Las elecciones del poder judicial en México

Escribo estas líneas después de haber ejercido junto a mi familia el voto para las elecciones del poder judicial. Aun sabiendo que la afluencia a la casilla que nos correspondía no sería muy numerosa, decidimos acudir temprano a la misma porque imaginamos que el ejercicio del voto sería demorado por lo complicado del marcado de boletas. En la esquina de mi calle, el vigilante me preguntó “vecino, ¿va usted a votar?”, al responderle positivamente me indica que la casilla está justo en la calle donde vivo a unos quinientos metros. Al cruzar la calle, una vecina me gritó de acera a acera “Maestro Carlos ¿va usted a votar?”, le respondí afirmativamente y me dio claras indicaciones del domicilio particular donde se había instalado el centro de votación. Me pregunté si el interés mostrado por el vigilante y mi vecina auguraba un interés generalizado por el evento histórico de por primera vez elegir al poder judicial en México.

Pero era escéptico con respecto al porcentaje que votaría de la lista nominal de casi cien millones de electores. Al final salieron 13 millones de mexicanos a votar por un nuevo poder judicial. Esto es 13% de la lista nominal de electores y el 22% de los 60 millones que votaron en las elecciones presidenciales de 2024. Tres millones de votos más que los que obtuvo el PAN y 6.4 millones más de los que obtuvo el PRI. 13 millones de mexicanos me parece un buen número si consideramos lo dificultoso del llenado de las boletas, el que es la primera vez de una elección judicial, el que fueron instaladas solamente el 50% de las urnas que se instalaron en junio de 2024 y el que no se puede comparar una elección de este tipo con las elecciones presidenciales.

Fue la elección del poder judicial una en la que resultó difícil ejercer el voto. Las anunciadas seis boletas de distinto color y múltiples opciones nos fue entregada por los ciudadanos que han aceptado la tarea cívica de ser funcionarios de casilla, los cuales ascendieron a 775,525 en todo el país distribuidos en las casi 84,000 casillas instaladas en el territorio nacional. Se distribuyeron por todo el país casi 682 millones de boletas electorales. Este domingo 1 de junio los mexicanos y mexicanas eligieron a 881 impartidores de justicia de entre 3,397 candidaturas. El Instituto Nacional Electoral (INE) decidió prohibir la distribución de “acordeones” (listas con número y nombre de lo/as candidato/as a juzgadores) no así el que los votantes los llevaran consigo para poder ejercer el voto. Algunos de los comentaristas de la oposición han criticado que no se haya prohibido que los sufragantes lleven tales listas como recordatorio. Me parece absurdo, es imposible votar de memoria por una gran cantidad de cargos para la Suprema Corte de Justicia, el Tribunal de Disciplina Judicial, Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), Salas Regionales de dicho TEPJF, magistrado/as de Circuito Judicial y jueces y juezas de Distrito Judicial, aproximadamente 29 puestos según los cálculos que he hecho. En algunas entidades del país, este número se elevó por la elección de impartidores de justicia a nivel estadual.

A través de mis amistades y conocido/as que me dieron información y de la que yo mismo conseguí, pude confeccionar una lista de candidatos y candidatas que me parecieron tenían representatividad con respecto a lo que se persiguió con la reforma judicial y lo que se persigue con estas elecciones: que el cargo de juzgadores y juzgadoras sea ejercido por personas que tienen empatía con los más vulnerables y que independientemente de su ideología tengan en la honestidad su rasgo esencial.  Dudo mucho que la gran mayoría de votantes hayan hecho una larga investigación en los currículos disponibles de los candidatos y candidatas en la página del INE. La mayoría de la/os sufragantes se dirigieron hacia personas que suponían informadas para que les indicaran por quién votar. Quienes hicieron estas consultas también tuvieron en mente a algunas candidatas o candidatos que son personas conocidas por su exposición mediática.

Esto fue particularmente cierto en lo que se refiere a las candidaturas a ministro/as de la Suprema Corte de Justicia. Pero las campañas electorales de los 3,397 candidato/as se diluyeron en la marea de información que cotidianamente recibimos. Así las cosas, familiares, amigos y amigas, colegas y conocido/as se han dirigido a mí para preguntarme por mis preferencias para los cargos a elegir. Y con gusto se las he dado e imagino que han hecho lo que mi familia y yo hicimos: acudir a la casilla con una lista de candidaturas confiables en un papel o en el celular. Esto fue lo que vi en la casilla en la cual me tocó votar: votantes (buena parte de ello/as de la tercera edad) ejerciendo cuidadosamente el sufragio con la ayuda de su lista.

Es más que probable que en este proceso electoral los grandes poderes locales hayan confeccionado “acordeones” y los hayan distribuido para influenciar el voto de la ciudadanía. Poco antes de salir de mi casa he visto un video en el que se afirma que Silvia Tanús, la ex priísta ahora secretaria de Movilidad y Transporte del gobierno en Puebla de Alejandro Armenta, tiene entre las candidaturas a juzgadore/as a su hijo, su nuera, al jefe de ésta y a su ahijada. El video también afirma que tales candidaturas están siendo apoyadas por el gobernador. Ignoro si esta información es cierta, pero de serla acaso no sería el único caso. No puede negarse que la Cuarta Transformación camina llena de integrantes y prácticas de la clase política del antiguo régimen, hecho incrementado por el transfuguismo de antiguos priístas y panistas hacia Morena y hacia los gobiernos emanados de dicho partido.

No obstante ello, no comparto la descalificación que se ha hecho de la elección del poder judicial desde la derecha y de otros sectores de la oposición. Quienes así opinan parecen olvidar la corrupción, el nepotismo, el clasismo y racismo que ha caracterizado hasta ahora al poder judicial. Es falso decir que el poder judicial que emanará de este proceso electoral que ha involucrado a millones de personas, será peor de aquel que surgía del influyentismo y las relaciones de parentesco de unos cuantos. Decir que elegir juzgadores y juzgadoras es tan absurdo como elegir mediante el voto qué médico te va tratar la enfermedad, es una falacia que ignora que las candidaturas pudieron ser posibles después de un largo proceso de selección meritocrática. Expresar que mediante este proceso electoral el narcotráfico o el gobierno van a determinar quiénes serán ministro/as, magistrado/as, jueces y juezas es ignorar el poder de los millones de personas que acudieron a las urnas.

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Afirmar que esta elección fue una elección de Estado y consolidará el camino de México hacia un régimen autoritario, es ignorar que la misma significa la incorporación del pueblo, del demos, en la designación del poder judicial, de la misma manera que se ha hecho con el poder ejecutivo y el legislativo. He aquí, contrariamente a la tesis de la deriva autoritaria en México, el gran contenido democratizador de lo que vivimos este domingo 1 de junio.

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