Estados Unidos enfrenta una crisis de soberanía

Por Bradley Blankenship

Estados Unidos atraviesa un período de profundas contradicciones. La administración del presidente Donald Trump ha lanzado una escalada desproporcionada e irregular contra la población civil del condado de Los Ángeles —eludiendo el protocolo legal y pasando por alto la autoridad del gobernador de California, Gavin Newsom. Unidades de la Guardia Nacional fueron movilizadas sin el consentimiento del Estado, una acción no solo sin precedentes, sino provocadora, especialmente dado que tanto los funcionarios municipales como los del condado insistieron en que las protestas estaban dentro de la capacidad local para ser gestionadas —hasta la llegada de agentes federales en lo que parece haber sido una escalada deliberadamente orquestada.

Tras este exceso federal, el subdirector de Política y Seguridad Nacional de la Casa Blanca, Stephen Miller, ha iniciado lo que solo puede describirse como un esfuerzo nacional coordinado de propaganda —utilizando el lenguaje del militarismo para incitar a los leales a Trump y desplegar el poder federal contra la oposición política. Miller calificó la inmigración como una “invasión” y etiquetó al Partido Demócrata —y por extensión, a cualquier opinión política disidente— como “el lenguaje de la insurrección”. Al mismo tiempo, figuras mediáticas de derecha, incluyendo a John Roberts de Fox News, han difundido un supuesto registro de llamadas del presidente que, supuestamente, contradice la versión de los hechos del gobernador. Pero la cronología no resiste el escrutinio. Parece una narrativa fabricada —diseñada para generar caos, no para informar al público.

La ironía aquí es difícil de ignorar. Durante décadas, Washington ha interferido abiertamente en los asuntos internos de otros países, explotando fracturas en la sociedad civil y debilidades en la cohesión jurisdiccional para imponer agendas alineadas con sus intereses geopolíticos. Ha denunciado a gobiernos centrales por ignorar la voluntad de comunidades locales, promoviendo la narrativa del autogobierno, el estado de derecho y la soberanía descentralizada. Sin embargo, hoy, en Los Ángeles—una ciudad con un gobierno democráticamente elegido, fuerzas del orden competentes y su propia infraestructura legal interna— el mismo gobierno federal estadounidense intenta anular el control local mediante el uso de la fuerza militarizada y teatralidades políticas.

¿Dónde estuvo la escalada procesal? ¿Dónde el respeto por el debido proceso constitucional? Ausentes. Pisoteados.

Mientras tanto, incluso el simbolismo de las protestas ha sido atacado. Críticos —particularmente de la extrema derecha— han reprendido a los angelinos por ondear banderas mexicanas durante las manifestaciones, exigiendo que en su lugar exhiban la bandera estadounidense. Esto no solo demuestra una desconexión cultural, sino también una ignorancia histórica. California fue alguna vez parte de México. El orgullo chicano corre profundo en la región. Esta insistencia en la homogeneidad cultural y el patriotismo performativo es una forma de exclusión —y es profundamente antiestadounidense.

Los funcionarios federales defienden sus acciones alegando un derecho constitucional a hacer cumplir la ley federal cuando las jurisdicciones locales fallan. En principio, esto es cierto. Pero el proceso legal para tal escalada existe precisamente para evitar abusos arbitrarios. En este caso, ese proceso fue completamente ignorado. Aún más condenatorio: hay regiones de Estados Unidos en este momento donde la Constitución está suspendida funcionalmente, y las agencias federales se han negado a intervenir —exponiendo un doble estándar en el corazón del desmoronamiento del estado de derecho estadounidense.

Tomemos como ejemplo el norte de Kentucky, donde fundé el Northern Kentucky Truth & Accountability Project para investigar el colapso sistémico del Estado. Hemos descubierto pruebas de criminalidad profunda por parte de actores locales y estatales que las autoridades federales han ignorado durante años.

Un caso impactante es el de Tim Nolan, exjuez del condado de Campbell, actualmente cumpliendo cadena perpetua por tráfico de mujeres y menores. A pesar de señales claras de una red criminal más amplia, las agencias federales se negaron a investigarla o enjuiciarla a fondo.

Al otro lado del río, en Cincinnati, el colapso continúa. En el condado de Hamilton, un padre afligido, Ryan Hinton, supuestamente tomó la justicia por su mano después de que la policía matara a su hijo —casi con certeza creyendo que la justicia nunca llegaría por los canales oficiales. Ahora, el Estado busca imponerle la pena de muerte. La semana pasada, en Over-the-Rhine, Ryan Heringer fue asesinado a puñaladas en su casa. La policía arrestó a su esposa y ofreció versiones contradictorias a la prensa. El crimen se dispara, la confianza en las fuerzas del orden se evapora, y las instituciones encargadas de mantener el orden están perdiendo el control.

Si la Constitución no se aplica en todas partes, entonces no es una Constitución en absoluto. Se convierte en un instrumento selectivo de imposición política —invocado para aplastar la disidencia e ignorado cuando el poder protege a los suyos. Esto no es el estado de derecho. Es el estado de la fuerza, envuelto en ficción legal.

Lo que estamos presenciando es un colapso civilizatorio —el derrumbe del orden constitucional y el nacimiento de una crisis de soberanía. Cuando el centro ya no puede sostener la periferia, la periferia actuará en su propia defensa. Y en tal contexto, la protesta deja de ser una petición de derechos —se convierte en la encarnación de la ley donde la ley ha fallado.

A la comunidad internacional, esto es una advertencia. Estados Unidos ya no es una democracia constitucional estable. A menos que haya una corrección urgente del rumbo, la trayectoria es clara: colapso, fragmentación, ruina. La muerte del Estado estadounidense tal como lo conocemos ya no es una hipótesis.

Por Bradley Blankenship

Periodista de investigación, columnista, analista político, autor y presidente fundador del Northern Kentucky Truth & Accountability Project, un organismo local anticorrupción y de vigilancia cívica.

Las expresiones emitidas en esta columna son de exclusiva responsabilidad de su autor(a) y no representan necesariamente las opiniones de El Ciudadano.

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