizacion-de-tierras-malhabidas-y-profundizacion-del-modelo-extractivista/

Cáceres Mercado, Sergio (2017). La Hoguera de las vanidades: el año del Congreso quemado y refugiados políticos en Codehupy. Ed. Derechos Humanos, Paraguay 2017. (pps 25-33). Codehupy.

Carvallo, Pelao. Corvalán, Ramon. Santa Cruz, Clara y Vaccotti, Paola. (2023). Derecho a la Educación. ¿Lo pedagógico sin derecho a la educación? en Codehupy, ed. Derechos Humanos Paraguay 2023. (pps 239-252). Codehupy.

Carvallo, Pelao (17 de noviembre de 2021). El Estado Colorado del Paraguay. Clacso. https://www.clacso.org/el-estado-colorado-de-paraguay/

Carvallo, Pelao (2023). Renderizado el Estado Colorado en Paraguay. Las elecciones generales de Paraguay 2023 en tiempos postespectaculares. Clacso. https://www.clacso.org/renderizado-el-estado-colorado-en-paraguay-las-elecciones-generales-de-paraguay-2023-en-tiempos-postespectaculares/

Carvallo, Pelao (21 de julio de 2024). La industria de la nostalgia y la destrucción del futuro en el Suplemento Cultural de ABC. Diario ABC. https://www.abc.com.py/edicion-impresa/suplementos/cultural/2024/07/21/la-industria-de-la-nostalgia-y-la-destruccion-del-futuro/

Cerna, Sarah y Setrini, Gustavo (2023). La monopolización del poder Colorado y los desafíos al sistema democrático paraguayo en Codehupy, ed. Derechos Humanos Paraguay 2023. (pps 17-32). Codehupy.

Collins, Cath (2017). Paraguay: justicia transicional a la sombra de Stroessner. Observatorio de Justicia Transicional Facultad de Derecho UDP.

Hetherington, Kregg (2015). Auditores campesinos Transparencia, democracia y tierra en el Paraguay Neoliberal. CERI-Servilibro, eds.

Méndez, Idilio (2009). Batalla contra el imperialismo, la oligarquía y la corrupción en Luis Rojas ed, Gobierno Lugo herencia, gestión y desafíos. (pps 25-42). Base Is.

Nickson, Robert Andrew (2010). El régimen de Stroessner (1954-1989) en Selected Works of Robert Andrew Nickson, University of Birmingham.

Ramírez, Andrés (2008). La Historia Oficial de 35 años de dictadura stronista. El informe final de la Comisión de Verdad y Justicia. En Codehupy (Ed), Derechos Humanos en Paraguay 2008. (Pps 756-783). Codehupy.

Szokol, Erwing coordinador, Cáceres. Orlando y Rojas, Andrés (2013) 108 Ciento ocho, Arandura.


Notas

[1] Integrante del Grupo de Trabajo de Memorias colectivas y prácticas de resistencia, migrante y poeta.

[2] Rubén Candía Amarilla.

[3] Las actividades de memoria oficial se centran en las fiestas patrias y conmemoraciones de las guerras Guasu y del Chaco. Todo lo demás, año a año, es desplazado a la esfera privada.

[4] https://www.lanacion.com.py/politica/2024/09/11/el-partido-colorado-llegaria-a-3-millones-de-afiliados/

[5] https://www.celag.org/paraguay-otro-ano-de-cartismo/

[6] https://elnacional.com.py/politica/la-narco-mafia-esta-insertada-estado-afirma-criminologo-juan-martens-n72678

[7] https://www.ultimahora.com/convenio-sobre-educacion-cambiara-nombre-y-no-se-perdera-dinero-de-ue

[8] https://www.abc.com.py/ciencia/2024/10/26/un-415-de-los-activistas-de-paraguay-fue-blanco-de-ciberataques-en-2023-dice-estudio/

[9] Fulna y Movimiento 144 de mayo. OPM., entre otras.

[10] https://www.lapoliticaonline.com/paraguay/congreso-py/los-colorados-buscan-impedir-el-uso-del-padron-abierto-para-perjudicar-a-las-concertaciones/

[11] https://agendaestadodederecho.com/el-caso-de-belen-whittingslow/

[12] https://www.ultimahora.com/ordenan-captura-internacional-de-stiben-patron-que-habria-solicitado-refugio-en-argentina

[13] Ley N.º 7363 el 15 de noviembre de 2024.

Publicado originalmente en el Boletín #2 Memorias, resistencias y derechos humanos. Clacso. Octubre 2025/Enero 2026.

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