Gobierno y retroceso social

En Portugal, hace algunos años, se anuló una ley que subrepticiamente derogaba el Servicio Nacional de Salud, pues implicaba una violación del “principio de retroceso social”. Se razonó sobre la base, que el Estado no solo estaba obligado a proporcionar un derecho social, sino que este fijaba un estándar, del cual no podría bajarse, obligándose el Estado a abstenerse de hacerlo (Ac. 34/84-TC) ¿la ratio de esta sentencia, que nos puede decir a nosotros hoy?

Se supone que el Estado está al servicio de la persona humana, es tan obvio decirlo, que incluso da un poco de vergüenza hacerlo. Sin embargo, en nuestro país, las cosas no suceden necesariamente así, al menos en cuanto al financiamiento de la educación se trata. Lo cierto es que los canales diseñados para recibir y solucionar las demandas de los estudiantes, y de la ciudadanía en general no han estado a la altura. Los que dicen representar los intereses de la mayoría, han, por acción u omisión, beneficiado a una minoría que se ha hecho con el control de las deudas, generada por un sistema crediticio de Educación Superior, extremadamente oneroso. Con ello no tenemos a una persona que se beneficia de la protección que le puede otorgar el Estado, sino que a un Estado que permite que la persona humana, actualice su vida en función de las obligaciones que debe cumplir hacia la banca.

La educación universitaria, supone la creación del capital científico, cultural, crítico y humanista de un país. Donde la misión de la universidad es sometida a meras consideraciones financieras, económicas o de lucro, por sobre esta función, podemos pensar que dicho capital, o bien, no se generará, o lo hará de forma insatisfactoria. Esto es simple de entender, pues el norte de la institución no estará puesto en el cultivo de la excelencia de las capacidades de los educandos, sino en la cantidad de dinero que pueden extraer de él. Los estudiantes piden gratuidad, pues, tanto el acceso, como la permanencia en las aulas, deberían solo tener por condición el mérito, si la condición es la capacidad de pago, nos encontramos con un Estado que permite el retroceso social de un país, pues no solo el mérito pasará a un segundo plano, sino que las familias, para mantener a sus hijos en la universidad, deberán recurrir a la contratación de créditos, los cuales a su vez, se tornan muy difíciles de pagar, dada la baja empleabilidad que los estudiantes tienen, al estudiar en instituciones que no invierten en ellos, generando un círculo vicioso. El resultado: una gran cantidad de instituciones de Educación Superior, que pueden llamarse «universidad», pero que en realidad no lo son, al no ser capaces de generar el capital intelectual, que Chile requiere.

Por tanto, me parece que el Gobierno puede ser calificado legítimamente de intransigente, al no asumir la función que solo él puede llevar a cabo, ofreciendo como propuesta un mejoramiento de las reglas de un sistema que en sí mismo es inadecuado para el desarrollo del país, y para el florecimiento de las capacidades de nuestra gente. El llamado al Gobierno y a los parlamentarios, es a subir el estándar social, atrévanse, pues el mantenerlo hoy, solo garantiza el retroceso del mañana.

Por Alfonso Henríquez