Expulsión de 37 ONGs en Palestina: Cómo Israel acelera el colapso del orden internacional

Por Sheryn Barham – diplomática palestina acreditada en Chile

Durante más de dos años, expertos, líderes políticos y organizaciones de la sociedad civil han advertido que en Palestina —y de manera particularmente dramática en la Franja de Gaza— se están poniendo en juego los principios más fundamentales del orden internacional contemporáneo.

Para algunos, estas advertencias parecían exageradas; para otros, simples construcciones retóricas o discursos interesados. Nada más alejado de la realidad.

Resulta imprescindible retrotraernos a los capítulos más oscuros de la historia de la humanidad para comprender qué dio origen al sistema internacional vigente.

La creación de las Naciones Unidas —como sucesora de la fallida Liga de las Naciones—, así como el desarrollo del derecho penal internacional a partir de los Principios de Núremberg y de tribunales ad hoc como los de la ex Yugoslavia y Ruanda, respondieron precisamente a la necesidad de evitar la repetición de crímenes atroces.

A ello se suman instrumentos jurídicos fundamentales, surgidos tras experiencias históricas devastadoras, como la Convención para la Prevención de Genocidio, la Convención contra el Apartheid, la Convención contra la Tortura y la Convención Internacional sobre la Eliminación de Discriminación Racial, entre muchas otras.

No se trata de un ejercicio histórico. El propósito es evidenciar qué es lo que hoy está en riesgo en un territorio pequeño en extensión, pero central en términos geopolíticos y jurídicos: Palestina.

Como si 77 años de impunidad frente a la comisión sistemática de crímenes de guerra y de lesa humanidad no fueran suficientes, el pasado martes 30 de diciembre de 2025 el gobierno israelí encabezado por el primer ministro Benjamín Netanyahu, sobre quien pesa una orden de arresto de la Corte Penal Internacional, anunció que a partir de enero de 2026 impedirá la operación de 37 ONGs en todo el Territorio Palestino Ocupado.

Esta decisión, sin precedentes por su alcance y gravedad, afecta a algunas de las ONG humanitarias más reconocidas a nivel mundial, que hoy constituyen una auténtica línea de vida para más de dos millones de palestinos en la Franja de Gaza y que brindan asistencia esencial en ámbitos como salud, educación y protección social en Cisjordania ocupada, incluida Jerusalén Oriental.

La expulsión de organizaciones humanitarias internacionales no solo agrava de manera inmediata la crisis humanitaria, sino que constituye una señal inequívoca de desmantelamiento deliberado de los mecanismos de protección y supervisión internacional.

En contextos como el palestino, las ONG son, en muchos casos, los últimos garantes de presencia internacional, de monitoreo independiente y de asistencia a una población civil sometida a un régimen prolongado de ocupación y privaciones sistemáticas. Silenciarlas equivale a normalizar la opacidad y a facilitar la perpetuación de la impunidad.

Organizaciones como Médicos Sin Fronteras, Oxfam, ActionAid y Cáritas se verían obligadas a cesar sus actividades y evacuar a su personal antes del 1 de marzo, tras negarse a cumplir exigencias impuestas por las autoridades israelíes, entre ellas la obligación de que las organizaciones y su personal reconozcan a Israel como un “Estado judío y democrático”. Tal exigencia ignora deliberadamente que más del 21 % de la población que reside en el país no pertenece a dicha comunidad, lo que constituye una práctica abiertamente discriminatoria.

Por supuesto, las condenas internacionales ante esta nueva política ilegítima e inadmisible no se hicieron esperar. Sin embargo, mientras las condenas no se traduzcan en medidas concretas y efectivas que obliguen a Israel, potencia ocupante, a cumplir con las obligaciones que le impone el Derecho Internacional y su condición de Estado miembro del sistema de Naciones Unidas, la situación no cambiará.

La continuidad de la impunidad solo profundiza un patrón de ilegalidades que ha sido tolerado durante más de siete décadas, en gran medida gracias a la falta de voluntad política y a la complicidad de actores clave de la comunidad internacional.

La pregunta de fondo, entonces, es inevitable: ¿Está el mundo dispuesto a seguir blindando a Israel a costa de desmantelar el sistema de principios y normas que tanto tiempo, sufrimiento y vidas humanas costó construir?

El Ciudadano