La paradoja de ARCIS y la falta de democracia en las universidades

Otro fiasco más. En eso se transformó el nuevo intento de bancarización por parte de las autoridades de ARCIS. Para muchos aquel fracasotiene que ver con el “carácter” del sector que ha insistido en mantenerse en el poder pese a los evidentes cuestionamientos a su legitimidad, copandotodos los espacios públicos a fin de que “no se note” la crisis -con ayuda de sus aliados poderosos-, pero siendo ineficaces en dar soluciones.

Pero este nuevo fracaso no solo es muestra de la tozudez de un sector falto de ideas, sino que se inscribe en un imaginario que atraviesa y da características al modelo de universidades de nuestro país acorde al modelo privatizador creado en dictadura. Este tiene que ver con el carácter “exclusivamente económico” del gobierno universitario, excluyendo de la discusión a lo político. Es decir, este imaginario “crea” a las universidades como una mera unidad económica, negando que en su origen se encuentren determinantes históricos que guían su resolución y su destino, reduciendo el gobierno universitario a unos cuantos indicadores de gestión o de administración financiera. El modelo universitario chileno actual no es “natural” ni menos “adecuado” a la función que dice representar en lo público, sino que se ha vuelto funcional al modelo de predominio financiero propio del Chile creado por la dictadura y que ha sido ampliamente cuestionado, y que esperamos sea cambiado (no reformado) en breve plazo.

A pesar de que su ideario intenta separar lo económico de lo político, lo cierto es que este “paradigma” es sostenido con innumerables significaciones que organizan un sentido excluyente de otros actores en la administración del poder, es decir, es evidente su operatoria para la desactivación de otros legítimos intereses políticos, ya que no hay separación alguna entre estos dos órdenes, sino que lo político debe estar subordinado a lo económico.

Desde mediados de año la comunidad organizada estuvo trabajando en una modificación de estatutos y de un reglamento de elecciones orientado a sentar las bases de un gobierno triestamental que permita la democratización de la universidad. El trabajo de democratización que es un objetivo que el anterior directorio había propuesto (sí, el abiertamente comunista) y que había sido abrazado por los estudiantes luego del acuerdo de la toma del 2013, se constituyó en la tarea de los estamentos. Sin embargo, a pesar de llegar a acuerdo dos veces en un calendario de elecciones, finalmente fue desconocido por la Rectoría, la Asociación de Académicos y apoyado por el silencio de las otras organizaciones aliadas a la autoridad.

Lo que destaca en el torpedeo al interior de la mesa para que no se cambie nada, son los argumentos de un sector que dice ser representante de un campo político ideológico en el que su objetivo es mejorar la condición de explotación y exclusión de los trabajadores y los sectores vulnerabilizados por el modelo socio-económico actual e histórico en Chile.

Los argumentos de los académicos -otrora defensores de los derechos humanos- sorprenden por su apego al modelo privatizador y excluyente al interior de la universidad. Estos hacen gala de la “tradición universitaria”, y de la “poca capacidad de los otros estamentos”, o de la “necesidad de las jerarquías naturales” debido a la diferencia de funciones de la academia. Se les ve ampliamente molestos porque parte de los docentes, agrupados en Profesores Autoconvocados, junto al Sindicato histórico, y al Consejo de Delegados de los estudiantes, argumenten en beneficio de la inclusión de los trabajadores y de los estudiantes en el gobierno universitario.

Argumentos del tipo, “los trabajadores no están en condiciones de saber quién es buen rector o no, por lo que no pueden elegir”, de parte de una docente que no tuvo ningún bochorno al tratar una situación histórica como una verdad natural. Es decir, se apela a la poca “instrucción” de los trabajadores, asumiéndolos como de segunda clase en la universidad, por lo que solo les queda responder a las labores para las que están destinados, jamás pensar, ni menos intervenir.

O bien, “la tradición siempre ha mostrado que son los académicos los únicos responsables de la universidad”, es reiterado por el docente que enseña a los mismos estudiantes que margina, que no existe ningún derecho adquirido en beneficio de los sectores vulnerabilizados, que haya sido iniciativa desde los beneficiarios del poder dominador, sino que son producto de las luchas por contrarrestar la exclusión histórica que han sufrido, y que siguen padeciendo en la misma universidad, negando que existieron razones histórico-políticas –por ejemplo leyes en la dictadura- que instituyeron esta “verdad” objetiva, que el docente asume como obvia y transhistórica.

Pero estos argumentos obviamente no son de exclusividad de una –cualquiera- “academia de izquierda”, y esto es lo importante a mi modo de ver, sino que son posibles de reconocer en todos los ámbitos de educación superior. Baste solo con recordar la pelea en las redes sociales a propósito de la candidatura de “izquierda” a la elección de la rectoría de la U. de Chile recién pasada.

El proceso de democratización es un proceso de apertura al legítimo reparto del poder, vía la inclusión de sectores que han sido excluidos del mismo. Éste se consigue disputando las esferas de su ejercicio, y no en el mero repetir un discurso, que no se encarna en verdaderas prácticas con un sentido de igualdad entre las personas.

La situación de exclusión actualmente objetiva de los estudiantes y de los trabajadores –en todas la universidades por cierto-, no es un hecho natural, es un producto de circunstancias históricas que en una universidad progresista debiese ser criticado hasta su eliminación. Lo que vemos – paradojalmente en lo que queda de ARCIS- es que se eterniza en la inscripción activa que los “académicos” realizan frente a que las condiciones objetivas que constatan, las que son por esa sola razón, justificación de su lógica. Así la constatación funciona como justificación de su propio prejuicio, sin cuestionar nunca aquel prejuicio ni su papel en mantener el orden social excluyente.

La separación artificial de la academia en su mecanización de intereses privados, sin tener consideración por la realidad social, permite esta disociación entre el argumento y la práctica. Pareciera que los “grandes profesores” han establecido un orden del mundo puramente simbólico –y con un simbolismo privatizador-, sin que éste sea una herramienta de cambio para la realidad efectiva.

La academia que no cuestiona su papel en la realidad social, y sus lógicas de validación en relación con las lógicas del poder solo puede tener un destino: el reproducir las formas de exclusión y dominación que intenta criticar. Es decir, lo político aparece negado, pero su poder es efectivo  subordinando a la academia para justificar al orden social desigualador.