¿Hablemos de aborto?

Entre hoy y mañana se discutirá el proyecto de aborto en tres causales impulsado por el Gobierno, luego de varios meses de retraso por las constantes presiones de sectores de la Democracia Cristiana, encabezados por la ex senadora Soledad Alvear. Referente a este tema, mucho se ha dicho y discutido, por lo general en debates bastante aireados, donde vemos imposiciones de visiones valóricas confesionales, ligadas a un credo religioso, versus posturas que defienden los derechos humanos de la mujer. Sin embargo, para abrir el debate, por esta vez nos abstraeremos de estos argumentos, para hacer un paneo general de lo que pasa en Chile, y centrarnos en pensarlo como un problema de salud pública. No es que no sea parte del mismo, de hecho, soy una férrea defensora del derecho de la mujer a decidir sobre su vida y cuerpo, pero por esta vez esta columna apunta a dar insumos para el debate informado.

En primer lugar, tal vez sea bueno recordar que en Chile las mujeres abortan. Esto es una realidad, y tipificar esta acción como delito no evita que las mujeres lo sigan haciendo; sino más bien, esconde las cifras de aborto, perpetúa la precarización de la atención de las mujeres que no pueden pagar clínicas privadas o ir fuera de Chile, poniendo en riesgo sus vidas, atentando contra sus derechos reproductivos (pueden quedar estériles) y su integridad física y psicológica (se someten a todo tipo de malos tratos).

¿Veamos las cifras? De acuerdo a Amnistía Internacional, en el informe “Chile no protege a las mujeres. La criminalización del aborto viola los derechos humanos” de 2015, las cifras anuales de aborto varían entre 33.000 a 160.000, esto es entre 90 y 438 abortos diarios. Mientras que otros estudios hablan de 15.000 abortos al año, pero éstos no contemplan estimaciones no oficiales, dado el carácter clandestino que tienen, por lo que las cifras se deben multiplicar para contar con un número más cercano a la realidad. Por lo tanto, si bien no hay consenso en los números, se mire desde el punto donde se mire, es indiscutiblemente un problema de salud pública.

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Ahora bien, sería bueno situar estas cifras en el contexto de la sociedad chilena. El aborto, como prácticamente todo lo que pasa en Chile, nos lleva a la dicotomía élite versus gente común, es decir, el 1% versus el 99% de la población. Esto, ya que quienes pertenecen a la élite acceden a abortos seguros, recibiendo atención con la máxima calidad de cuidados, tanto médicos como de trato personal, sin exponerse a ser denunciadas y detenidas. Quienes tienen el dinero suficiente para viajar a países donde está legalizado el aborto o para recibir atención en clínicas privadas, se exponen sólo a los riesgos mínimos de cualquier intervención médica. Lo que obedece a la doble moral de la élite chilena, la que demuestra ser muy conservadora y tiende a imponernos a nosotras y nosotros, la gente común, sus parámetros de lo bueno y lo malo; pero cuando le toca a sus hijas, la consigna parece ser “ojos que no ven, corazón que no siente”. Hace poco más de un año vimos como destituían a Helia Molina como Ministra de Salud, por decir en una entrevista que en las clínicas privadas y de alto costo “las familias conservadoras han hecho abortar a sus hijas”. Aunque meses después la misma Presidenta Bachelet aseguró que quienes cuentan con recursos suficientes, abortan en condiciones seguras. Contradicciones que sólo se explican por las presiones de los sectores más conservadores de la Nueva Mayoría, pero lo cierto es que no necesitamos que ellas y ellos nos digan lo que pasa en realidad; siempre lo hemos sabido porque así ha funcionado hasta ahora nuestro país.

Ahora bien, quienes no pertenecemos a esa élite y sí a la gente común de este país, quienes no podemos pagar para viajar a otro país o para ser atendidas en una clínica privada, ¿qué hacemos?  Abortamos en clínicas clandestinas, donde se nos atiende bajo condiciones insalubres, poniendo en riesgo nuestras vidas o quedar con secuelas como la esterilidad, donde nos sometemos a denostaciones y muchas veces, a pagar parte de la intervención con “favores sexuales”, como bien lo documenta el Informe de Derechos Humanos 2013, elaborado por la Universidad Diego Portales. Otras decidimos comprar Misoprostol, fármaco de venta ilegal en Chile, por lo que, cuando contamos con un buen dato, podemos acceder a él de manera relativamente rápida y “segura”; y cuando no, a través de Internet podemos buscar quién vende la pastilla, exponiéndonos, por supuesto, a que nos vendan cualquier pastilla que se le parezca. ¿Y si algo sale mal y nos desangramos? Bueno, tenemos que asistir a un hospital público, someternos a un interrogatorio por parte del personal que atiende, cual PDI, que muchas veces cree tener el derecho de condicionar la atención a la respuesta a sus preguntas; para luego dar aviso a Carabineros para que nos detengan, porque parece que el secreto médico no corre para nosotras. Y así terminamos en un proceso judicial, cuando no morimos desangradas (en este punto, tal vez sería bueno indicar que la cifra que maneja el Ministerio de Salud es que el 17% de las muertes de embarazadas son causadas por abortos en condiciones clandestinas). Ahora, si además somos adolescentes, todos los problemas antes enumerados se agravan.

¿Se logra percibir alguna diferencia en las dos situaciones? Como en educación, vivienda, trabajo, salud, etcétera, etcétera, la situación es aberrante y atenta contra el sentido común y la igualdad de derechos para todas y todos.

Finalmente, para aportar más insumos al debate, cabe recordar que el aborto en todas sus causales fue penalizado en Chile el 15 de septiembre de 1989, pasando así a ser uno de los 7 países en el mundo (incluyendo al Vaticano) que tipifican y penalizan el aborto como un delito, en cualquiera de sus formas. La organización de derechos humanos, Amnistía Internacional, ha defendido constantemente el derecho de las mujeres a decidir sobre sus cuerpos, calificando la criminalización del aborto como una violación a los derechos humanos. Asimismo, recientemente, en un fallo inédito, Naciones Unidas responsabilizó a Perú por no asegurar el acceso a un aborto seguro y legal a una adolescente, reconociéndolo así como un derecho humano.