En un momento donde México demanda más derechos, más libertades y menos censura, el Congreso del Estado de Puebla ha decidido recorrer el camino inverso. Con la reciente reforma a su Código Penal para tipificar como delito el llamado “ciberacoso”, la entidad no solo cae en la tentación autoritaria, sino que se convierte en un referente negativo de cómo desde los gobiernos supuestamente progresistas se gestan políticas regresivas que debilitan la libertad de expresión.
La modificación aprobada por mayoría en el Congreso local, con el aval del gobernador Alejandro Armenta y los votos de las y los legisladores de Morena, establece lo siguiente en su nuevo artículo 480: “Comete el delito de ciberacoso quien a través de la utilización de las tecnologías de la información y la comunicación, redes sociales, correo electrónico o cualquier espacio digital insulte, injurie, ofenda, agravie o vejare a otra persona, con la insistencia necesaria para causarle un daño o menoscabo en su integridad física o emocional.”
A esa conducta se le impondrán penas de 11 meses a 3 años de prisión y multas de hasta 300 UMAS. Y si la víctima es menor de edad, las sanciones se agravan. La vaguedad y amplitud de los términos utilizados —“insulte”, “ofenda”, “agravie”— convierten a esta legislación en una peligrosa arma política: un instrumento legal para perseguir opiniones incómodas, castigar la crítica y criminalizar el disenso.
Esta reforma no es un caso aislado. Forma parte de una preocupante tendencia nacional: gobernadores, algunos emanados de Morena, partido que en sus orígenes enarboló la lucha por las libertades civiles, están optando por el camino fácil de la prohibición, la censura y la represión. No es casualidad. En los últimos meses hemos visto cómo se han prohibido o buscado prohibir espectáculos y expresiones culturales como las corridas de toros, los llamados “corridos tumbados” y cómo se ha criminalizado a sectores enteros como los motociclistas. El punto común entre todas estas decisiones no es la defensa de lo justo, sino la búsqueda de control.
La historia política de Puebla no ayuda. Ha sido semillero de cacicazgos y de simulaciones democráticas. En ese contexto, esta reforma no busca proteger a las víctimas de violencia digital —una problemática real que merece atención— sino blindar a los poderosos del escarnio, la denuncia pública y la crítica. Lo que quieren no es proteger la dignidad de los ciudadanos, sino suprimir el derecho a la irreverencia.
El supuesto “ciberacoso” en estos términos se convierte en el nuevo disfraz del viejo delito de opinión. ¿Qué será considerado una “ofensa” o un “agravio”? ¿Un tuit crítico a un funcionario? ¿Un meme burlón? ¿Una columna periodística incómoda? En manos del Ministerio Público y de los jueces, esas interpretaciones serán tan amplias como peligrosas.
La contradicción es evidente. Esta reforma es una traición a los principios más elementales del movimiento que Morena representa. Ni Claudia Sheinbaum ni el expresidente Andrés Manuel López Obrador han sido partidarios de la censura. Al contrario: ambos han sostenido que en democracia, la crítica fortalece, no debilita. López Obrador fue claro cuando afirmó que en la Cuarta Transformación está “prohibido prohibir”.
¿En qué momento los gobiernos morenistas en los estados dejaron de escuchar? La presidenta Sheinbaum ha insistido en que el diálogo, la libertad y la construcción de consensos deben guiar la vida pública. Pero desde las curules locales pareciera que los diputados y diputadas de Morena se han convertido en una versión poblanizada del viejo PRI, ahora con un nuevo color pero los mismos reflejos autoritarios.
No es exageración: la ola conservadora en varios estados mexicanos coincide, casi calca, las prácticas políticas del presidente estadounidense Donald Trump. En ambos casos se ha impulsado la censura a la prensa crítica, se ha perseguido a sectores culturales incómodos, se ha fomentado el miedo con base en prejuicios clasistas y discriminatorios, y se ha endurecido la respuesta contra la protesta social. Mientras Trump promueve redadas masivas, expulsa estudiantes extranjeros y persigue a quienes piensan distinto, los legisladores de Morena en Puebla creen que encarcelar a tuiteros los hace más justos.
¿Qué sigue? ¿Prohibir los memes? El espíritu de la libertad digital en México corre peligro. Lo que sigue podría ser aún peor: controles a los contenidos en redes sociales, monitoreo gubernamental de perfiles incómodos, listas negras de periodistas y usuarios, prohibiciones a géneros musicales, regulación ideológica del arte y la literatura. La caja de Pandora ya está abierta. El pretexto será siempre lo mismo: proteger la dignidad de las personas. Pero en realidad, lo que está en juego es el control de la narrativa pública.
La mejor manera de enfrentar el verdadero acoso digital, el que destruye vidas, el que orilla a víctimas al suicidio o al aislamiento, no es con prisión o censura, sino con educación, alfabetización digital, protocolos de atención psicológica y una justicia con perspectiva de derechos humanos. Se necesita una educación integral para el acceso a las redes sociales, guiada por los principios de libertad y responsabilidad, no por la prohibición.
En un estado como Puebla, donde el poder político suele ir de la mano con el autoritarismo, esta reforma es una amenaza directa contra la prensa. Columnistas, reporteros, caricaturistas y usuarios de redes sociales que se atreven a denunciar corrupción, excesos de poder o ineptitud administrativa, serán las primeras víctimas. Este artículo 480 se convertirá en la espada de Damocles sobre cualquier crítica.
Peor aún: los jueces y fiscales poblanos ya tienen antecedentes de servilismo político. ¿Quién puede asegurar que no se abrirán carpetas de investigación con motivaciones políticas? ¿Quién pondrá freno a los abusos si el poder judicial local es cómplice o cobarde?
Cuando la izquierda se convierte en censor, ha dejado de ser izquierda. Cuando se utiliza la ley penal para castigar el pensamiento crítico, la palabra altisonante o el desahogo digital, entonces ya no estamos frente a un gobierno progresista, sino frente a un régimen que ha extraviado sus ideales.
El obradorismo nació como una respuesta a los abusos del poder. Fue una lucha contra los excesos del presidencialismo, contra el autoritarismo de los gobiernos neoliberales. Pero si sus herederos estatales optan por criminalizar a los ciudadanos en lugar de empoderarlos, entonces han traicionado su causa.
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Lo que necesita Puebla, y el país entero, no son más leyes punitivas, sino más democracia, más educación, más justicia social y más libertad. La tecnología debe ser aliada de la ciudadanía, no su enemiga. Las redes sociales deben ser espacios de crítica, de humor, de indignación, de catarsis. Limitar esos espacios en nombre de una moral ambigua es retroceder décadas en materia de derechos humanos.
Mal, muy mal el gobernador Alejandro Armenta. Peor aún los diputados y diputadas de Morena en Puebla, que con su voto han renunciado a representar a un pueblo libre. Lo urgente no es castigar la palabra, sino entenderla, debatirla, confrontarla con más ideas. La Cuarta Transformación no puede ser el pretexto para la censura. Porque como bien lo dijo una vez el presidente que los llevó al poder: prohibido prohibir. Eso pienso yo, usted qué opina. La política es de bronce.
@onelortiz
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