Propuestas para el financiamiento estudiantil de la educación superior: un gobierno que no escucha

Guillermo Teillier

Durante la discusión de la Ley de Presupuesto 2012, particularmente en lo referido a los contenidos de la partida de educación, el país fue testigo de la resistencia injustificada por parte de los representantes del Ministerio de Educación no sólo para abordar las ansiadas demandas de modificación estructural del sistema de financiamiento universitario, sino también para convenir modificaciones parciales al sistema de financiamiento estudiantil, las que se resumían en la desvinculación del mercado y específicamente de la banca en la asignación de aranceles, en un nuevo marco regulatorio para dicho financiamiento y en un incremento sustantivo de recursos para las Universidades Públicas.

Esa voluntad parece que hoy cambia por temor al proceso de movilizaciones que se avecina, en el entendido de una demanda que tiene plena vigencia y validez desde el movimiento social por la educación. Sin embargo, los anuncios, como se podía esperar, se presentan mediáticamente como un cambio paradigmático, pero terminan validando en los hechos un modelo de educación con base en la desregulación del sistema.

Los principales planteamientos difundidos por el Gobierno relevan la salida de la banca privada del sistema de créditos y la consiguiente asignación y administración de recursos por parte de una agencia estatal, la disminución de un 2% a la tasa de interés para el crédito, el pago contingente al ingreso de un 10% y la mantención del criterio de arancel de referencia y arancel real. Mención especial constituye la negación tajante e injustificada de la gratuidad en los aranceles, sin considerar siquiera la posibilidad que este sea extensivo para los quintiles más pobres.

La primera de las medidas no puede sino ser considerada un triunfo del movimiento por la educación. Que los bancos dejen de mediar la asignación de recursos constituiría un retroceso ideológico para los exegetas de las posiciones neoliberales tan arraigadas en el gobierno de los empresarios. La presencia de este sector en la educación distorsiona la asignación de un bien que ante todo es público y que por lo mismo no debe ser tranzado como mercancía en la Bolsa de Valores.

Sin embargo, las otras medidas conllevan importantes retrocesos para la sociedad chilena y en particular para el conjunto de los estudiantes, que dificultan e impiden una valoración en positivo de los anuncios gubernamentales, pues se intenta dar continuidad a una arquitectura mercantil desprovista de una correcta regulación.

El actual Fondo Solidario que rige para los estudiantes de las universidades pertenecientes al Consejo de Rectores (40% aproximado de la matrícula en educación superior), constituye un sistema mucho más razonable desde el punto de vista del impacto en el estudiante-futuro trabajador, una vez que debe devolver el préstamo de arancel. Al respecto, subir la devolución del crédito del 5% al 10% al ingreso contingente del futuro trabajador, constituye un elevado impuesto que sumado al 20% en seguridad social que se debe tributar, al aproximado 20% de pago de vivienda, termina gravando enormemente los ingresos líquidos y se presume pudiendo repercutir incluso en la estructura de salarios del país.

Una medida poco reflexionada que, desde luego, acentúa las diferencias sociales, especialmente entre quienes deben retornar recursos al Estado y aquellos estudiantes que estando ubicados en los quintiles de mayores ingresos están libres de dicha obligación en la medida que su arancel fue pagado al contado durante la ejecución de su carrera. Evidentemente el criterio de inequidad social se seguiría profundizando.

Por otra parte, el no abordar el problema de la existencia dual de un arancel de referencia y un arancel real contribuye a mermar más los presupuestos de las Universidades Estatales, las que bajo los actuales parámetros de política pública en educación no pueden seguir solventando dichos gastos, toda vez que al asumir la cobertura de aranceles afectan funciones sensibles como investigación y extensión.

De lo anterior, dichas propuestas harían que el sistema se torne más regresivo sumado a que el proyecto en lo sustantivo no compromete recursos para el fortalecimiento del sector público de la educación superior, que es uno de los elementos cardinales del cuestionamiento del movimiento social por la educación.

Asimismo, es altamente presumible que de persistir en la fijación de aranceles de referencia y aranceles reales, ahora con cargo a las universidades, el financiamiento de la brecha, las Universidades Privadas que en su inmensa mayoría y salvo honrosas excepciones, se orientan por la búsqueda de lucro, segreguen y estratifiquen aún más el acceso a matrícula.

Por tanto, en materia de aranceles no queda más que extinguir la brecha entre aranceles reales y de referencia, pero dicha medida pensando en universidades privadas de bajos estándares también supone exige un sistema de regulación de universidades de mayor rigor tanto para las instituciones como para las carreras que estas imparten, revisando la noción de “calidad en la educación en la educación superior”.

Hay que señalar también que el Gobierno hace oídos sordos y no atiende debidamente la situación de los estudiantes que tienen créditos Corfo, con altos intereses y prolongación de dificultades para financiar su educación.

Es evidente que el Gobierno persiste en su lógica de mantener la desregulación del sistema de educación superior, con repercusiones cada vez más negativas para el sistema público, el que necesita y demanda un trato preferencial.

Por lo mismo, toda propuesta o reforma debiese abordarse desde una intervención al conjunto del sistema, con base en una urgente y efectiva reforma tributaria y una reorientación de los énfasis y gastos en las políticas públicas hacia las instituciones de educación superior pública.

Por lo demás, la gratuidad, el apoyo real a jóvenes de clase media y sectores populares, la desprivatización de la educación superior y terminar con el gran negociado de la educación a costa de miles de familias chilenas y del futuro laboral de cientos de miles de jóvenes, son elementos que siguen presentes en el país. Eso no puede dejar de decirse y explica, en parte, la continuidad de las movilizaciones estudiantiles.-

Por Guillermo Teillier Del Valle

Diputado por el Partido Comunista de Chile