Lucas Palacios no entiendes nada de lo público

Con el agua al cuello se titula una columna de opinión publicada en la edición del 9 de diciembre de La Tercera. El tipo de argumentos que se plantean tienen una lógica y visión muy acotada de la realidad, mostrando una carga ideológica difícil de entender para un habitante común de cualquier territorio del norte, centro o sur de Chile, que observa como sus derechos se van restringiendo cada verano. Claro, es que el acceso al agua y saneamiento es un derecho humano fundamental para los seres humanos, pero también es la base para ejercer muchos otros derechos que están consagrados en diversos instrumentos de derecho internacional que Chile ha suscrito.

Lamentablemente, nuestra Constitución consagra el derecho a la propiedad por sobre el bien común; los intereses individuales por sobre el colectivo.

En la columna se nos devela la ideología más profunda del capitalismo, que “asume que las modificaciones no pueden atentar contra la seguridad jurídica ni la estabilidad de las inversiones”, adjudicándole el epíteto de “regla de prudencia”, pero también se nos envía una advertencia diciendo que “la relativización de la propiedad de los derechos de aprovechamiento de aguas vigentes y la eliminación de la facultad de disposición…, constituyen factores disuasivos para las inversiones de mediano y largo plazo.”. Por favor, ¡basta de política del terror!

Reordenar la gestión del agua en Chile es una necesidad y además nos da la posibilidad de mejorar el acceso, con un sistema más equitativo donde se priorice el acceso al agua a todos los seres humanos y el resguardo de un caudal ecológico. Esta es una medida mínima, que permite cumplir con los tratados internacionales que actualmente Chile mantiene vigentes solo en el papel. Además, al fortalecer la institucionalidad y monitoreo para tener un balance hídrico real, se pueden tomar las mejores decisiones en cuanto a ASEGURAR la disponibilidad de agua para una determinada actividad económica. Con el sistema actual no podemos asegurar la disponibilidad de agua en el centro y norte de Chile, debido a este modelo de gestión que ha sobre entregado derechos de agua en diversas cuencas, y tiene una forma de asignación del recurso que está colapsado, porque sencillamente no hay suficiente agua para satisfacer todos los derechos de aprovechamiento concedidos. Esto, como regla mínima de prudencia, requiere ser abordado al más breve plazo para amortiguar impactos en el contexto del Cambio Climático y manejar el riesgo e incertidumbre  de las actividades económicas.

Decir que “En Chile nos estamos acostumbrando a un Estado que quiere resolverlo todo con sus propias manos” es absurdo. El modelo de administración del agua en Chile es el más privatizado del planeta y es observado como un fenómeno, un experimento llevado a tal extremo que es mencionado como ejemplo de lo que NO se debe hacer con un bien público como el agua.

En estos días se está votando en la Cámara un proyecto para reformar el Código de Aguas, pero esta votación es irrelevante, porque no genera ninguno de los cambios vaticinados por los predicadores del capitalismo. Peor aún, viene a complicar más las cosas al establecer un régimen paralelo de concesión de derechos, sin tocar las garantías de los previamente establecidos, que son la inmensa mayoría. Este nuevo maquillaje al Código de Aguas no es lo que se requiere hoy, porque cualquier cambio que se haga está supeditada a la Constitución. Lo que se requiere es un cambio profundo, que ponga en debate la supremacía actual de la propiedad privada sobre el bien común, de otra forma es imposible evitar la crisis que viene este verano… y las que vendrán.

Con el agua al cuello se encuentran unos pocos, que han acaparado tantos derechos de agua, pero no los quieren liberar para el uso de otros habitantes de los territorios donde corren las aguas. Con el agua hasta el cogote se encuentra la mayoría de chilenos que, si no pagan la cuenta, les cortan el agua… o esos cientos de miles de personas que viven en sectores rurales, donde los camiones aljibe municipales no dan abasto repartiendo agua de dudosa calidad, agua comprada con fondos públicos a las empresas sanitarias privadas que lucran con esta situación de emergencia.

Lástima que en su paso por el sistema público el sr. Lucas Palacios no haya entendido nada sobre los bienes comunes.

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