Megapuerto, ¿para quién y para qué?

El 2010, Sebastián Piñera y Felipe Morandé -como ministro de Transporte y Telecomunicaciones- firmaron el decreto 130 que le entregó a la industria portuaria EPSA la administración del borde costero de San Antonio, privatizando la playa de Llo Lleo bajo el más cómplice de los silencios por parte de alcaldes, concejales y parlamentarios. Como suele suceder, el dinero compró prensa, dirigentes, financió campañas y prometió progreso, desarrollo y trabajo. La familia Claro y Matte, de Puerto Central y STI, aplaudieron esta apertura de nuevas oportunidades de inversión.

Este megapuerto se inscribe, además, en el contexto de las Iniciativas de Insfraestructura de Integración Regional Sudamericana (IIRSA), una plataforma de más de 600 proyectos de megainversiones en distintos puntos del continente, altamente depredadores, impulsados y financiados mayoritariamente por los Estados, generando la infraestructura para la acumulación de capital de los grupos más cercanos a los círculos de ‘poder’.

En San Antonio se configuró un inédito modelo de negocio en que una empresa del Estado (EPSA) figura en la práctica como arrendadora de los privados, sirviendo de coartada a una privatización encubierta del puerto y el borde costero. Al entregar la noticia del megapuerto, la presidenta Bachelet olvidó decir que el proyecto se construirá con dineros estatales para el lucro y la acumulación de los privados. Una vez más, el Estado al servicio del mercado.

Los problemas para San Antonio no radican únicamente en esta entrega de empresas e inversiones del Estado para los negocios de los privados, el impacto en la calidad de vida es notorio, importante y en aumento. Las condiciones de empobrecimiento de San Antonio hoy van de la mano de un deterioro medioambiental gravísimo. El paisaje sanantonino sabe de transporte de camiones de alto tonelaje, descarga de materiales peligrosos y flujo de trenes con ácido sulfúrico.

Todos queremos el crecimiento de la ciudad, todos queremos que exista trabajo, todos queremos viviendas dignas, todos queremos salud de calidad. Pero hay un momento en que tenemos la obligación de preguntarnos a qué costo. Finalmente se trata de derechos humanos, complejos, completos e irrenunciables, no son cosas por las cuales debamos mendigar, no tenemos que entregar el borde costero, nuestros caminos ni nuestras playas para saciar el apetito voraz de los dueños de Chile. Somos una ciudad que tiene un puerto y no al revés.

De las millonarias cifras económicas que arroja el puerto, ninguna se refleja en la calidad de vida de nuestras poblaciones. ¿Queremos desarrollo?, la respuesta es categóricamente si, pero no queremos que sigan sacrificando el hábitat que por largas décadas abrazó a nuestras familias. No queremos que maten nuestra calidad de vida.

Hoy despertamos nuevamente a David, Goliat vuelve a la ciudad y hay que plantarse al frente como el pueblo que somos. Se activan nuevamente las redes sociales, se apuntan movimientos y organizaciones, se convocan las primeras asambleas. Hay que levantar todas las formas de resistencia pero no solo como expresión de testimonio y de lucha, hay que levantar la propuesta de una Ley de Impuesto Territorial a todas estas industrias. Estamos hartos del saqueo legalizado por el Estado.

Militante Partido Igualdad
Participa de la Coordinadora de Defensa Territorial y es asesor del Sindicato de Pescadores Boca del Maipo