La Administración de justicia al banquillo

La Fiscalía, en el sistema actual, tiene un rol que debería ejercerse bajo el imperativo del olvidado principio de objetividad, establecido en su propia ley orgánica. Este principio demanda tratar a cada investigado con parámetros establecidos por la prueba, no por apreciaciones subjetivas o intenciones ajenas a la ley.

Por Fernando Monsalve Arias

El Poder Judicial no es un oráculo; es una maquinaria compuesta por personas situadas, con carreras, incentivos y dependencias. La mayoría de sus integrantes procura “aplicar la ley”, sí, pero lo hace desde un horizonte de socialización conservador que Chile arrastra por décadas. Esto no constituye una inhabilidad per se; es una condición profundamente humana e incluso deseable para jueces que sienten y empatizan con dolores sociales. Lo crucial es que sus visiones, sentires y militancias no infrinjan manifiestamente la ley y, menos aún, que en su ejercicio laboral fallen con el propósito explícito de influir en la política pura y en los efectos electorales, ya sea inhabilitando dirigentes o, por el contrario, omitiendo juzgar a otros para que continúen socavando nuestra democracia. Esa sociología de la judicatura importa porque define qué se considera “normal” y qué se percibe como “peligroso” y es justamente aquí donde debemos prestar atención.

Los/as jueces, en sus diversos grados jerárquicos (jueces de primera instancia, ministros de corte y ministros de la Corte Suprema), realizan una labor fundamental. Es una simplificación crucial entender que aproximadamente el 95% de los nombramientos de la judicatura recaen en el Ministro de Justicia, quien define así la composición de nuestros tribunales. Solo los cargos supremos se negocian o «cuotean» con la participación directa de parlamentarios, específicamente el Senado.

Desconocer la histórica pertenencia de la judicatura chilena a visiones políticas conservadoras es ignorar absurdamente nuestra realidad. Durante la dictadura, miles de recursos de hábeas corpus fueron archivados, y solo con el avance de la democracia tutelada se pudo comenzar a juzgar a agentes genocidas. La composición y la visión de sus autoridades son tan determinantes que sus deliberaciones y fallos impactan asuntos tan importantes como la procedencia de despidos injustificados, la aplicación de la legitima defensa de agentes del Estado que mutilan a compatriotas, indemnizaciones multimillonarias entre grupos económicos, aumento o rebaja de alimentos y compensaciones económicas, responsabilidades por financiamiento ilegal de la política, respeto o el reconocimiento de fueros maternales y sindicales y muchos asuntos más.

Comprender que la judicatura está compuesta por personas que, en su mayoría, aplican la ley desde sus propios criterios marcados por su vida, entorno y experiencias personales, y que su avance profesional depende de quienes permiten sus nombramientos en la pirámide judicial, es fundamental para cualquier gobierno que busque transformar las condiciones imperantes en pro de una mayor justicia social. Quienes entienden esta realidad deben, imperiosamente, buscar la transformación profunda del sistema político de nombramientos y de la necesaria transparencia en el conocimiento de quienes componen, integran y juzgan las causas, sobre todas aquellas de relevancia política y que solidifican o socaban la democracia o a su vez la impunidad, dependiendo de sus resultados . 

Ministerio Público: un brazo político sin miramientos

La Fiscalía, en el sistema actual, tiene un rol que debería ejercerse bajo el imperativo del olvidado principio de objetividad, establecido en su propia ley orgánica. Este principio demanda tratar a cada investigado con parámetros establecidos por la prueba, no por apreciaciones subjetivas o intenciones ajenas a la ley. Hace un tiempo, la labor de la Fiscalía se remitía, al menos públicamente, a la persecución de delitos comunes. Sin embargo, en un giro de su política y principios rectores, ha optado por actuar decididamente como un perseguidor y activista social, permeado por necesidades político-sociales.

Es así como, bajo el ejercicio de sus atribuciones en investigación, formalización y acusación, ha decidido institucionalmente influir en la política de nuestro país. No hay duda de que, en un tiempo reciente, el actuar de la Fiscalía en ciertas causas de connotación política ha trascendido su ejercicio exclusivamente legal, dirigiéndose peligrosamente hacia lo que se conoce como lawfare. Esto se ha manifestado mediante filtraciones de carpetas investigativas que predisponen a la sociedad contra determinados actores, o al ejercer su facultad excluyente de formalizar, juzgando previa y públicamente a personas inocentes, incluso antes de un juicio oral vía publicidad y subjetividad en sus calificaciones, plazos y medidas cautelares solicitadas. Por ejemplo, la presentación de la acusación en forma y tiempo electoral, inequívocamente, revela una intencionalidad política: la inhabilitación de un ciudadano y la privación de la democracia a sus electores, no es una simple casualidad que se presentara la acusación “justo” en tiempo para impugnar la candidatura del ciudadano Jadue, la cual contó sin duda en este caso con la complicidad manifiesta, en al menos a las fechas de audiencia fijadas, por la administración y judicatura de Garantía que justamente debiese estar para controlar y garantizar a una de las partes en juicio, del ente persecutor y no ser obsecuente con el mismo sino que objetivo y garantizar el buen uso de sus herramientas legales.

Es imposible no considerar como alarmante el nombramiento del Fiscal Nacional, cuya debate interno en el gobierno y la decisión del presidente de postularlo para que el senado decidiera aun no se ha transparentado, también es imprescindible omitir el análisis mínimo de las actuaciones de la futura Ministra de Seguridad, ex fiscal regional de Tarapacá, quien debería dar cuenta del criterio utilizado para formalizar, acusar, no perseverar o simplemente no investigar en múltiples causas, ya que sin duda ha tenido y tiene una visión y militancia política de extrema derecha que hoy sale a la luz y que afecto sin duda sus actuaciones como fiscal, pero que nadie conoce como.

Con todo, la necesidad de legislar sobre esta institución fundamental en la justicia como es el Ministerio Publico, de transparentar las relaciones, criterios políticos y subjetivos de los/as fiscales en el ejercicio de sus funciones es un imperativo que lamentablemente en estos años no han siquiera sido considerados, dejándonos al arbitrio de los poderes facticos, políticos y económicos contrarios a los que supuestamente se representaron en este periodo presidencial. 

Tanto en el sistema de nombramientos judiciales y en el fortalecimiento del Ministerio Publico hemos desperdiciado 4 años, con propuestas legislativas tibias, que no atacan la corrupción, la subjetividad y la búsqueda de la mas nítida transparencia que nuestro sistema y país necesita para quebrar con esa justicia de clase que nos sigue dominando y que debemos transformar.

 “El poder ejecutivo del Estado moderno no es más que un comité que administra los negocios comunes de toda la clase burguesa” (Marx y Engels, Manifiesto…, Obras Escogidas). La judicatura y la fiscalía, con sus autonomías formales, funcionan como piezas de esa administración cuando la correlación de fuerzas no las obliga a otra cosa.

Fernando Monsalve Arias

Abogado, ex integrante Corte de Apelaciones de San Miguel 2024-2025.

Experto legislativo y en políticas públicas de justicia, energía y deportes.