El expresivo y tenso conflicto interno en Estados Unidos

Por Carlos Gutiérrez P.

El conflicto interno en Estados Unidos cada vez adquiere mayor notoriedad y relevancia, con los evidentes choques entre las controvertidas medidas del gobierno de Donald Trump y la resistencia que genera el propio sistema, compuesto tanto por la oposición demócrata como por las acciones más soterradas del llamado “estado profundo”, que responde a lógicas de una élite endógena económica, política y militar que posee una visión sustancialmente hegemónica e imperialista.

1. El caso de los aranceles.

Ha sido el campo de las mayores dificultades con el sistema, ya que las problemáticas medidas de aplicación universal de aranceles están teniendo impacto en la vida cotidiana de los estadounidenses y ha tensado relaciones con países y bloques históricamente socios, sin ver los resultados esperados, ni siquiera en la sumisión de países relevantes. El caso ejemplar ha sido China, que respondió simétricamente a las medidas de Trump, las que finalmente tuvieron que ser objeto de negociación y que dejaron una imagen pública exitosa de la postura china.

Siempre es difícil enfrentarse a los grandes y poderosos grupos económicos en un sistema de propiedad privada si se les toca sus intereses, y esto es lo que en determinada escala ha estado sucediendo en Estados Unidos que ha significado abrir una controvertida batalla legal.

Con fecha 28 de mayo un tribunal federal anuló los aranceles impuestos por el presidente Donald Trump a docenas de países, argumentando que su esfuerzo por justificarlos con amplios argumentos de emergencias nacionales excedía su autoridad legal. El fallo unánime del panel de tres jueces del Tribunal de Comercio Internacional supone un golpe a uno de los pilares centrales de la agenda económica de Trump, en un momento en que busca utilizar los aranceles como palanca para alcanzar acuerdos comerciales en todo el mundo.

El fallo del tribunal anuló las órdenes ejecutivas de Trump que imponían aranceles del 25% a productos canadienses y mexicanos, y un arancel del 20% a productos chinos, en respuesta a una supuesta emergencia nacional relacionada con el narcotráfico. También anuló un arancel del 10% impuesto a todos los socios comerciales de Estados Unidos para abordar los déficits comerciales, así como los aranceles «recíprocos» suspendidos de Trump, de entre el 20% y el 50%, a unos 60 socios comerciales, cuya entrada en vigor está prevista para el 9 de julio si los gobiernos extranjeros no llegan a un acuerdo con la Casa Blanca antes de esa fecha.

La razón fundamental del tribunal argumenta que la ley federal que autoriza al presidente a imponer aranceles, embargos y sanciones en respuesta a emergencias nacionales, la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional de 1977, “no autoriza al presidente a imponer aranceles ilimitados”.

Pero, esto no duró mucho. El día 29 un tribunal federal de apelaciones ha restablecido temporalmente los amplios aranceles “recíprocos” del presidente Donald Trump, mientras considera la solicitud de la administración de dejar los aranceles vigentes mientras continúa el litigio sobre su legalidad.

En un caso aparte, el juez federal de distrito en Washington, Rudolph Contreras, también falló en contra de los aranceles de Trump el mismo jueves 29. Esta no está amparada por la suspensión del Tribunal Federal de Apelaciones, y la apelación de la administración Trump contra el fallo de Contreras se presentará ante otro tribunal federal de apelaciones. Sin embargo, Contreras suspendió su propio fallo durante 14 días para dar tiempo a la administración a apelar. Además, limitó su efecto final a las dos empresas que presentaron la demanda.

Según Reuters del 30 de mayo, esta guerra comercial les ha costado a las empresas globales más de 34.000 millones de dólares en ventas perdidas y aumento de costos.

La cadena de judicialización y los fallos vacilantes alimentan la incertidumbre sobre la agenda arancelaria de la administración, mientras las empresas y los líderes extranjeros se apresuran a comprender qué podría significar el papel de los tribunales para las negociaciones comerciales en curso.

2. La disputa con el sistema educativo.

El 22 de mayo un juez federal impidió que la administración Trump despidiera a miles de trabajadores del Departamento de Educación, dictaminando que los despidos anunciados eran un esfuerzo apenas velado para desmantelar todo el departamento sin la aprobación del Congreso.

El juez federal de distrito Myong Joun rechazó la afirmación del gobierno de Trump de que las miles de bajas anunciadas en marzo eran una apuesta por la «eficiencia». De hecho, habían perturbado gravemente los servicios para estudiantes, familias y estados, lo que redujo la eficiencia de los procesos, declaró el juez. Joun afirmó que las reducciones masivas tenían como objetivo más claro cumplir la promesa de campaña del presidente Donald Trump de eliminar el departamento por completo, algo que, según el juez, sería ilegal sin la aprobación del Congreso. Joun señaló que Trump emitió una orden ejecutiva en marzo que instruía al Secretario de Educación a «tomar todas las medidas necesarias para facilitar el cierre del Departamento».

Continuando con la lógica gobiernista de que Estados Unidos es abusado por el resto de países y eso afecta el interés nacional, ha dirigido una política represiva contra los estudiantes extranjeros en general y el sistema universitario en particular.

La administración Trump está considerando exigir a todos los estudiantes extranjeros que quieran estudiar en Estados Unidos que se sometan a una verificación de redes sociales, una expansión significativa de esfuerzos similares ya declarados anteriormente. En preparación para dicha evaluación requerida, el gobierno está ordenando a las embajadas y secciones consulares de Estados Unidos que dejen de programar nuevas entrevistas para dichos solicitantes de visas de estudiante, según el cable del 27 de mayo y firmado por el secretario de Estado Marco Rubio.

A su vez, anunció que Estados Unidos comenzará a revocar las visas de los estudiantes chinos, que significará una escalada en el conflicto de la administración Trump tanto con el mundo académico como con China.

Sin embargo, la acción más mediática ha sido su confrontación con la Universidad de Harvard. La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, le notificó la semana pasada que la administración cancelaría la certificación de la escuela en el Programa de Estudiantes y Visitantes de Intercambio, que permite a las instituciones matricular a estudiantes extranjeros. En una carta dirigida a la universidad el 22 de mayo, Noem indicó que la cancelación entraba en vigor de inmediato.

Una jueza federal extendió el jueves su bloqueo al intento de la administración Trump de impedir que la Universidad de Harvard inscriba a estudiantes extranjeros. La jueza de distrito estadounidense Allison Burroughs anunció su plan durante una audiencia judicial poco después de que la administración revelara que le daría a la universidad un indulto de 30 días antes de cancelar su autoridad para admitir estudiantes del extranjero.

Ese indulto no elimina la necesidad de una orden judicial que prohíba a la administración tomar medidas contra Harvard, dijo Burroughs.

3. Los encontrones en la élite gubernamental.

El caso más llamativo es el de Elon Musk, asesor multimillonario del presidente Donald Trump, que quedó a cargo de una agencia especial para llevar adelante su iniciativa de recortes gubernamentales (DOGE) y transformó a Washington en un vertiginoso período de cuatro meses, confirmó el miércoles 28 que su período como «empleado especial del gobierno» terminaría pronto. No alcanzó el objetivo de reducir el gasto público en un billón de dólares ni tuvo impacto en la crisis de la deuda pública estadounidense. Se vio más como una oportunidad fallida y desordenada que como una reforma del gobierno federal.

El punto culminante estuvo dado el día 28 por un comentario suyo en la cadena de televisión CBS criticando el proyecto de ley sobre el recorte del gasto público, que fue propuesto por el gobierno y apoyado en la Cámara de Representantes, que significa seguir elevando el nivel de deuda pública (en esa misma semana la agencia de calificación Moody´s rebajó la calificación crediticia citando el aumento de la deuda).

Los republicanos de la Cámara de Representantes finalmente se unieron para aprobar su megaproyecto de ley de política interna el jueves 29, después de semanas de conflicto interno y una intervención de último momento del presidente Donald Trump. La votación de 215 a 214 representa una importante victoria para el presidente de la Cámara, Mike Johnson, quien mantuvo en gran medida la unidad de su partido tras días de intensas negociaciones con los que se resistían. Cumplió su promesa de aprobar la medida antes del receso del Día de los Caídos. El proyecto de ley incluye una nueva ronda de recortes de impuestos solicitados por Trump, así como cientos de miles de millones de dólares en nuevos fondos para las fuerzas armadas y la seguridad fronteriza.

Pero, los sectores más duros del Partido Republicano que se doblegaron en esta Cámara todavía aspiran a que en el Senado se reactive el conflicto y logren cambiar aspectos fundamentales del proyecto de ley, lo que augura la continuidad de las tensiones partidarias internas.

Los demócratas del Senado rechazaron el jueves 8 una moción de procedimiento que permitiría a la cámara alta abordar una histórica legislación sobre criptomonedas liderada por el Partido Republicano, lo que supone un duro golpe para ellos, pero lo destacado es que la mayoría alcanzada fue con el apoyo de tres congresistas republicanos.

A nivel ejecutivo las tensiones han terminado en apresurados cambios. El ex asesor de Seguridad Nacional, Mike Waltz, fue removido de su cargo y concentró mayores poderes el Secretario de Estado, Marco Rubio, quien además estará a cargo del puesto en Seguridad Nacional y es reconocido por una política exterior más agresiva, particularmente hacia América Latina, ya que es parte de la comunidad de cubanos más recalcitrantemente derechista. Asimismo, han sido evidentes las diferencias interpretativas de los conflictos internacionales entre los enviados especiales Steve Witkoff y Keith Kellog. El primero con un buen manejo con Rusia y en Medio Oriente, mientras que el segundo ha asumido una retórica anti rusa, pero no ha logrado ningún posicionamiento de la OTAN en las negociaciones ante la crisis europea. Mientras que, al secretario de Defensa, Pete Hegseth, con mucha menos influencia en la política internacional, lo han dejado en un nivel secundario preocupado de actividades ceremoniales en el Pentágono.

La disputa entre los American First y los Neoconservadores al interior del gobierno de Trump, unido a la escasa experiencia en política exterior de estos nuevos liderazgos, anuncian más problemas diplomáticos para Estados Unidos.

4. Se abren los conflictos para las próximas elecciones parlamentarias.

Este año, se deben llevar a cabo las llamadas elecciones de medio tiempo, coyuntura que los demócratas esperan con ansiedad para poder cambiar la correlación de fuerzas en el legislativo.

Los aliados del presidente Donald Trump están preocupados por la injerencia gubernamental en elecciones estatales, pero, particularmente furiosos con el secretario de Transporte, Sean Duffy, por involucrarse en las primarias del Senado de Michigan, en una carrera que ahora amenaza con dividir a los republicanos, y tensionar el conjunto del proceso electoral, más todavía teniendo en cuenta aspectos particulares de los estados en que las medidas de Donald Trump han tenido efectos muy negativos y afectan a sus representantes republicanos.

5. Los despidos masivos en el aparato estatal.

Un juez federal bloqueó temporalmente el viernes 9 la orden ejecutiva del presidente Donald Trump que permitía al gobierno despedir a decenas de miles de trabajadores federales y eliminar ciertas agencias por completo. El fallo pone en suspenso los planes de la Casa Blanca de implementar despidos en todo el gobierno, incluidos los recortes de personal previstos en los departamentos de Estado, Tesoro, Transporte, Asuntos de Veteranos y la Administración del Seguro Social.

La jueza federal de distrito Susan Illston declaró en su orden que las leyes federales otorgan al presidente amplios poderes para reorganizar el gobierno, incluyendo la posibilidad de ordenar despidos masivos. Sin embargo, añadió que la Casa Blanca también debe cumplir con un conjunto de rigurosos requisitos legales y procesales.

6. La violenta aplicación de la política migratoria.

La Corte Suprema le dio luz verde a la administración Trump para comenzar a deportar a alrededor de medio millón de inmigrantes de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela que ingresaron legalmente a Estados Unidos bajo los programas de “libertad condicional humanitaria” implementados durante la administración Biden. La orden, que no contenía ninguna explicación del razonamiento del tribunal, levanta un fallo anterior de un juez de distrito que había bloqueado la cancelación masiva del programa por parte de la administración.

Los inmigrantes que ingresaron a través de los programas ahora perderán sus permisos para trabajar en Estados Unidos y corren el riesgo de una deportación inminente, aunque se espera que muchos soliciten asilo o protecciones similares.

Las deportaciones masivas de los últimos meses, violando protocolos mínimos diplomáticos y de derechos humanos, tuvieron fuertes repercusiones en los estados destinatarios, así también como en la judialización de varios casos que fueron aberrantes.

La orden ejecutiva del presidente Donald Trump que pretende poner fin a la ciudadanía por derecho de nacimiento no encontró apoyo en la Corte Suprema el jueves 15, pero los jueces parecieron inclinados a frenar un recurso legal que los jueces han utilizado para detener muchas de las primeras medidas políticas de Trump, desde restringir la inmigración hasta recortar el gasto federal y poner fin a las iniciativas contra la diversidad.

El intento del presidente Donald Trump de utilizar una ley del siglo XVIII para expulsar rápidamente a presuntos pandilleros venezolanos, sufrió otro revés legal el viernes 16 cuando la Corte Suprema extendió su bloqueo a la deportación de docenas de hombres detenidos por inmigración en el norte de Texas. El tribunal enfatizó que los hombres, a quienes la administración Trump ha calificado de «enemigos extranjeros», tienen derecho a un debido proceso mayor que el que la administración les ha brindado hasta ahora.

Un juez federal ordenó al gobierno de Trump que disponga el regreso de un hombre guatemalteco que deportó abruptamente a México en febrero, violando el requisito de que a los deportados se les dé la oportunidad de plantear temores de tortura o persecución. La administración Trump violó “incuestionablemente” una orden judicial cuando deportó abruptamente a siete hombres a Sudán del Sur, dictaminó el miércoles 28 un juez federal, sugiriendo que funcionarios de la administración podrían haber cometido desacato criminal.

Esta vez, y seguramente habrá varias más, Trump está apelando ante la Corte Suprema de Estados Unidos para que el poder judicial le permita ejercer las facultades de su cargo. Ha habido jueces en distintos estados que han dictaminado que Trump no puede deportar a inmigrantes ilegales a menos que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) cumpla primero con un complejo conjunto de procedimientos del tribunal de distrito para evaluar cualquier posible demanda bajo la Convención contra la Tortura.

También ha tomado varias decisiones sobre deportaciones de personas debido a sus posturas políticas y que han sido retrotraídas por la justicia. El 14 de mayo un juez federal ordenó la liberación del profesor de la Universidad de Georgetown, de origen indio, por su activismo pro palestino. Anteriormente, el 9 de mayo, un juez federal ordenó la liberación inmediata de una estudiante de doctorado de origen turco, detenida por escribir un artículo crítico con Israel.

Todas estas controversias internas son una manifestación del intenso malestar que se incuba paulatinamente en la sociedad estadounidense, y que, a pesar de ser de larga data, ya desde el anterior gobierno de Trump, el posterior descalabro del gobierno de Biden y el actual de Trump, tiende a profundizarse y expresarse violentamente, especialmente por su crisis en la vida cotidiana.

La ofensiva contra el medio universitario e intelectual, así como agencias del medio científico y tecnológico lo pone en colisión con una base del conocimiento que es fundamental para el objetivo de seguir en la cúspide de la hegemonía mundial.

Según un estudio de mayo de este año, realizado por el Instituto Ludwig para la prosperidad económica compartida (LISEP), donde se tomaron en cuenta aspectos como la vivienda, la alimentación, la medicina, el trasporte, la compra de ropa y herramientas tecnológicas, el gasto en familia y las aficiones, llega a la conclusión que “la clase media ha ido disminuyendo, pero no nos hemos dado cuenta del todo”.

Para el 60 % de los hogares una calidad de vida mínima sigue siendo inalcanzable. Mientras la tasa oficial de desempleo es de 4,2 % no refleja el alcance real de las dificultades económicas, ya que la tasa de desempleados funcionales supera el 24 %.

Los hogares con ingresos más bajos en 2023, ganaban una media de 38.000 dólares, mientras que necesitaban 67.000 dólares para cubrir una canasta de compras básicas. Los costos de vivienda y salud han subido especialmente y la cantidad necesaria para asistir a una universidad pública ha aumentado un 122% desde 2001.

Finalmente, el director del estudio concluye que “es realmente peligroso porque es el tipo de cosas que conducen al malestar social, y no es justo con el sueño americano”.

Por Carlos Gutiérrez P.

Carta Geopolítica 47, 03/06/2025

El Centro de Estudios Estratégicos de Chile -CEECH- espera sus opiniones y sugerencias en
[email protected]

Las expresiones emitidas en esta sección son de exclusiva responsabilidad de su autor(a) y no representan necesariamente las opiniones de El Ciudadano.

Sigue leyendo:

La derrota del relato israelí en el genocidio palestino